Costa Rica 2001-2026

Entre el agotamiento de la utopía reformista, la expansión de la violencia y la necesidad de una revolución moral

Ocean Castillo Loría
Politólogo y teólogo

La Costa Rica que transita entre 2001 y 2026, parece haberse desplazado entre dos imágenes contrapuestas: la de una nación que, durante décadas, se pensó a sí misma como una excepción democrática y pacífica en Centroamérica, y la de un país que hoy enfrenta desafíos que antes observaba a la distancia (Raventós Vorst, C. (2018). Desafíos de la democracia costarricense. San José: FLACSO Costa Rica.).

Durante gran parte del siglo XX, Costa Rica construyó una utopía política basada en la institucionalidad, la educación pública, el Estado social de derecho; y la búsqueda de la paz. Aquella visión, heredera de la Segunda República y fortalecida por el reformismo social, permitió la consolidación de una amplia clase media y de una cultura política, que valoraba el diálogo por encima de la confrontación (Booth, J. A. (1998). Costa Rica: Quest for Democracy. Boulder: Westview Press. Traducción libre: Costa Rica: búsqueda de la democracia).

El reformismo costarricense se consolidó a partir de las reformas sociales impulsadas en la década de 1940; y fortalecidas tras la Guerra Civil de 1948. Durante décadas, este modelo permitió la construcción de amplias capacidades estatales; y una importante movilidad social. No obstante, a partir de los años noventa, comenzaron a evidenciarse tensiones derivadas de la apertura económica, la globalización y las restricciones fiscales (Rovira Mas, J. (2001). La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI. San José: Editorial UCR. Salazar Mora, J. (2003). Crisis liberal y Estado reformista en Costa Rica. San José: Editorial UCR.).

Desde las Ciencias Políticas, este modelo puede interpretarse como una de las expresiones más exitosas de legitimidad institucional y capital social en América Latina. La estabilidad democrática costarricense, descansó no solamente en normas jurídicas, sino también en una cultura cívica que otorgaba confianza a las instituciones; y aceptaba la resolución pacífica de los conflictos (Easton David (1965): Esquema para el análisis político. Amorrotu Editores. Putnam, R. D. (2000). Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad estadounidense. Barcelona: Galaxia Gutenberg.).

Desde la Psicología Política, este proceso también puede interpretarse, como la consolidación de un elevado nivel de confianza política difusa, concepto desarrollado por David Easton (1965), para describir el apoyo profundo que los ciudadanos otorgan al sistema político, más allá de las evaluaciones coyunturales sobre gobiernos específicos.
Durante gran parte del siglo XX, los costarricenses no solo confiaron en determinadas autoridades, sino en la legitimidad misma de las instituciones democráticas. Esta confianza, constituyó un recurso psicológico colectivo fundamental, para la estabilidad política y para la resolución pacífica de los conflictos sociales (Norris, P. (2011. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Nueva York: Cambridge University Press. (Traducción libre: Déficit democrático: revisión de los ciudadanos críticos)).

Sin embargo, las transformaciones económicas y sociales de finales del siglo pasado, comenzaron a erosionar lentamente ese consenso. Lo que antes parecía sólido, empezó a mostrar grietas: aumentó la desconfianza hacia los partidos políticos, se debilitó la credibilidad de las instituciones; y surgió una ciudadanía cada vez más desencantada, con las formas tradicionales de representación (Sánchez, F. (2007). Partidos políticos, elecciones y lealtades partidarias en Costa Rica. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.).

El año 2001 marcó el inicio de una etapa particularmente conflictiva. Las protestas contra el denominado “Combo del ICE”, evidenciaron una creciente distancia entre las élites políticas y amplios sectores de la ciudadanía (Programa Estado de la Nación. (2001). Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Séptimo Informe Estado de la Nación. San José: Programa Estado de la Nación.).

La crisis de representación observada en Costa Rica, forma parte de un fenómeno más amplio identificado por la ciencia política contemporánea: el debilitamiento de los partidos tradicionales, la fragmentación del electorado y la creciente distancia entre gobernantes y gobernados.

