Costa Rica: Desmontaje y destrucción del Estado Social de Derecho

José René Tamariz

De forma solapada y descarada, algunas y otras veces, los neoliberales, ya sean del poder Ejecutivo y Legislativo y sus diversas pandillas pretenden introducir profundo cambios en la arquitectura y funcionamiento del Estado social y derecho, sin que medie ninguna reforma constitucional o Constituyente que haga posibles esas modificaciones. Mediante la eventual aprobación de leyes ordinarias, la jauría neoliberal pretende realizar cambios regresivos y retrógrados en cuanto a cuestiones sociales, laborales, institucionales y derecho. Veamos y analicemos.

Proyecto de Empleo Público e Invasión a la Autonomía e Independencia de las Instituciones

Ese proyecto no es un plan que modifica solamente el sistema de los salarios y el empleo público en el sector público, sino que es un plan de gran calado en la reconfiguración de la institucionalidad. El gobierno bajo el pretexto o subterfugio de resolver desigualdades salariales entre los empleados públicos y, por otro lado, de eliminar disparadores del gasto público que incrementa, supuestamente, el déficit fiscal, intenta invadir y destruir la autonomía e independencia funcional, contempladas en la Constitución, de la caja costarricense de seguro social, las municipalidades, las universidades públicas y otras instituciones. El gobierno somete a su control político, bajo el pretexto del déficit fiscal, a todas las instituciones autónomas e independiente funcional como las universidades públicas. Esto constituye una regresión a los tiempos antes del 48.

Proyecto de Empleo Público y Destrucción del Derecho Colectivo

La eventual aprobación del proyecto de empleo público con algunas de las propuestas y mociones presentadas por los diputados neoliberales destruye uno de los pilares del derecho colectivo como es el derecho a la negociación de convenciones colectivas por parte de las organizaciones sindicales. Por simple lógica formal se sabe que, si se permite la existencia de los sindicatos en el sector público, por ende y extensión, se deduce el derecho al ejercicio tanto de la huelga como de las convenciones colectivas. Formalmente la tríada del derecho colectivo sindicatos → huelga → convenciones colectivas es indivisible, aunque puede ser mutilada o destruida esa relación por manotazos neoliberales y autoritarios mediante el asalto al derecho constitucional.

El proyecto de empleo público pretende eliminar el derecho a las negociaciones de las convenciones colectivas por parte de las organizaciones sindicales. Y si no se elimina ese «derecho» quedaría castrado, puesto que los sindicatos no podrían negociar nada relativo a aumentos de los salarios, pluses salariales, ni ninguna conquista laboral, social y económica. En síntesis, dejarán de existir las convenciones colectivas como tales y sólo servirán para reglamentar las relaciones de trabajo. Nada más. Esta es una propuesta retrograda del derecho. Elimina el derecho constitucional a la existencia de las convenciones colectivas.

Ese proyecto también pretende eliminar la comisión nacional de los salarios, órgano tripartito que en teoría negociaba los reajustes y políticas salariales, quitándole a los sindicatos y ministerio de trabajo esa función y se la transfieren al ministerio de hacienda, ministerio de planificación y servicio civil. Estos presentarían su «propuesta» de reajuste salarial al gobierno. Es una cuestión absurda y demencial, ya que el gobierno estaría auto presentándose su propuesta para auto aprobarla, ya que no tendría ninguna contraparte ni oposición. Esto refleja el contenido antidemocrático y, por ende, autoritario de esas pretensiones de ley.

Po otra parte, es necesario señalar que ya el derecho a huelga fue cercenado y mutilado por el Gobierno con el apoyo de las burocracias sindicales. Ahora las huelgas tienen fechas límites y de expiración, así como prohibición total en una serie de «servicios esenciales» inventados por los legisladores neoliberales.

Proyecto de Empleo Público y Salario Único

La eventual aprobación del salario global o único a todos los empleados públicos, ya sean los actuales o nuevos, y de sus ocho familias de puestos constituye a todas luces la imposición de un sistema autoritario del salario y empleo en el sector público. No es cierto que en el capitalismo exista la igualdad de los salarios para una misma clase de puestos, ya que va en contra de la ley de los mercados. Los salarios son una mercancía que se rigen por la ley de la oferta, demanda y otros factores. Tratar de imponer y uniformar los salarios para puestos similares y diferentes en diferentes ministerios, instituciones, municipalidades y otras, se asemejan a pretensiones de un Estado totalitario no aun Estado democrático.

Réquiem Para los Sindicatos

La probable aprobación del proyecto de empleo público con varias de las mociones propuestas por los diputados neoliberales entierra a las organizaciones sindicales. Serán como lo zombies: muertos vivientes. Es doloroso decirlo, pero desgraciadamente es así y por culpa de las burocracias sindicales hacia eso vamos, ya que esas dirigencias de escritorios no hacen nada ni siquiera para defender sus aparatos sindicales de los cuales viven. Entonces, hacemos las siguientes preguntas.

Entonces, ¿cuáles serán las funciones y roles de las organizaciones sindicales? Bueno las que le asigne el Estado y gobierno de turno. Las burocracias sindicales tendrán la función de ir a lloriquear y pedir a sus autoridades respectivas favores para sus asociados.

