El recorte a las partidas de las Municipalidades y Asociaciones

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto

El Gobierno de la República en el Presupuesto extraordinario que envía a la Asamblea Legislativa impone una serie de recortes de las partidas por transferencias que las leyes determinan tienen un destino específico y que deben girar a las Municipalidades, Asociaciones de Desarrollo Comunal y también a las Juntas de Educación entre otros rebajos institucionales. Estos recortes se realizan en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia del Covid-19 que está golpeando diferentes rubros de las instituciones; pero consideramos que esos ajustes presupuestarios pueden hacerse en otros ámbitos y no golpeando a las organizaciones cantonales y comunales; porque van a detrimento del bienestar de los ciudadanos y genera un gran perjuicio a la reactivación social y económica.

Las organizaciones que aglutinan a las Municipalidades como la UNGL, ANAI y Federaciones Regionales, así como a las Asociaciones Comunales han levantado la voz y se han manifestado rechazando rotundamente este recorte presupuestario. Asimismo han encontrado “eco” en varias Fracciones de los partidos políticos representados en el Congreso de la República. La preocupación es que se daría una gran disminución de recursos para atender la red vial cantonal correspondiente a c.29.600 millones siendo que los cantones deben atender más del 82% de las carreteras del país. Este rebajo se indica que representa un 70% conforme a la Ley N° 8114, afectando de manera directa la operatividad de la Unidad Técnica de Gestión Vial de cada cantón; y que representa una afectación directa al mantenimiento de las carreteras locales.

Por otra parte, se está enviando el recorte que por Ley N° 3859 Sobre Desarrollo de la Comunidad, le corresponde girar el 2% producto del Impuesto de Renta al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CONADECO) y que a su vez le giran partidas a las más de 3 mil Asociaciones de Desarrollo Comunal en todos los cantones en el país y que solamente le estarían entregando el 30% del total, al igual que a las Municipalidades sería una disminución del 70% de lo que por ley les corresponden girar. Todavía lo más grave es que para este año 2020 finalmente solamente se estarían girando el 15% del total del 30%; lo que se daría una mayor afectación al funcionamiento de las Asociaciones y que no podrán invertir en obras comunales; siendo que las organizaciones han estado colaborando con las Municipalidades en la atención de la emergencia generada por la crisis sanitaria; y se han convertido en un brazo auxiliar de la mayor importancia.

Al igual el rebajo a las Juntas Administrativas de Educación de las escuelas y colegios representaría la cantidad de c. 8.121 millones y que no podrían atenderse la mejora, construcción y equipamiento de la infraestructura educativa. Así otras instituciones sociales, se verían muy afectadas. No obstante, lo fundamental ahora es en la discusión en la Asamblea Legislativa, instamos a los diputados que revisen y tomen conciencia que dichos rebajos representan una afectación directa a las comunidades y sus ciudadanos; que van en detrimento de la calidad de vida, la reactivación económica tan necesaria en estos momentos y el bienestar en general en los cantones etc.

Es fundamental reafirmar que la Administración local es parte de la Administración descentralizada y tiene sus propias competencias y gozan tanto las Municipalidades como las Asociaciones de Desarrollo Comunal de sus personerías jurídicas y que tienen muy claras las disposiciones y acciones en el ámbito del territorio que les corresponde. Debe respetarse que las Leyes de la República disponen la asignación de las partidas con destino específico vía transferencias; no es justo ni legal que se les cercene recortando en el Presupuesto Extraordinario. Estas organizaciones locales no deben ser parte de las políticas generales del Gobierno Central en cuanto a reducir partidas, gastos e inversiones; que perfectamente pueden echar mano de otros rubros presupuestarios, pero no afectando a los Gobiernos Locales que son un Régimen que ampara la Constitución Política de la República.

Las Municipalidades son el autogobierno de los ciudadanos; y trabajan en conjunto en muchos aspectos con las Asociaciones Comunales en cada uno de los distritos; siempre cumpliendo los principios legales y bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República que le corresponde aprobar o improbar todo lo concerniente a la Hacienda Pública Municipal con base en los presupuestos ordinarios, extraordinarios y las modificaciones que las Municipalidades tienen el deber de enviar para su aval; y así los fondos públicos que reciben vía transferencias también deben ser invertidos en lo que especifican las leyes correspondientes.

Por lo anterior este tipo de recortes presupuestarios a los entes y organizaciones locales van en detrimento de la “autonomía local” y significa un claro retroceso al sistema de descentralización estatal; que ha venido consolidándose con trascendencia jurídico-positiva tanto en la Constitución Política, como en las diferentes leyes aprobadas en los últimos 20 años. Espero que la Asamblea Legislativa rectifique y garantice la institucionalidad tanto de las Municipalidades y de las Asociaciones de Desarrollo Comunal; y que puedan seguir actuando de manera potencial en favor del interés público y el bienestar de la ciudadanía.

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