Serie documentos históricos (Especial para Cambio Político)
Lic. Daniel Oduber Quirós
XII
QUIEN DEBÍA APLICAR LAS PROPUESTAS DEL F.M.I.
Las medidas inmediatas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugería en el “documento secreto” y que no debían “posponerse para mucho más tiempo después de medio año”, de 1978, por supuesto, pueden resumirse de la siguiente manera: a) disminuir la demanda agregada tanto del sector público como del privado; b) hacer una revaluación inmediata de los programas del Gobierno central y de las instituciones autónomas, así como seguir una política mucho más conservadora en las transferencias del Poder Ejecutivo a las entidades descentralizadas, con el objeto de disminuir los gastos del sector público; c) aumentar los impuestos de consumo y de ventas, procurar una mejor administración tributaria, y revisar el sistema de exoneraciones; d) restringir el crédito a los sectores públicos y privados, forzando además, al sector privado a autofinanciarse y a incurrir en más obligaciones externas, imponiéndole a la iniciativa particular criterios más rígidos a los préstamos que soliciten en los bancos comerciales; e) modificar la política en la fijación de las tasas de interés y, f) eliminar gradualmente los bonos fiscales compacto a la vista del Gobierno.
Además de estas medidas, el Fondo recomendaba la total revisión de la política de gastos e ingresos del sector público dentro de un programa financiero de “stand by”. El Fondo Monetario, entre sus múltiples funciones, vende también “stand bys” con el propósito de tener un mayor control sobre las economías de los países en desarrollo, y así procurar mayores ingresos para la institución, pues al fin de cuentas también es una entidad prestamista.
Las medidas recomendadas por el Fondo, como se puede apreciar, no eran novedosas; pero no se podían poner en vigencia en el período comprendido entre finales de marzo de 1978 y el 8 de mayo de ese mismo año, por razones obvias: Así, por ejemplo, no se podía hacer la revaluación inmediata de los gastos del sector público, si un nuevo gobierno estaba muy próximo a instalarse; lo lógico era dejar a la nueva administración para que, de acuerdo con sus programas de campaña política que considerará más apropiadas. De la misma manera, a escasos 38 días para finalizar mi período constitucional no iba a decretar o a proponer nuevos impuestos, por la simple recomendación que nos hacía el Fondo en su “documento secreto de Estado” que distinguieron con ese nombre los diputados oficialistas; en ese caso tendría que ser también la nueva administración la que fijara las pautas a seguir en materia tributaria.
Lo anterior no quiere decir, ni debe interpretarse, que mi Gobierno se había cruzado de brazos al respecto. Como comenté en otro de mis artículos, contábamos en ese entonces con un plan económico para 1978 y otro para el período 1978 – 1982 que se hubiese comenzado a ejecutar oportunamente para contrarrestar los efectos negativos que sobre la economía nacional tendría la baja en los precios internacionales del café y otros factores similares. Además, en materia tributaria, mi administración había solicitado desde 1976 los servicios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para que conjuntamente hiciéramos una evaluación integral del sistema tributario costarricense y a la luz de ese estudio preparásemos un reordenamiento de la estructura tributaria.
A principios de 1978 la CEPAL terminó el estudio y en el mes de abril, en ceremonia pública celebrada en la Casa Presidencial personalmente entregué un ejemplar de ese estudio al Ministro de Hacienda designado, haciéndole ver que se trataba de un gran esfuerzo realizado por técnicos nacionales e internacionales, que podría servir de base para buscar un replanteamiento del sistema tributario de nuestro país. Desconozco la suerte que corrió dicho trabajo. A juzgar por los acontecimientos y por los paquetes tributarios de carácter exclusivamente fiscal que peor suerte no les podría ocurrir en la Asamblea Legislativa, es de suponer que fue archivado.
De la misma manera, no podría mi Gobierno en abril de 1978 adoptar medidas restrictivas en la política crediticia como lo recomendaba el Fondo Monetario, reformando el programa monetario que se había preparado en diciembre de 1977 y que llevaba una vigencia de tres meses, si a los pocos días después se iba a cambiar totalmente la junta directiva del Banco Central y ésta, como era lógico suponer, daría su propio rumbo a la política monetaria y crediticia.
Queda así demostrado, con ejemplos prácticos y claros, que no era mi administración la llamada a adoptar en un período de 38 días todas las medidas de política recomendadas por el Fondo en marzo de 1978. Por el contrario, le correspondía más bien al señor Carazo y a su novel equipo de profetas, alquimistas y mandarines económicos aplicarlas, si es que cabían dentro del contexto de su programa de gobierno. Hay que recordar que ellos conocían perfectamente el “documento secreto” del Fondo, simultáneamente o antes que nosotros, y que incluso aparentemente hasta lo influenciaron a sus propios intereses con la complacencia de algunos funcionarios internacionales.
