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Vladimir de la Cruz
vladimirdelacruz@hotmail.com
A este argumento de los diputados, representantes de los esclavistas laborales, se sumaron algunos grupos empresariales, con la misma canción.
Con el Fallo de la Sala Constitucional, rechazando el Proyecto de Ley, por razones de forma, de procedimiento legislativo, y no de fondo, que devuelve el expediente de la Ley a la Asamblea Legislativa, para un nuevo trámite, se han alzado voces lamentando este Fallo. Entre esas voces, la más desatinada fue la del mismo inquilino de Zapote, que llegó a afirmar que la empresa INTEL, estaba valorando retirarse del país.
Fue la empresa INTEL la que salió a decir públicamente que no se estaba yendo del país. El exabrupto del Presidente pudo perjudicar la imagen internacional de INTEL al señalar esa salida del país, y pudo causarle hasta un bajonazo en sus acciones en el movimiento de bolsas mundiales, por la inseguridad que esa salida puede producir en inversionistas. Ya INTEL, por otras razones, hace pocos años, debido a una reorganización mundial interna, había hecho movimientos de personal, afectando Costa Rica, pero sin intención de dejar el país, menos por una razón laboral como la de la jornada 4-3.
Cuando una empresa extranjera viene a Costa Rica, por su propia iniciativa, es porque estudia las condiciones del país, su seguridad jurídica y política; su estabilidad política, el nivel educativo nacional, la calidad de profesionales de educación superior que hay en el país, el bilingüismo de los profesionales y trabajadores que necesitan contratar, el Estado de Derecho existente, la no injerencia corrupta del Poder Ejecutivo, como sucede en otros países, con los inversionistas, que “algo” tienen que dar a quienes ocupan ciertos puestos públicos en la toma de decisiones de esta naturaleza, porque conocen la legislación laboral con que se van a regir sus relaciones de trabajo, y saben que las jornadas de trabajo son de 48 horas semanales, en la jornada diurna, a razón de turnos de 8 horas diarias; porque conocen las leyes que regulan las zonas francas y las ventajas que les dan a las empresas extranjeras en muchos sentidos. Nada de esto ignoran los inversionistas. Ni esperan que eso se cambie porque ellos llegan. Si ese ambiente nacional no les gusta, no vienen a invertir.
Si las empresas extranjeras son atraídas por las institucionales nacionales que se encargan de promover esa atracción de inversiones, son estas instituciones las que se encargan de informar de esas condiciones internas para esas inversiones. Son estas instituciones las que “enamoran” a los inversionistas con venir a Costa Rica. Así es como sucede. No vienen aquí bajo promesa alguna o insinuación de que les van a cambiar las leyes para favorecerlas en “algo más”, porque el cambio en las leyes no es tan fácil; porque no depende de una decisión del Poder Ejecutivo, sino de una reforma legislativa que tiene su trámite y puede resultar lento.
Cuando fui Embajador en Venezuela, procuré abrir el panorama de Costa Rica ante empresarios venezolanos para que vinieran al país, a invertir, hacer negocios o a comprar productos. En una ocasión, logré traer una delegación de poco más de 50 empresarios que se reunieron con distintos grupos empresariales, y hasta con el Presidente Oscar Arias. Las reuniones, a las que asistí, fueron muy importantes para mí. De ellas, me impactó que en las cámaras empresariales, con las que los empresarios venezolanos se reunieron, siempre, los miembros de las cámaras patronales nacionales, les enfatizaron en el Estado de Derecho existente en el país y, especialmente, en el cumplimiento de las leyes laborales y sociales que se debían atender y cumplir, en relación a jornadas, salarios, jornadas extras, vacaciones y condiciones generales de trabajo.
¿Por qué mentirle a la población con la idea de que se van las empresas extranjeras, y que van a dejar desempleados, si no se aprueba la jornada 4-3? ¿Por qué engañar y presionar sicológicamente a los diputados con este argumento, si no es real? Obviamente es perversa esta campaña publicitaria en esa dirección.
La prensa del país ha venido informando en los últimos meses de empresas que han reducido su personal de trabajo, lo que nada tiene que ver con no tener la jornada 4-3.
En la aprobación del Proyecto de Ley, que la Sala Constitucional rechazó, quedó claro que la jornada 4-3, de cuatro días, sustituía la jornada semanal de 48 horas, por lo que no era necesario pagar horas extras sobre las ocho horas diarias de trabajo que establece la Constitución Política. Este ha sido el quid, la esencia clave de esta Ley, rebajar el salario aumentando la jornada de trabajo.
