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Hagar Shesaf
El golpe de Estado judicial de Israel ha avanzado lentamente durante más de ocho meses, enfrentándose a una fuerte oposición pública que ha frenado el impulso de la coalición. Sin embargo, desde que se formó el gobierno a finales de diciembre pasado, se ha producido un cambio importante más silencioso pero importante al este de la Línea Verde, la línea del armisticio de 1949.
Los dos están relacionados: expertos legales y activistas de derechos humanos dicen que los cambios radicales en Israel tienen como objetivo facilitar y acelerar los acontecimientos que se están produciendo en Cisjordania. A todos los efectos, esto equivale a una anexión en todos los aspectos, sin una declaración oficial.
El cambio de política de Israel ya es claramente visible sobre el terreno: desde principios de año se ha concedido un número récord de permisos de construcción en los asentamientos, las fuerzas del orden parecen casi completamente paralizadas ante las construcciones judías ilegales y los actos de violencia contra las y los palestinos se han multiplicado.
La medida más radical adoptada por el gobierno en los territorios [palestinos] puede parecer técnica para quienes no están familiarizados con el control israelí de Cisjordania. La administración civil, un organismo militar en todos los aspectos, fue confiada al ministro de extrema derecha Bezalel Smotrich, en su calidad de ministro de Defensa.
La distinción entre el control israelí de Cisjordania como ocupación y no como anexión surge del hecho de que allí no se aplica la ley israelí y la autoridad soberana en los territorios es el comandante del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel. El organismo responsable de implementar la política gubernamental en Cisjordania es la administración civil, sobre la cual Smotrich exigió y obtuvo control, arrebatando así parte de ese control al ejército.
Esta decisión, consolidada durante las negociaciones de coalición, fue inmediatamente criticada como uno de los primeros signos de una anexión inminente. Aproximadamente un mes después de que se estableciera el gobierno, el ministro Smotrich y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, firmaron un acuerdo para dividir la autoridad sobre varios asuntos con importantes implicaciones políticas.
Estos incluyen la construcción, el reconocimiento de puestos avanzados, la energía, el agua, el transporte y la arqueología, que son colocados bajo el control del Ministro de Finanzas Smotrich, que reside en la colonia de Kedumim. Irónicamente, el acuerdo comienza con una declaración de que «nada en este documento cambiará el estatus legal de la región de Judea y Samaria».
Posteriormente, Smotrich creó un organismo llamado Administración de Asentamientos, poniendo a su cabeza a su estrecho colaborador Yehuda Eliahu, el mismo individuo con el que creó la ONG Regavim, conocida por sus esfuerzos por destruir edificios palestinos. Hoy en día, un edificio judío ilegal sólo puede ser eliminado con la aprobación de la Administración de las Colonias y de Eliahu. Smotrich también anunció la creación de un puesto de jefe adjunto de la administración civil, que será efectivamente responsable de todos los asuntos confiados al Ministro. Actualmente está en marcha el reclutamiento para el puesto, que reducirá significativamente la autoridad del general de brigada Fares Atila, jefe de la administración civil.
“ Smotrich está estableciendo todo un sistema subordinado a él ”, dice el abogado Michael Sfard. “Este dispositivo es paralelo al aparato militar. Se trata de una anexión en todos los sentidos, sin la ceremonia de cortar la cinta, como hizo Putin en Crimea. Se trata de una anexión completa y total realizada por pequeños medios burocráticos”.
La transferencia parcial del control israelí de Cisjordania a manos civiles también se refleja en la solicitud de Smotrich de transferir la responsabilidad del asesoramiento jurídico de la administración civil, conocida como la Oficina del Fiscal General de Judea y Samaria, del ejército israelí al Ministerio de Defensa. Los expertos jurídicos consideran que esta es una de las medidas más importantes del proyecto. Se sabe que la oficina funciona de acuerdo con el derecho internacional, que establece las normas para los países ocupantes y proporciona protecciones a la población ocupada. Sigue los principios del derecho internacional y está, al menos formalmente, separado del nivel político. Los colonos consideran que sus consejos son demasiado restrictivos.
Ronit Levine-Schnur, abogada de la Universidad de Reichman, explica: “En el contexto en el que el gobierno tiene la impresión de que es el único que toma decisiones, intenta reducir no solo sus limitaciones internas, sino también las limitaciones del derecho internacional. En los territorios, esto es de gran importancia porque las limitaciones reconocidas por Israel, al menos en cierta medida, se derivan del derecho internacional. Hoy se pone en pie un gobierno que declarra que esto no tiene importancia y que no reconoce las protecciones que el derecho internacional otorga a los habitantes de un territorio ocupado ”.