¿Cuál es el futuro de las organizaciones sindicales? Convertirse en organizaciones paraestatales, sindicatos blancos, al servicio del Estado y del gobierno de turno. Algunas burocracias sindicales ya juegan ese triste papel. Otras terminarán como clubes sociales y casas comerciales en donde se reunirán sus asociados para hacer fiestas o bien para ir a comprar electrodomésticos y otros productos.

¿Las organizaciones sindicales van a aceptar o combatir el proyecto de empleo público que las liquida como sindicatos? APSE se acerca al 20% de desafiliación por su política de colaboración con el gobierno de Carlos Alvarado. En los otros sindicatos que no son del magisterio nacional la desafiliación ronda el 30%.

Los sindicatos son una conquista histórica del movimiento obrero que costaron la lucha y muerte de miles de trabajadores para que existan. Sin embargo, esa gran conquista estructural de la clase trabajadora está por perderse.

¿Qué podemos hacer para rescatar a los sindicatos? Es necesario y urgente reconstruir el sindicalismo independiente, clasista y de lucha. Echar de los sindicatos a todos los burócratas sindicales malolientes y entregados a la patronal estatal para dotar a esas organizaciones de los trabajadores de dirigentes luchadores, clasistas e independientes del Estado y del gobierno para que defiendan los derechos de todo tipo de sus afiliados. Asimismo, dirigentes sindicales que retomen los métodos de lucha del movimiento obrero para lograr conquistas laborales, salariales y sociales. Esa es la tarea actual.

Urge y es una necesidad salvar a las organizaciones sindicales de su desaparición que quieren los neoliberales. Sólo la movilización y lucha callejera puede salvar a nuestras organizaciones.

Crítica a la Directiva Nacional de APSE

Recientemente, el sindicato APSE publicó un comunicado en el que plantea su “oposición contra el nefasto proyecto de ley marco de empleo público”, sin embargo, no existe en ese miserable pronunciamiento de la burocracia sindical de APSE ningún llamado a combatir y derrotar el proyecto de empleo público mediante la movilización y lucha callejera despojador plan. Para qué sirve la «oposición» en el papel al proyecto de empleo público sino se combate en las calles. ¡Para nada! La burocracia sindical de APSE, encabezada por Zaray Esquivel, es la peor y pérfida dirigencia sindical que ha existido en nuestro sindicato. Merece el repudio de todas las bases.

Esa posición de la burocracia sindical de APSE, en los hechos, al no llamar a combatir en las calles ese nefasto proyecto de empleo público, le hace el juego al gobierno de Alvarado y todos los neoliberales de la Asamblea Legislativa y lo peor sirven de quintacolumnistas dentro del sindicato. Por tanto, es urgente sacar de la directiva nacional del sindicato APSE a los traidores de la tendencia honestidad que dirigen nuestro sindicato.

¡Abajo el Programa de Ajuste Fiscal FMI-Gobierno!

El plan de ajuste fiscal del gobierno-FMI contiene una serie de medidas que tendrán serias y brutales consecuencias para los trabajadores, sectores populares y clases medias. Es un plan recesivo que, lejos de reactivar la economía, la va a hundir en una mayor recesión económica.

Esas medidas son un ataque histórico a las condiciones salariales y vida de los empleados del sector público en particular y, en general, contra los trabajadores del sector privado. El proyecto de empleo y su supuesto «ahorro», eufemismo de la gigantesca expropiación salarial de los trabajadores públicos, será después de la reducción del gasto público o aplicación de la regla fiscal el que más aporte al plan de ajuste y por ende el más reventado del ajuste. La gran expropiación de los salarios será de 133 mil millones de colones en el año 2021 y para el año 2025 la expropiación sería de 546 mil millones de colones.

Por otro lado, el denominado proyecto de «Renta global dual» constituye un asalto a los salarios de los trabajadores en general. Actualmente el impuesto de renta a los salarios se aplica después de los 840 mil colones, pero con ese proyecto se disminuye la base impositiva a 684 mil colones. Es decir que a los trabajadores que ganen más de 684 mil colones tendrán que pagar impuesto de renta, pero también a los trabajadores que ya pagan ese impuesto tendrán que pagar más, ya que su base salarial para el impuesto sería reducida y sobre 157 mil colones más tendrán un impuesto adicional.

El ajuste fiscal será una política de doble tenaza salvaje: por un lado, se reducirán los salarios con el proyecto de empleo público, de otro lado, se congelan los salarios por tiempo indefinido y por el otro, a los salarios reducidos y congelados se les impondrán más impuesto. Entonces, todo ello lleva al deterioro y disminución galopante a las condiciones de vida de los trabajadores, a una disminución de la capacidad de consumo y, por ende, a una profundización de la recesión económica, puesto que los trabajadores tendrán menos dinero para comprar y consumir mercancías, alimentos y servicios en general.

De otro lado, apenas los patrones y otros sectores neoliberales comenzaron a criticar y presionar, en aquellos aspectos que el proyecto de renta global los afectaba, el gobierno retrocedió. Es así que, eliminaron de ese proyecto la imposición a rentas provenientes del extranjero, se reafirma la exoneración de impuestos a empresas de zonas francas y se centra en personas físicas, excluyendo del todo a las empresas. Pero se mantiene intacto el impuesto a los salarios a partir de los 684 mil a los trabajadores.

José René Tamariz es corresponsal en Costa Rica de «El Socialista Centroamericano».

Fuente: https://elsoca.org/index.php/america-central/costa-rica/5657-costa-rica-desmontaje-y-destruccion-del-estado-social-de-derecho