Luis Paulino Vargas Solís
El Fondo Monetario Internacional (FMI) desenfunda la pistola y dispara: “Costa Rica necesita una reforma tributaria”. A la tecnocracia de esa organización la tiene sin cuidado las delirantes peroratas sobre la tal “economía jaguar”. Con la demora usual, perciben que la cuestión fiscal no anda muy jijí que vayamos a decir, pero, desde luego, proponen lo único que son capaces de proponer: una reforma tributaria injusta y regresiva que profundizará el sesgo inequitativo del sistema tributario costarricense.
La artillería del FMI va dirigida contra grupos de ingresos medios –fundamentalmente profesionales asalariados del sector público– y grupos de ingresos bajos, incluyendo los hogares más pobres de Costa Rica.
Lo primero se desprende de las ideas de gravar el “salario escolar” e incrementar la tasa más alta dentro del escalafón del impuesto al salario.
El golpe a los hogares de bajos ingresos viene con la idea de reducir el umbral del ingreso exento del impuesto sobre la renta y, sobre todo, del batacazo que significaría ponerle el 13% de IVA a la canasta básica.
A los “ricos-ricos” no se les toca. Ni con guantes de seda ni con el pétalo de una rosa ni con una pluma de ganso. Simplemente no se les toca.
Es exactamente lo que yo temía que pudiese ocurrir y fue la razón de que yo formulase, hace año y medio, esa propuesta de reforma tributaria de la que les he hablado a ustedes en otras publicaciones, cuya finalidad, como reiteradamente he dicho, era solo una: promover que los distintos sectores comprometidos con la equidad y el Estado social debatieran sobre el tema y avanzaran en una propuesta justa y equitativa.
Por su parte ¿qué nos dice la oficialidad chavista sobre esto? Al momento que escribo esto, conozco solamente lo dicho por Nogui Acosta, jefe de la fracción legislativa chavista.
Poco más o menos dijo lo siguiente: “durante el gobierno de Laura Fernández no habrá impuestos”.
Tomo nota.
Sin embargo, y puesto que no habría impuestos, faltó que el diputado Nogui aclare qué piensan hacer.
Podrían, quizá, tomar el atajo de la negación e ignorar lo obvio: que las tendencias actuales apuntan en la dirección de un deterioro de las contabilidades del gobierno, el cual, con el paso del tiempo, podría llegar a ser grave.
Podría ser –y esto no es excluyente respecto de ese ejercicio de negación– que permitan, sin mover un dedo, que el deterioro avance, lo que, al cabo de unos años, podría llevar el déficit fiscal adonde estaba en el gobierno de Luisgui Solís. Pero con un agravante importante: la deuda pública sería mucho mayor de lo que era entonces.
Podría ser –y esto tampoco es excluyente del atajo de la negación– que, para sostener la burra, opten por profundizar los recortes.
Digamos, a título de ejemplo, que aplican mayores recortes al presupuesto para la educación y lo reducen desde el actual 5% del “producto interno bruto” (PIB) hasta, digamos, el 4%, cada vez más y más lejos del 7,4% que se alcanzó en 2017.
Digamos, por poner otros ejemplos, que los bonos de vivienda y las becas estudiantiles, que ya se redujeron alrededor de un 30% durante el gobierno de Chaves, se reducen en otro 30%.
Como también podrían optar por propiciar que la deuda con la Caja crezca “al infinito y más allá”, negarles la pensión no contributiva a miles de personas mayores pobres y que quiebre el sistema de pensiones IVM de la Caja.
¿Será por ahí donde nos llevará Laura Fernández?