Ella también cree que el proceso en curso es una anexión de facto. “La idea de que hay que plantar una bandera y hacer sonar una trompeta para declarar su soberanía es errónea”, dice. “Este no es el criterio de la anexión. Estas ceremonias están explícitamente prohibidas por el derecho internacional, por lo que el Estado no tiene ninguna razón para dar a conocer ninguna acción que pueda considerarse contraria a la ley”.
Los hechos sobre el terreno
Los cambios estructurales del régimen israelí en Cisjordania van acompañados de una evolución sobre el terreno, con los cambios más importantes bajo la autoridad de Smotrich. Actualmente, tiene la responsabilidad de conceder los permisos de construcción de viviendas en Cisjordania y de convocar a la comisión que los hace ejecutar. En el marco de los acuerdos de coalición, el gobierno decidió simplificar el procedimiento de construcción en las colonias, eliminando la necesidad de aprobación a nivel político y permitiendo que los proyectos pasen automáticamente por el proceso de aprobación de la planificación. Los cambios y las motivaciones subyacentes son palpables.
Según los datos recogidos por la ONG Peace Now, en el primer semestre de 2023, el gobierno permitió la construcción de 12.855 unidades de vivienda, un número récord en comparación con años anteriores. Peace Now estima que este es el mayor número de unidades de vivienda realizadas desde que comenzaron a seguir su desarrollo en Cisjordania.
Al mismo tiempo, la administración de Smotrich casi ha dejado de demoler las construcciones ilegales erigidas por las y los colonos judíos. Hace unos dos meses, Haaretz informó que en 2022, el ritmo de demolición de las estructuras ilegales erigidas por los colonos era de un promedio de 25 por mes. Sin embargo, entre el cambio de gobierno en enero y mayo del mismo año, solo hubo una media de dos operaciones de desmantelamiento.
Bajo el gobierno actual, se reconocieron de facto dos puestos de avanzada ilegales particularmente famosos. El primero es Homesh, cuya demolición se evitó gracias a la revocación de la Ley de Desvinculación del Norte de Samaria. Posteriormente, Gallant ordenó al ejército que aprobara el traslado de Homesh a otro lugar, sin ninguna autoridad legal para hacerlo. En el otro puesto de avanzada, Eviatar, construido hace unos dos años, los residentes se mudaron como parte de un acuerdo con el gobierno de Naftali Bennet y Yair Lapid, que se comprometió a considerar la posibilidad de hacerlo legal – y sus habitantes se reubicaron en el sitio el pasado mes de junio, también ilegalmente, y no han sido expulsados desde entonces.
Desde el establecimiento de este puesto de avanzada, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, jefe de la policía, pidió a los colonos que “se dirigieran rápidamente a las colinas”, y de hecho se apresuraron a hacerlo. En los días siguientes, se establecieron siete nuevos puestos avanzados ilegales. El establishment de la defensa y el nivel político lo sabían. Sin embargo, bajo la presión de Smotrich, durante más de una semana la administración civil no recibió permiso para evacuarlos. Además de la falta de aplicación de la ley, el gobierno ha decidido aprobar 10 puestos avanzados ilegales existentes y transferir importantes sumas de dinero a las colonias, incluidos 150 millones de shekels para promover el turismo y la arqueología en Cisjordania, incluido el desarrollo del sitio arqueológico de Tel Sebastia, junto a Homesh.
El año pasado también se produjo un fuerte aumento en el número de incidentes de violencia de colonos contra los palestinos. Según las cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, en la primera mitad de 2023 se registraron 591 incidentes de violencia de colonos o daños de colonos en propiedades palestinas, a un ritmo de 98 incidentes de este tipo al mes. En 2022, la tasa anual fue de 81 incidentes al mes, según los registros de la organización.
La erosión de los mecanismos de aplicación de la ley también es evidente en esta región. En junio, después de que los colonos incendiaran propiedades palestinas en el pueblo de Umm Safa, el comandante de la brigada Binyamin del ejército israelí, el general de división Eliav Elbaz, ordenó la creación de un puesto de control temporal en la entrada de la vecina colonia de Ateret, para inspeccionar los vehículos e intentar localizar a los autores del atentado. Smotrich calificó esta medida de “castigo colectivo” y luego, al igual que Ben-Gvir, condenó el recurso a la detención sin juicio de colonos involucrados en la violencia contra las aldeas palestinas de Umm Safa, Luban Al-Sharqiyya y Turmus Ayya.