Este proceso, ha generado condiciones favorables para el surgimiento de liderazgos personalistas y discursos antisistema (Alfaro Redondo Ronald y otros (2024) Elecciones 2022: caída en la participación electoral y efectos en la estabilidad democrática en Costa Rica. TSE, IFED).

A partir de entonces, el consenso histórico alrededor del modelo de desarrollo, comenzó a fragmentarse. Los gobiernos sucesivos, impulsaron reformas parciales, pero sin lograr construir un nuevo pacto social, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI.

La crisis de representación política también alimentó una creciente desconfianza ciudadana, hacia las instituciones democráticas. En este contexto, comenzaron a surgir demandas de respuestas más punitivas y de “mano dura”, fenómeno observable en diversos países latinoamericanos, afectados por altos niveles de violencia.
Las tesis desarrolladas por los connotados analistas y asesores, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto (2017: Durán Barba, J., & Nieto, S. La política en el siglo XXI: arte, mito o ciencia. Buenos Aires: Debate.), complementan este diagnóstico, al sostener que las democracias contemporáneas, han experimentado una profunda transformación cultural, caracterizada por el debilitamiento de las identidades partidarias tradicionales, el aumento del individualismo y la creciente volatilidad electoral.

La crisis de legitimidad se profundizó con el debilitamiento del bipartidismo tradicional. Los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), el primero, pilar del reformismo durante décadas, perdieron capacidad de articulación política (Programa Estado de la Nación. (2003). Noveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: CONARE.).

Este desgaste se vinculó a diversos factores, entre ellos los efectos de las reformas económicas, los cuestionamientos a la representación política y los escándalos de corrupción que afectaron a figuras de ambas agrupaciones (Sánchez, 2007).

En este contexto emergió el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000 como una alternativa frente al modelo bipartidista dominante. Según Alfaro Redondo, el PAC canalizó el creciente descontento ciudadano con las élites políticas tradicionales; y promovió una agenda centrada en la transparencia, la ética pública y la participación democrática.

Su rápido crecimiento electoral evidenció una transformación del sistema de partidos costarricense; y una mayor fragmentación de la representación política. No obstante, aunque el PAC logró alcanzar la Presidencia de la República en dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), diversos estudios señalan que tampoco consiguió revertir plenamente la crisis de confianza institucional, ni las percepciones de distanciamiento entre ciudadanía y clase política (Programa Estado de la Nación, 2022).

De esta forma, la irrupción del PAC representó tanto una respuesta a la crisis del bipartidismo, como una manifestación de los desafíos persistentes de legitimidad que enfrenta la democracia costarricense.

La volatilidad electoral aumentó y la fragmentación legislativa, dificultó la adopción de políticas públicas de largo plazo. Como consecuencia, muchas reformas quedaron incompletas o fueron implementadas de manera insuficiente (Mainwaring, Scott y Timothy R. Scully (eds.). Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press. Traducción libre: La construcción de instituciones democráticas: sistemas de partidos en América Latina).
Uno de los principales síntomas del agotamiento reformista, fue la incapacidad del Estado para reducir las nuevas formas de desigualdad, surgidas en el contexto de la economía globalizada. Aunque Costa Rica mantuvo indicadores sociales superiores a los de gran parte de América Latina, las brechas territoriales y socioeconómicas, se ampliaron (Estado de la Nación. (2021). Desigualdad y movilidad social en Costa Rica. San José, Costa Rica: Programa Estado de la Nación.).

Las regiones costeras, fronterizas y periféricas, experimentaron mayores niveles de desempleo, informalidad y exclusión. En estos territorios, la presencia estatal se debilitó progresivamente, generando condiciones favorables para la expansión de actividades ilícitas.

La reducción de recursos públicos derivada de los problemas fiscales, también limitó la capacidad de inversión en programas preventivos, infraestructura social y seguridad ciudadana (Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica: CONARE.).