La opinión pública debe recordar otra vez que en febrero de 1978, una vez que el señor Carazo había sido declarado Presidente electo, puse a su entera disposición a toda la administración pública y giré instrucciones para poner en conocimiento de los funcionarios designados en estado de avance de los programas y políticas en sus respectivas dependencias. Así, en marzo de 1978, el Presidente electo aceptó mi propuesta y el Lic. Guillermo González Truque designado Presidente Ejecutivo, se instaló en el Banco Central y todos los días se dedicó a estudiar la situación de la economía nacional, entrevistó a los técnicos del Banco Central adictos a su partido político, y solicitó varios estudios, uno de ellos referente a la devaluación. Así mismo como todos ahora recordaremos y sabemos, el Licenciado González Truque tenía en sus manos el informe del Fondo Monetario Internacional desde ese mismo mes de marzo.
Como se puede apreciar, este gran despliegue de funcionarios designados y de la permanente permanencia del Lic. González Truque en las oficinas y en los pasillos del Banco Central, hacía suponer que a partir del 8 de mayo de 1978 el gobierno del señor Carazo pondría en ejecución su plan de gobierno, adoptando las medidas económicas necesarias para conducir al país por un sendero de tranquilidad y paz económica y social. Al Lic. González Truque le pasó lo del estudiante ya mayor de edad que volvió a entrar al Colegio. Si ese estudiante, al presentar un examen por escrito, le habían dado de antemano las posibles preguntas y las correspondientes respuestas con el objeto de que aprobara el examen y no se traumatizara para el resto de su vida. Pero a la hora en que estuvo enfrente del examen, a la hora de las realidades, se le olvidó la lección, se le olvidaron las preguntas y las respuestas, y hasta se le olvidó que llevaba bajo el brazo el conjunto de “forros” que había preparado prudentemente en su casa.
No es necesario insistir en este momento que fue lo que sucedió. El pueblo costarricense conoce la realidad. El productor nacional ya sabe lo que pasó. El señor Carazo y su equipo de profetas y mandarines se dedicaron a una feroz cacería de liberacionistas, y a semejanza de lo que sucede después de una revolución o de un golpe de Estado, se dieron a la tarea de borrar del mapa todo lo que fuera hechura del Partido Liberación Nacional, para instaurar así la “era Carazo”. En esta cacería de brujas perdieron un valioso tiempo, dejaron el gobierno al garete y demostraron, posteriormente, que no estaban ni están preparados para gobernar, y para desventura de Costa Rica, la “era Carazo” ha sumido al país en la peor crisis económica y social de su historia.
En efecto, la falta de medidas claras, oportunas e inteligentes a partir del 8 de mayo de 1978, dio como resultado que la situación económica en 1978 y 1979, agravada aún más en 1980, fuera más tenebrosa que la vaticinada por el Fondo Monetario Internacional en el “documento secreto” que asustó a varios diputados oficialistas. Sí, debemos recordar que el producto interno bruto en términos reales creció a una tasa del 5,5 por ciento en 1976 del 8,3 por ciento en 1977. Por el contrario, a partir de 1978 empieza a decaer sensiblemente, pasando a 5,8 por ciento en 1978,a 4,3 por ciento en 1979 y el Gobierno y el Banco Central han fijado un crecimiento de un solo un 1 por ciento para 1980.
Ante estas cifras no queda más que recordar que el propio Fondo Monetario Internacional previa en el “documento secreto”, descubierto por Carazo, un crecimiento del 6 por ciento para 1978 y 1979, si no se tomaban medidas inmediatas hacia mediados de 1978. En otras palabras, esto quiere decir que en el peor de los casos, el gobierno de Carazo con sólo no hacer nada, la producción del país hubiera tenido estabilidad en su crecimiento, gracias al dinamismo que habíamos inyectado en los anteriores. Pero, desgraciadamente, hicieron algo.
I. LLEGÓ EL MOMENTO DE RECTIFICAR
II. LA PRODUCCIÓN DISMINUYE POR LA POLÍTICA ECONOMICA
III. JUSTIFICACIÓN CARACISTA DE LA INFLACIÓN
IV. LA INFLACIÓN NO ES IMPORTADA
V. GÉNESIS DE LOS ERRORES FISCALES
VI. PRINCIPALES ERRORES FISCALES
VII. LA SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
VIII. FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FISCAL
IX. LOS ECONOMISTAS LIBERALES Y LA POLÍTICA CREDITICIA
X. ATAQUES A LA NACIONALIZACIÓN BANCARIA
XI. EL “DOCUMENTO SECRETO” DEL F.M.I.
XII. QUIEN DEBÍA APLICAR LAS PROPUESTAS DEL F.M.I.
XIII. EL FRACASO DEL CONVENIO CON EL F.M.I.
XIV. EL DETERIORO DE LA BALANZA DE PAGOS
XV. EPÍLOGO