Después del asesinato de Qusai Ma’atan en la aldea de Burka, en el que uno de los sospechosos era Elisha Yarad, ex portavoz de Otzma Yehudit MK Limor Son-Har Melech, Ben Gvir dijo que se debería otorgar una “medalla al mérito” a los colonos. Por encima de todo, Smotrich pidió la erradicación oficial del pueblo de Hawara, en respuesta a los disturbios de los colonos tras el asesinato de dos hermanos en el pueblo.
El golpe de Estado judicial, liderado por el Likud, goza de un amplio apoyo entre las y los colonos. Es defendido por políticos que se han comprometido públicamente a fortalecer el dominio de Israel sobre Cisjordania. En julio se celebró una manifestación a favor de esta reforma, en la que participaron partidarios del Partido Sionista Religioso, en particular colonos. Una de las organizaciones que fomentó esta reunión fue el movimiento Regavim, creado por Smotrich.
A principios de este año, la organización publicó un comunicado titulado “Injusticias del Tribunal Superior de Justicia”, enumerando las decisiones que, según Regavim, justifican la disminución del poder judicial. Muchas de estas decisiones se refieren a acciones llevadas a cabo en Cisjordania, incluida la prohibición del “procedimiento de alerta precoz”, que consiste en utilizar a los vecinos como escudos humanos al arrestar a personas buscadas, la revocación de las notificaciones de demolición de las casas de las familias de terroristas y la evacuación de puestos de avanzada ubicados en tierras propiedad de particulares. Más en particular, abordó la ley de expropiación, que el Tribunal Superior de Justicia anuló en 2020.
Esta ley tenía como objetivo permitir al Estado apropiarse de tierras palestinas privadas para implantar puestos avanzados ilegales. Como resultado de esta decisión, el jefe del departamento jurídico del Kohelet Forum, el abogado Aharon Garber, escribió en un editorial en Ynet que “la decisión ilustra bien la crisis constitucional en la que está enredado el Estado de Israel. La penetración de la justicia en las decisiones políticas y los valores sigue agravándose. Según él, es imposible seguir afirmando que el Tribunal actúa de manera objetiva y no es político”.
En un documento de orientación publicado en febrero, el Foro de Profesores de Derecho de Israel por la Democracia expuso los casos en los que el Tribunal Superior de Justicia se pronunció a favor de los asentamientos. En particular, aceptó la posición del Estado de que la prohibición de trasladar poblaciones a un territorio ocupado, establecida en los Convenios de Ginebra, no vincula al Tribunal. El Tribunal también autorizó el establecimiento de colonias en tierras que habían sido incautadas con fines militares, siempre que se demuestre que las colonias cumplen una función de seguridad. Aprobó la construcción del muro de separación y autorizó la expulsión de palestinos al Líbano.
La voluntad de debilitar el poder del Tribunal Superior de Justicia, explica el abogado Sfard, no proviene del hecho de que sea un obstáculo para los asentamientos, sino más bien del hecho de que ni las medidas que aprueba satisfacen los deseos de los colonos. “Las dos revisiones están relacionadas”, explica el Sr. Sfard, “ya que algunas de las medidas previstas y deseadas por el Sr. Smotrich serían restringidas o anuladas por el Tribunal Superior de Justicia”.
“El rechazo de la ley de expropiación, agrega Sfard, “no impidió las expropiaciones, sino que las colocó en un plano diferente, que el Tribunal autorizaría. No hay mayor mentira en la política israelí que afirmar que el Tribunal Superior de Justicia es de izquierda o que defiende los derechos de los palestinos. En realidad, apoya a los asentamientos, y los límites que ha establecido son muy pocos y muy alejados entre sí”.
Aunque la anulación de la solicitud de motivación no tiene un impacto directo en los territorios, donde todas las acciones del gobierno se llevan a cabo bajo la autoridad del ejército, la enmienda a la ley que fue aprobada por la Knesset tendrá consecuencias en la vida de los palestinos.
En una petición dirigida al Tribunal contra la enmienda, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel citó ejemplos de decisiones relativas a los habitantes de Cisjordania y la banda de Gaza tomada por ministros del gobierno. Estas decisiones conciernen en particular a la entrada de los palestinos en Israel para tratamientos médicos, la ceremonia conmemorativa alternativa para las familias en duelo, la devolución de los cadáveres y los derechos de los trabajadores en Israel.
Este gobierno sin límites ataca sobre todo a los más débiles», concluye Levine-Schnur, “y en los territorios, gran parte de la población no tiene poder político y, por lo tanto, es la más vulnerable. No es de extrañar que los medios de comunicación informen de un aumento significativo de los incidentes violentos y de una falta de control”.
Fuente: Haaretz
Traducción del francés: Faustino Eguberri para viento sur