Según, Barba y Nieto, los ciudadanos ya no votan principalmente por lealtades ideológicas permanentes, sino por percepciones inmediatas, emociones y experiencias personales. Este cambio reduce la capacidad de los partidos tradicionales, para articular proyectos colectivos duraderos; y favorece la emergencia de liderazgos capaces de conectar emocionalmente, con segmentos diversos del electorado.

La Psicología Política contemporánea, ha observado que los procesos de desafección institucional; suelen estar acompañados por transformaciones emocionales profundas. Pippa Norris (2011: Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Nueva York: Cambridge University Press. (Traducción libre: Déficit democrático: revisión de los ciudadanos críticos).), señala que las democracias modernas enfrentan el fenómeno de los ciudadanos críticos, caracterizados por mayores niveles de educación e información, pero también por expectativas crecientes respecto al desempeño institucional (Véanse también los informes de Latinobarómetro y LAPOP sobre confianza institucional en América Latina.).

Cuando dichas expectativas no son satisfechas, pueden surgir sentimientos de frustración, desencanto y desconfianza, que favorecen la receptividad hacia discursos que prometen cambios rápidos o soluciones radicales.

Con el paso de los años, la indignación fue cediendo espacio a la resignación, y la exigencia de transparencia, fue sustituida, en muchos casos, por una peligrosa normalización de la corrupción y de las conductas contrarias al interés público.
Desde la tradición clásica de la filosofía política, la corrupción no constituye únicamente una infracción legal, sino una degradación de la virtud cívica. Cuando el interés particular prevalece sistemáticamente sobre el bien común, se debilitan los fundamentos morales que sostienen la comunidad política. (Aristóteles. Política. Madrid: Gredos. Ética a Nicómaco. Madrid: Gredos.).

En esta misma dirección, la reciente reflexión social y espiritual de la Iglesia católica, ha insistido en que las crisis políticas, tienen una raíz más profunda que las meras fallas institucionales. La encíclica Dilexit Nos (Del Papa Francisco: (2024). Dilexit Nos. Ciudad del Vaticano.), recuerda que, toda auténtica renovación social, comienza por la conversión del corazón humano, pues las estructuras, reflejan finalmente las disposiciones morales y espirituales de las personas que las conforman.

La reconstrucción del bien común exige, por tanto, una recuperación de la fraternidad, la compasión y la responsabilidad ética como virtudes públicas. Paralelamente, el país comenzó a experimentar cambios que afectaron profundamente su tejido social. La expansión del narcotráfico, el crecimiento del crimen organizado y la aparición cada vez más frecuente del sicariato, transformaron la percepción que los costarricenses tenían de sí mismos (Bagley, B. (2015). Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas. Miami: FIU. (Traducción libre: Narcotráfico y crimen organizado en las Américas); Estado de la Nación (2023, 2024, 2025)).

Diversos estudios sobre violencia, han señalado que la criminalidad organizada, encuentra terreno fértil en contextos donde convergen pobreza relativa, oportunidades económicas limitadas; y debilidad institucional. En Costa Rica, estas condiciones comenzaron a manifestarse con mayor intensidad durante las primeras décadas del siglo XXI (Programa Estado de la Nación. (2023). Informe Estado de la Nación. San José: CONARE.).

La violencia en Costa Rica dejó de estar asociada principalmente a delitos comunes, para vincularse crecientemente con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La posición geográfica del país, ubicada entre los principales productores de cocaína de Sudamérica y los mercados consumidores de Norteamérica y Europa, convirtió al territorio nacional, en una ruta estratégica para el tráfico de drogas (Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2024. San José, Costa Rica: Programa Estado de la Nación.).

Aquella Costa Rica que observaba con distancia la violencia de otros países latinoamericanos, descubrió que ya no estaba inmunizada frente a esos fenómenos. La inseguridad, dejó de ser una preocupación marginal, para convertirse en una de las principales inquietudes nacionales (Programa Estado de la Nación. (2023). Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2023. San José, Costa Rica: CONARE.).

Durante la década de 2010 y especialmente después de 2020, las disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas, puertos y mercados locales, provocaron un incremento acelerado de los homicidios (Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica.).

