Inseguridad

¿Y usted qué opina?

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

Delincuencia siempre ha habido y siempre habrá. Es parte de la condición humana y la vida en sociedad. Hay épocas de la historia, sin embargo, en que los fenómenos delincuenciales se aceleran por factores de criminalidad transnacional, como sucede en el presente con las mafias del narcotráfico.

Hemos dedicado varios artículos a señalar que el combate a estos fenómenos de criminalidad organizada y de gravísima violencia social no son solo un problema policial y que urge dotar de ingresos suficientes a la Fuerza Pública y al OIJ. A la vez y con una visión integral, se necesitan acciones paralelas y coordinadas en el “frente judicial” y en el “frente social”.

Hemos propuestos reformas concretas al Código Procesal Penal y el Código Penal y se necesita reforzar y ampliar la Ley General de Policía, para que al más alto nivel y en el Consejo de Seguridad, con participación del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, se establezcan y evalúen políticas de Estado sobre seguridad nacional y seguridad ciudadana y así, en forma coordinada y paralela, enfrentar eficazmente esta lucha en el “frente policial”, el “frente judicial” y el “frente social”. Ese es el camino costarricense.

Estemos claros: la desigualdad social y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo para la delincuencia organizada e individual. El “frente social” es esencial en el ámbito de la educación en escuelas y colegios.

Recuerdo cuando enviábamos a los “alfa limas” (policías con formación de abogados) a colaborar con DARE y enseñar valores cívico-democráticos y sobre el peligro, para los muchachos, de tomar el doloroso camino de las drogas, como escapismo y diversión o como solución a sus problemas de marginalidad y pobreza.

Tener casa propia, salud y educación pública, trabajo remunerado y decente con plenas garantías sociales, son Derechos Humanos Fundamentales cuya vigencia y solución integral son parte prioritaria de esta agenda de seguridad.

En nuestro país, a estas alturas del siglo XXI, las adicciones no se tratan como un problema de salud pública, sino que están criminalizadas, en contra de lo declarado por la Organización Mundial de la Salud. Excepto el IAFA con grandes limitaciones presupuestarias, ni el Ministerio de Salud ni la CCSS quieren enfrentar este grave problema de salud pública que afecta a la sociedad costarricense y, especialmente, a nuestras juventudes, en todos los niveles económicos y sociales. Faltan también canchas deportivas, programas artísticos y de emprendimientos por medio del INA, salones comunales para una vida social y familiar sana en los barrios del GAM y en las provincias.

Contra la inseguridad: mano dura e inteligente en lo policial; mano justa y respeto al debido proceso en lo judicial; mano amplia y solidaria en las causas sociales y en el cumplimiento de los Derechos Humanos Fundamentales. De otra forma, no se logrará bajar los índices de delincuencia y violencia criminal.

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