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Enrique Gomáriz Moraga
En Costa Rica, la Contraloría General de la República emitió en ese mismo sentido un informe especial en 2019 sobre los impactos del envejecimiento, subrayando además el riesgo que tiene que la sociedad no tome conciencia a tiempo del acelerado envejecimiento que experimenta Costa Rica. La exviceministra Ana Isabel García recordaba este informe de la CGR en un artículo reciente (La Nación, 8/12/21), al exponer un análisis que ha realizado de los programas de gobierno de los partidos que, según las encuestas, tienen más probabilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales. Y la conclusión de su análisis es contundente: “En suma, aunque haya contribuciones puntuales de los distintos programas partidarios en los distintos campos estudiados, sus programas de gobierno no reflejan en general una identificación apropiada del fuerte impacto que está causando el envejecimiento poblacional en la sociedad, tampoco identifican la dimensión y características actuales de la población adulta mayor y, lo que es más lamentable, no tienen una comprensión clara de que este colectivo tiene demandas y derechos específicos, reconocidos en la Convención Interamericana que ya es parte de la legislación nacional (Ley 9394). Todo indica, pues, que los partidos llegan a las próximas elecciones sin colocar la cuestión del envejecimiento y la vejez en un lugar prioritario de la agenda pública nacional. Algo que no beneficia a un colectivo que tiene una amplia participación en los comicios electorales”.
Es difícil saber si, de aquí a las elecciones, los partidos se darán cuenta de que no incluir la cuestión del envejecimiento y vejez como un asunto prioritario de la agenda nacional, no es otra cosa que una demostración de hipocresía política. Porque es claro y seguro que harán sentidas proclamas asegurando su compromiso a favor de las personas adultas mayores, pero cuando lleguen al gobierno es probable que mantengan este tema en el bajo nivel que se ha mantenido hasta hoy. ¿Una prueba de ese bajo nivel? Se obtiene fácilmente del Ministerio de Hacienda, al comparar la dotación de personal que tienen las entidades que se ocupan de colectivos de especial interés: el PANI cuenta con 1.326 personas, INAMU con 321, CONAPDIS con 130 y CONAPAM sólo con 39.
Esta falta de dotación relevante sólo puede entenderse por varias razones. La primera, porque se piense que la población de adultos mayores es todavía reducida, lo cual significa desconocimiento alarmante, porque según INEC son ya más de seiscientas mil personas las mayores de 65 años y se duplicaran en 20 años. Pero la razón más probable es que se siga considerando que la atención de las personas adultas mayores es una responsabilidad central de las familias, donde el Estado sólo tiene que cautelar el asunto a la distancia.
De hecho, esa es la situación real hoy día. Según la encuesta que ha publicado JUPEMA, realizada por Borge y Asociados, (ENAPAM 2021), el 95% de las personas encuestadas declara que, aparte del cobro de su pensión, no reciben apoyo de ninguna institución pública. Es decir, sólo en torno al 5% recibe ese apoyo público, mientras que el resto afirma que se apoya en su familia o no tiene apoyo alguno. Resulta indudable, pues, que la atención de las personas adultas mayores recae casi totalmente en las familias. Y dentro de ellas, sobre los hombros de las mujeres.
Siempre que se muestra esta situación, surge una disyuntiva falsa, consistente en identificar apoyo público con institucionalización de los adultos mayores. Así, habría que elegir entre la opción de mantener su atención en el ámbito privado, mediante las familias, o bien aumentar el apoyo del Estado a través de instrumentos y mecanismos de institucionalización, como albergues o refugios. Nada menos cierto. No hay que elegir entre esas dos opciones inadecuadas. La solución consiste en que el Estado corrija el actual desequilibrio, aumentando sustancialmente su apoyo a las personas adultas mayores, pero mediante distintas modalidades articuladas y que respondan a las condiciones de estas personas; priorizando el apoyo a las familias que tengan adultos mayores, sobre todo en condición de pobreza. No se trata de sacar a los adultos mayores de las familias, sino de apoyar a las familias que tengan adultos mayores.
Ahora bien, cambiar de apoyar a un 5% de personas adultas mayores a un porcentaje aceptable, sobre el 30% (en condición de pobreza) y seguir aumentando la cobertura, exige dar un salto en la comprensión de la cuestión del envejecimiento y la vejez, lo que supone un incremento considerable de recursos, que sólo será posible mediante un consenso social que se traduzca en un pacto de Estado. Pero no parece posible eludir por más tiempo la verdadera alternativa: o se convierte en una cuestión de Estado o bien se mantiene como actualmente se encuentra, casi totalmente sobre los hombros de las familias, continuando así la acumulación de demandas postergadas.