Según datos del Observatorio de la Violencia y del Organismo de Investigación Judicial, el país alcanzó cifras históricas de homicidios durante 2023, registrando más de 900 asesinatos, una situación sin precedentes en la historia reciente costarricense.

Aunque en 2024 y 2025 se observó una leve reducción, los niveles continuaron siendo significativamente superiores a los registrados al inicio de la década (Observatorio de la Violencia. (2024). Homicidios dolosos 2023. Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.).

Asimismo, informes oficiales señalan que una proporción significativa de los homicidios recientes, está relacionada con ajustes de cuentas, venganzas y conflictos vinculados al narcotráfico, lo que evidencia el carácter estructural que ha adquirido la violencia criminal (Organismo de Investigación Judicial. (2024). Informe anual de homicidios dolosos 2023. San José, Costa Rica: OIJ.).

Desde la teoría de la inteligencia afectiva desarrollada por George Marcus, Russell Neuman y Michael MacKuen (2000), el miedo constituye una de las emociones políticas con mayor capacidad para modificar el comportamiento ciudadano (Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). Affective Intelligence and Political Judgment. Chicago: University of Chicago Press. (Traducción libre: Inteligencia afectiva y juicio político)).

Cuando la percepción de amenaza aumenta, las personas tienden a reevaluar sus creencias políticas, prestar mayor atención a los asuntos de seguridad; y mostrar una mayor disposición a respaldar políticas orientadas, al control y al orden.

En consecuencia, el impacto de la violencia no se limita a las víctimas directas de los delitos, sino que transforma progresivamente las percepciones colectivas, sobre el Estado, la convivencia social y las prioridades nacionales.

La teoría de Agenda Setting (“Establecimiento de la agenda”), desarrollada por Maxwell McCombs y Donald Shaw (1972), permite comprender, cómo determinados problemas adquieren centralidad en la conciencia colectiva. Aunque los medios de comunicación no determinan directamente lo que los ciudadanos deben pensar, sí influyen significativamente en los temas sobre los cuales piensan (McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187. (Traducción libre: La función de establecimiento de agenda de los medios de comunicación)).

La cobertura constante de homicidios, narcotráfico y crimen organizado, contribuye a consolidar la percepción de que la inseguridad, constituye uno de los principales desafíos nacionales, reforzando su presencia en las prioridades políticas y electorales de la ciudadanía.

Desde las Relaciones Internacionales, este fenómeno no puede comprenderse exclusivamente desde una perspectiva doméstica. Repetimos: Costa Rica se encuentra inserta en corredores geoestratégicos utilizados por redes transnacionales del narcotráfico, que conectan Sudamérica con los mercados de Norteamérica y Europa (Held, D., & McGrew, A. (2003). Globalización/Antiglobalización. Barcelona: Paidós.).

La globalización, que facilitó el intercambio económico y la integración internacional, también permitió la expansión de estructuras criminales, capaces de operar más allá de las fronteras estatales.

Sin embargo, la expansión de estas dinámicas criminales, no puede comprenderse únicamente como un problema de seguridad o de geopolítica. Como recuerda el Papa León XIV en Dilexi Te, los fenómenos de exclusión, marginación y pobreza, constituyen también heridas sociales que debilitan la cohesión comunitaria; y facilitan la aparición de múltiples formas de violencia (https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/apost_exhortations/documents/20251004-dilexi-te.html) .

La pobreza no debe entenderse solamente como carencia material, sino también, como ausencia de oportunidades, de reconocimiento social, de participación efectiva; y de dignidad plenamente reconocida.

La respuesta institucional costarricense frente a esta nueva realidad criminal, también experimentó una transformación significativa en el ámbito jurídico y constitucional. Uno de los cambios más trascendentales, fue la reforma que permitió la extradición de ciudadanos costarricenses, requeridos por delitos de narcotráfico y crimen organizado transnacional (Costa Rica. Asamblea Legislativa. (2024). Ley N.º 10659. Reforma del artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales por delitos de terrorismo y narcotráfico internacional. San José, Costa Rica: La Gaceta.).