Entendamos también que las supuestas empresas que tienen que trabajar 24 horas de trabajo continuas, con esta modalidad de trabajo de 4 días de 12 horas, tendrán que trabajar tres días más, de los siete semanales, con otros turnos de trabajadores, también de jornadas de 12 horas diarias. ¿o no es así?; ¿acaso también las empresas descansan esos tres días, trabajadas las jornadas de trabajo 4-3?
Los promotores de esta Ley del 4-3 dicen que se va a aumentar el empleo con esta ley. Los datos no son reales. Veámoslo de manera simple. Si una empresa necesita operar en su producción 24 horas continuas, con dos turnos de trabajo de 12 horas cada uno, contrata un número de empleados determinado para cada turno. Siempre será una contratación de trabajadores menor que si tuvieran que contratar para las mismas tareas a tres turnos de trabajadores. Si tuvieran que realizar tres turnos de 8 horas cada uno tienen que aumentar necesariamente su número de empleados, para cumplir con los tres turnos. Para el empleo nacional, sin ninguna duda, lo mejor son jornadas de ocho horas para promover más empleo y salarios para trabajadores. Esa es la realidad laboral. Así se produce más empleo y más trabajadores reciben un salario.
La tendencia internacional es rebajar la jornada de trabajo semanal a 36 horas, que en este caso se pueden trabajar a 9 horas diarias en cuatro días a la semana, como están haciendo algunos países europeos. En España, con el ascenso del nuevo gobierno, que se está formando en estos días, se está proponiendo esta jornada laboral, con un sustantivo aumento de salarios. En Italia, en el movimiento huelguístico que se está dando, está de por medio en las demandas de los trabajadores la rebaja de la jornada sin perjudicar el salario. En Francia ya operan jornadas de 35 y 36 horas semanales, sin rebajar salarios.
La jornada de trabajo 4-3 está claro que no puede discutirse en la Asamblea Legislativa hasta que no se redacte totalmente la Sentencia de la Sala Constitucional, y que dicho Fallo sea recibido por la Asamblea, para su debido trámite. Eso significa que se devuelva el expediente, de este Proyecto de Ley, en su trámite hasta donde el Fallo determine y se vuela a reiniciar todo el proceso de discusión parlamentaria, que es casi empezar de nuevo.
Hay, sin embargo, iniciativas de los diputados que representan los intereses del Presidente de la República, que están considerando establecer un nuevo Proyecto de Ley de jornadas 4-3, que pueda ser más expedito y potable para su trámite y aprobación parlamentaria. De hecho, pareciera que renuncian a la posibilidad de revisar lo señalado por la Sala Constitucional y mantener abierto ese expediente. En su lugar, ven más fácil un nuevo Proyecto de Ley, corrigiendo lo que la Sala Constitucional haya recomendado, con lo cual reconocen que ese Proyecto rechazado por la Sala Constitucional no era el mejor, ni el oportuno, ni el necesario, que fue atropellado y descontextuado en su discusión.
El Presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha manifestado, claramente, que el Proyecto de la Jornada 4-3 puede convertirse, como lo señalé hace una semana en esta misma columna, en un proceso similar a la discusión del Tratado de Comercio con Estados Unidos, del 2006-2007, que se convirtió en una batalla campal costarricense, casi por dos años, entorpeciendo el accionar el gobierno de entonces; o como el combo del ICE, del año 2000, que fue similar en esas acciones de masas movilizadas. En este sentido, Rodrigo Arias ha llamado la atención, con la sensatez, prudencia y tacto, con que sabe actuar como Presidente Legislativo, que se debe buscar un acuerdo político, bien consensuado, en torno a esta discusión de la nueva jornada que se quiere imponer.
Entiende también Rodrigo Arias que el Proyecto no debe llegar al año 2025, por ser el año electoral nacional. Para él, ese acuerdo debe resolver el trámite de esta ley en el año 2024, el próximo.
Si los diputados, seguidores y defensores del Presidente de la República, esperan impulsar un Proyecto de Ley nuevo, sustitutivo del que rechazó la Sala Constitucional, para darle algún trámite preferencial, como el de dedicar todas las sesiones legislativas a esa discusión, con el llamado “trámite rápido”, tendrán que esperar los meses de mayo, junio y julio próximo, que tienen Sesiones Extraordinarias, donde el Presidente gobierna la agenda parlamentaria, con lo cual el Gobierno seguirá “sin hacer nada”.
Recordemos también, que en diciembre y enero próximo están, además del receso legislativo, de fin de año, las elecciones municipales que distraen a los diputados, por el apoyo que tienen que dar a sus candidatos municipales.
Por ahora, seguiremos esperando al Fallo totalmente redactado de la Sala Constitucional para analizarlo más cuidadosamente.
