Cambio Político Opinión y análisis
- Con una mayoría de 16 votos, el Poder Judicial rechazó la devolución de la lista al considerar que el Congreso no presentó justificaciones técnicas ni objetivas.
- La Sala Constitucional acumula 87 expedientes varados por inhibiciones y enfrenta el riesgo de una parálisis total en sus funciones.
San José, 16 jun 2026 (CPNews).- En un nuevo episodio de tensión institucional, la Corte Plena acordó este lunes devolver intacta a la Asamblea Legislativa la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional. La decisión, tomada por una contundente mayoría de 16 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, frena las pretensiones de la bancada oficialista de reiniciar el proceso de selección de jueces.
El conflicto se originó el pasado 10 de junio, cuando la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó una moción de orden en el plenario legislativo para rechazar el expediente remitido por el Poder Judicial y exigir la presentación de una nueva lista de aspirantes. Dicha moción avanzó con 29 votos a favor y 26 en contra de los bloques de oposición.
“Tras analizar la gestión, la Corte Plena concluyó que no existe una justificación objetiva que sustente el rechazo de la nómina remitida”, detalló el Poder Judicial a través de un comunicado de prensa. Altos jueces señalaron que el proceso de selección tomó casi nueve meses de rigurosas etapas de evaluación técnica para garantizar la idoneidad y trayectoria de las personas propuestas.
Independencia judicial bajo la lupa
Para la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, la devolución de la lista sin argumentos técnicos por parte del Congreso representa un desafío directo al equilibrio republicano.
“Cuando sucede que sin motivos nos devuelven la nómina, en realidad de lo que se está hablando es de la independencia del Poder Judicial y la importancia de la separación de poderes. El tema es más serio de lo que muchos pueden apreciar. Tiene implicaciones altísimas en la democracia”, aseveró Solano durante la deliberación.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, quien recordó que la Asamblea Legislativa posee la facultad soberana de nombrar, pero está obligada a fundamentar sus decisiones si pretende variar los procedimientos. Castillo advirtió además que un nuevo concurso dilataría el proceso hasta finales de año, agravando la crisis del tribunal.
Por su parte, el magistrado de la Sala Primera, Jorge Leiva, enfatizó que aceptar el rechazo sin fundamentación sentaría un precedente negativo y peligroso para futuras interacciones entre los poderes de la República.
Ciudadanía afectada y expedientes congelados
La falta de nombramientos ha colocado a la Sala Constitucional en una situación crítica, al no contar actualmente con un solo magistrado suplente para integrar el tribunal en caso de ausencias por enfermedad, vacaciones, jubilación o no reelección de los propietarios.
A la fecha, un total de 87 expedientes judiciales permanecen completamente detenidos debido a que existen magistrados propietarios inhibidos en esos casos concretos. Sin suplentes disponibles para asumir los expedientes, las votaciones se encuentran paralizadas.
Durante el debate de la Corte, la magistrada Iris Rojas sugirió agilizar otros concursos y planteó que las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrían canalizarse temporalmente mediante medidas cautelares en la vía contenciosa administrativa para mitigar el choque de poderes. No obstante, la magistrada Patricia Vargas declinó la propuesta, recordando que la vía contenciosa requiere el costo de servicios legales y plazos prolongados, lo cual dista de la naturaleza célere y gratuita del recurso de amparo en materia de salud.
Once rondas de votos en blanco
La parálisis en la designación responde a la estrategia de la bancada oficialista de Pueblo Soberano. Durante once rondas consecutivas de votación en el plenario de la Asamblea Legislativa, los diputados de gobierno han optado por votar en blanco, impidiendo alcanzar la mayoría de 38 votos requerida para elegir a cualquiera de los nueve suplentes.
El jefe de la fracción del PPSO, Nogui Acosta, ha justificado la medida argumentando la ausencia de un acuerdo político en la corriente legislativa. Sin embargo, exparlamentarios como José María Villalta han denunciado que el oficialismo busca presionar para el nombramiento de figuras afines o, en su defecto, mantener inoperante a un tribunal que custodia casos sensibles que involucran a altos funcionarios de la presente y la pasada administración.
Con la devolución de la lista original al Congreso, la responsabilidad de destrabar la integración de la Sala Constitucional regresa al plenario legislativo, bajo la advertencia judicial del severo impacto que el bloqueo genera en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