Durante gran parte de la historia republicana, la prohibición de extraditar nacionales había sido concebida como una garantía de soberanía y protección de los derechos ciudadanos, frente a jurisdicciones extranjeras. Sin embargo, el crecimiento de organizaciones criminales, con capacidad de operar simultáneamente en varios países, obligó a replantear este principio tradicional.

Desde las Relaciones Internacionales, la autorización de la extradición, puede interpretarse como una adaptación del Estado costarricense, a las exigencias de la cooperación internacional contemporánea (Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). Poder e interdependencia. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. Rosenau, J. N. (2000). Governance in the Twenty-First Century. Global Governance,1(1). (Traducción libre: Gobernanza en el siglo XXI).

Las redes criminales transnacionales, aprovechan las diferencias entre sistemas jurídicos y las limitaciones territoriales de los Estados, para dificultar su persecución. En consecuencia, mecanismos como la extradición, constituyen instrumentos de gobernanza internacional, orientados a impedir que las fronteras nacionales, funcionen como espacios de impunidad para quienes participan en actividades ilícitas de alcance global.

Desde la Ciencia Política, esta reforma refleja una tensión clásica entre soberanía y seguridad. Mientras algunos sectores defendieron la necesidad de fortalecer la cooperación con Estados Unidos y otros países aliados, en la lucha contra el narcotráfico, otros manifestaron preocupaciones legítimas, relacionadas con la protección de las garantías procesales, la autonomía jurisdiccional y la preservación de competencias tradicionalmente reservadas al Estado nacional.

El debate puso de manifiesto, cómo las amenazas contemporáneas, obligan a redefinir conceptos que, durante décadas, parecieron inmutables, dentro de las democracias constitucionales (Held, David. (2004). Global Covenant: The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus. Cambridge: Polity Press. (Traducción Libre: Pacto Global: la alternativa cocialdemócrata al consenso de Washington).

La Psicología Política permite observar, además una dimensión simbólica relevante. En un contexto marcado por el aumento de la violencia y la percepción de inseguridad, amplios sectores de la ciudadanía, interpretaron la extradición como una señal de determinación estatal, frente al crimen organizado.

La posibilidad de que líderes criminales, enfrentaran procesos judiciales en jurisdicciones con amplias capacidades investigativas, y recursos especializados, contribuyó a fortalecer la percepción de que el Estado, estaba dispuesto a utilizar todos los instrumentos legales disponibles, para combatir estructuras criminales complejas.
Los casos recientes vinculados a solicitudes de extradición hacia los Estados Unidos, adquirieron así, una relevancia que trasciende los aspectos estrictamente jurídicos. Más allá de la responsabilidad individual de las personas involucradas, estos procesos reflejan el grado de inserción de Costa Rica, dentro de las estrategias internacionales de combate al narcotráfico; y evidencian la creciente interdependencia entre la seguridad nacional y la cooperación internacional.

El hecho de que figuras de alto perfil, presuntamente vinculadas a redes criminales, puedan ser requeridas por tribunales extranjeros, confirma que las dinámicas del crimen organizado contemporáneo, ya no pueden analizarse exclusivamente dentro de los límites territoriales del Estado costarricense.

No obstante, la extradición constituye una herramienta necesaria, pero insuficiente. La experiencia internacional, demuestra que la reducción sostenible de la criminalidad organizada, depende también del fortalecimiento institucional interno, de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales, de la prevención social de la violencia; y de la capacidad del Estado, para evitar procesos de infiltración criminal en las estructuras públicas.

En este sentido, la extradición representa una manifestación de cooperación internacional estratégica, pero no sustituye la responsabilidad nacional, de preservar el Estado de derecho y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

En términos históricos, la aprobación de la extradición de nacionales, simboliza el tránsito de una concepción tradicional de soberanía defensiva, hacia una noción de soberanía cooperativa, en la cual la protección efectiva del Estado de derecho, exige la articulación de capacidades nacionales e internacionales, frente a amenazas que ya no reconocen fronteras.

