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Ágora*
Guido Mora Mora
guidomoracr@gmail.com
La situación fiscal que vive el Estado costarricense es grave, muy grave.
Hay absoluta convicción de que la atención de la crisis fiscal y las medidas socio-económicas para atenuarla, deben alcanzar a todos los actores económicos y su aplicación generalizada un requisito indispensable, para poder evitar el descalabro que se generaría si no se atiende inmediatamente.
El Poder Ejecutivo, por medio de la Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, ha expresado la voluntad de luchar abiertamente no sólo contra el gasto público, sino que han emitido directrices orientadas a combatir la evasión, la elusión y las malas prácticas de quienes burlan el pago de los tributos. Tanto en su comparecencia en la Asamblea Legislativa, en que enumeró las medidas para atenuar el gasto público, como en la presentación de las acciones para atacar el problema fiscal, doña Rocío ha sido contundente en las acciones que el Poder Ejecutivo está dispuesto a emprender.
Las señales son claras para profesionales liberales y empresarios, que con la emisión de la factura electrónica, deben de reportar los montos reales en el cobro de sus honorarios y en la venta de sus productos.
Igualmente específicas, han sigo las emitidas para los miembros de los gremios y sindicatos del sector público: la denuncia que realizó el día de ayer doña Marcia Gonzalez, Ministra de Justicia y Paz, de la Convención Colectiva del Registro Nacional, constituye una manifestación clara de la voluntad del Presidente, de atacar por todos los ángulos, el problema fiscal que enfrentan las finanzas del Estado.
Considero que el Presidente Alvarado ha actuado responsablemente, a sabiendas de que no se puede continuar evadiendo la responsabilidad de enfrentar el problema fiscal. Al fin y al cabo, las obras y acciones que pueda realizar en su administración, están directamente vinculadas con la atención inteligente de la situación fiscal.
Desde la perspectiva sindical, algunos de los líderes han perdido la legitimidad de los argumentos con que se oponen a la propuesta fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo, pues los reclamos que han interpuesto, han sido atendidos en buena medida, por el Presidente Alvarado.
Por otra parte, no existe conciencia del impacto negativo y de los alcances que tiene prolongar la atención de la crisis, que perjudicaría a los costarricenses en general, pero por sobre todo a los que menos tienen.
El incremento de las tasas de interés, la pérdida de liquidez del Gobierno Central o la posibilidad de que se dispare el tipo de cambio, son sólo algunas de las consecuencias negativas que podría enfrentar Costa Rica, si no se aplican con celeridad las medidas correctivas adecuadas.
Conocemos la responsabilidad histórica de quienes han generado y acrecentado el déficit fiscal, políticos irresponsables que han dilapidado los recursos públicos, sin importar el futuro de la economía nacional.
Pero también, considero imprescindible sentar la responsabilidad del papel jugado por el sindicalismo del sector público, más preocupado por defender sus prebendas, que por procurar la salud de las finanzas públicas y evitar los terribles efectos negativos que enfrentarían las mayorías que dicen defender.
El problema no se queda sólo allí.
Es indispensable señalar el papel de los señores diputados en la Asamblea Legislativa y de los Magistrados del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes dicen apoyar y aprobar la legislación que afecta a todos los miembros de las demás instancias del sector público, pero no tienen las agallas ni muestran su compromiso, eliminando los pulses salariales de los empleados de las instituciones que representan.
Según una publicación del Diario La Nación, del pasado 22 de junio, “el Congreso repartirá un total de ¢11.700 millones entre sus 985 funcionarios, lo que equivale a un promedio de ¢915.000 mensuales por cada uno”.
En lo que a la Corte Suprema de Justicia corresponde, el mismo diario, en publicación del pasado 25 de junio indica, que “la Corte no tocó los ¢155.000 millones que gasta en sus beneficios salariales, los cuales se comen una tercera parte de su presupuesto anual (de casi ¢475.000 millones)”.
Aunque no queramos reconocerlo, si no hay un concurso de todos para reducir el déficit fiscal, difícilmente lograremos salir de la gravedad de la situación actual. De esto deben ser conscientes los sindicalistas, los Diputados y los Magistrados porque mal hacen con pedir a los demás que se “soquen la faja” si ellos no dan ejemplo de austeridad.
El sacrificio debe ser de todos, de lo contrario, representantes de algunos sectores se resistirán a someterse a las directrices de racionalización de gasto público.
Mal hacen los jerarcas, eludiendo la responsabilidad histórica de aplicar, a los sectores laborales de su entorno inmediato, las medidas de austeridad necesarias, para salir de la preocupante situación que enfrentamos como sociedad.
Prediquen con el ejemplo, que de sermones y discursos, ya estamos cansados.
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Cargando...* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.
