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Pizarrón
Vladimir de la Cruz
vladimirdelacruz@hotmail.com
Lo que se debería modificar es la elección nacional de presidente y diputados, para que la elección de presidente y de diputados se separen, de manera que la de presidente se realice el primer domingo de febrero como está establecido, y la de diputados se lleve a cabo el primer domingo de marzo, una vez definida la de Presidente.
Esto tendría la ventaja para que, una vez definida la elección presidencial, el electorado, tenga una mejor oportunidad para escoger los diputados, frente al resultado presidencial. Así, los electores podrían favorecer más la opción triunfalista en febrero para que el partido ganador tenga más músculo legislativo, o bien para favorecer más las opciones de control político parlamentario, eligiendo más diputados opositores al oficialismo. En esta votación habría la posibilidad de que se produzcan mejores resultados electorales a nivel parlamentario. Probablemente, se facilitaría más la elección de más diputados para el partido que haya ganado la presidencia en febrero, porque la campaña de elección de diputados, en esa dirección, se orientaría para lograr tal posibilidad, de darle más músculo parlamentario al partido de gobierno para facilitar su mayor gobernabilidad, por el papel que tiene la Asamblea Legislativa de atender, por seis meses al año, las sesiones extraordinarias legislativas, donde solo se atienden los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, los grupos opositores se orientarían, de mejor forma, a elegir fuertes fracciones parlamentarias opositoras al oficialismo.
Los partidos políticos, en este escenario, se verían obligados a proponer candidatos a diputados de mayor calidad política, o con mejor preparación académico profesional.
Si no hubiera, a nivel de la elección presidencial, en febrero, un resultado definitivo, porque ninguno de los candidatos saca el 40% de votos que se necesita, y se pasara a una segunda ronda con los dos candidatos que obtuvieren el mayor porcentual de ellos, esta elección se haría como está establecido, el primer domingo de abril.
En esta perspectiva, desde febrero, sabiendo quienes son los dos candidatos que pasan a abril, la elección de diputados de marzo adquiriría mayor atención e importancia. Los electores se orientarían a considerar a los candidatos de esos dos partidos que pasarían a la elección de abril, para valorar a cuál de ellos se le da más diputados, o se fortalecen las candidaturas de diputados que no participan de esa decisión final, porque cualquiera de esos partidos finalistas sería el partido de Gobierno, y podría interesar fortalecer la oposición política contra cualquiera de esos dos partidos finalistas en lo presidencial.
El problema de integrar un gobierno, que es el fundamento de lo que propone el diputado Feinzag, de decidir quiénes serán los ministros, no es un problema que tenga que resolverse, necesariamente, en la víspera de asumir el Poder Ejecutivo. Esto ha pasado en los últimos tres gobiernos, incluido el actual, porque eran partidos que partían de que no iban a ganar las elecciones. Sorpresivamente, para ellos mismos, quedaron de finalistas y finalmente ganaron, sin haber valorado antes de su triunfo, quiénes podrían desempeñar los cargos de ministros.
Los viejos partidos, los que formaban parte del llamado bipartidismo nacional clásico, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en sus estructuras y por su historia política y electoral, tenían en sus filas muchas personas con capacidad de asumir esos cargos ministeriales.
El actual gobierno la voló. Por su infancia electoral, no tuvo oportunidad de “gatear” políticamente. Tuvo que someterse a un proceso de aprender a caminar rápidamente, lo que llevó al presidente electo a acudir a una “tómbola” de “perfiles profesionales” para valorar y escoger quienes le acompañarían en el Consejo de Gobierno, sin tener raíces, ni nexos partidarios, ni experiencias políticas comunes, lo que se ha visto en la forma como se dirige el gobierno actual y cómo trata públicamente el presidente a sus ministros.
En la historia electoral del país, desde 1953 cuando los presidentes eran elegidos, como está establecido en la Constitución Política, el primer domingo de febrero, y asumían el gobierno el ocho de mayo, tenían el mismo plazo de tiempo, de febrero a mayo, para escoger su gabinete de ministros. Esto, que recuerde, nunca ocasionó un problema político a los partidos que ganaban elecciones presidenciales para integrar sus gobiernos.
Esto no está cambiando en la posibilidad de modificar la elección que se propone. Sigue siendo el mismo plazo, de febrero a mayo, en que cualquier partido que gane tiene que prepararse o estar previamente preparado para integrar su Gabinete ministerial.
El problema de escogencia de ministros empezó a surgir con los dos triunfos electorales del Partido Acción Ciudadana y del actual gobierno, porque partieron de la idea de que no iban a ganar y no estaban preparados para gobernar. Solamente, en el 2006 el Partido Acción Ciudadana se acercó al triunfo electoral convencido de su posible triunfo. Si en esa ocasión hubiera ganado, su candidato presidencial, Otón Solís, sí tenía claro cómo gobernar y cómo integrar un gabinete. No sucedió eso con Luis Guillermo Solís, a pesar de su experiencia política en Liberación Nacional, menos con
Carlos Alvarado, si recordamos cómo fue escogiendo sus ministros y sus viceministros, y mucho menos con el actual Presidente Rodrigo Chaves, que era como un niño sin padres políticos, era un huérfano político.
El actual Presidente era en sentido estricto, al ganar la elección, un niño expósito político, un niño político literalmente abandonado, desamparado, que aunque encontró techo y madre, en el Partido Progreso Social Democrático y con su fundadora Luz Mary Alpízar, había sido prácticamente colocado y dejado en las puertas de ese partido, donde fue acogido a modo de un hospicio político. Por esa misma razón, pareciera, el Gabinete del actual Presidente es como un Hospicio político para sus integrantes.
El Partido Progreso Social Democrático también operó, para todos los diputados electos, como un Hospicio político, donde recibieron cabida y amparo hasta su elección; pero, como “malos hijos”, si cabe esa expresión, por no haber crecido “en el amor” de una “familia política” integrada y funcional, actualmente rechazan a su “madre” política y hasta la quieren echar de su propia casa y apropiársela…Bíblicamente no solo se levantan contra su madre, sino que si pudieran la matarían… ¡políticamente también!
Lo que procede es separar las elecciones de presidente y la de diputados. Esto es lo urgente. Es lo que mejoría la democracia electoral costarricense.