Durante la última década, diversos acontecimientos simbolizaron con especial crudeza, esta transformación. La captura y judicialización de reconocidos líderes del narcotráfico, entre ellos: alias “Pecho de Rata”, alias “Macho Coca” y alias “Diablo”, evidenciaron la consolidación de estructuras criminales, con capacidad para controlar territorios, movilizar recursos económicos significativos; y ejercer influencia mediante la violencia.

Estos casos, dejaron de manifiesto, que el fenómeno ya no podía interpretarse como una amenaza externa o pasajera, sino como una realidad instalada dentro de la sociedad costarricense. Aún más significativo, resultó el arresto y posterior proceso judicial del exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa. Más allá de las responsabilidades individuales que deberán determinar los tribunales competentes, el caso produjo un profundo impacto simbólico en la opinión pública.
Para muchos ciudadanos, representó la evidencia de que la penetración del crimen organizado y las redes de influencia, podían alcanzar incluso a figuras, que habían ocupado algunas de las más altas posiciones dentro del aparato estatal.

La gravedad del hecho, no radica únicamente en las acusaciones formuladas, sino en el cuestionamiento que genera sobre la capacidad de las instituciones, para protegerse de intereses ilícitos.

Desde la teoría del Estado, la principal amenaza no es únicamente la existencia del crimen organizado, sino su capacidad para capturar o influir, sobre instituciones llamadas a garantizar el imperio de la ley. Cuando la ciudadanía percibe, que las élites políticas, judiciales o económicas, pueden ser vulnerables a dichas influencias, la legitimidad institucional experimenta un deterioro profundo. (Gambetta, D. (1993). La mafia siciliana: el negocio de la protección privada. Madrid: Fondo de Cultura Económica.)

La Psicología Política aporta una dimensión adicional, para comprender este fenómeno. Jeffrey Alexander (2004), sostiene que determinadas crisis, pueden adquirir la forma de traumas culturales, cuando afectan elementos centrales de la identidad colectiva de una sociedad. (Alexander, J. C. (2004). Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press.
(Traducción libre: Trauma cultural e identidad colectiva)).

En el caso costarricense, la vinculación de figuras asociadas históricamente con la administración de justicia y la seguridad pública, y a investigaciones relacionadas con criminalidad organizada, genera un impacto simbólico que trasciende los aspectos estrictamente judiciales.

Lo que se ve cuestionado, no es únicamente la conducta de individuos concretos, sino la narrativa histórica de una nación que, durante décadas, se percibió a sí misma como relativamente inmune a fenómenos de corrupción estructural y captura institucional.

En este contexto, resulta particularmente pertinente la advertencia de Dilexi Te (Exhortación del Papa León XIV), sobre la existencia de estructuras sociales y económicas, que reproducen desigualdades y generan nuevas formas de exclusión.

La estabilidad de una democracia, no depende únicamente de la eficacia de sus instituciones, sino también de su capacidad para garantizar condiciones de vida compatibles con la dignidad humana; y con la participación efectiva de todos los ciudadanos en la vida nacional.
La tensión surgida entre el Poder Ejecutivo, encabezado por la Presidente Laura Fernández; y respaldado en distintos momentos, por las posiciones expresadas por el Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, respecto a la contención del gasto público, y las autoridades del Poder Judicial y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), constituye un fenómeno particularmente relevante, para comprender la coyuntura costarricense reciente (Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217. (Traducción libre: Crimen y castigo: un enfoque económico)).

Desde las Ciencias Políticas, esta controversia puede interpretarse como una manifestación de los conflictos inherentes, a los sistemas democráticos de separación de poderes. Mientras el Ejecutivo, ha argumentado la necesidad de racionalizar el gasto estatal y mantener la disciplina fiscal, las autoridades judiciales y policiales, han sostenido que la reducción de recursos, compromete la capacidad institucional para investigar, perseguir y sancionar el crimen organizado. Esta confrontación, refleja una tensión clásica entre dos bienes públicos igualmente legítimos: la sostenibilidad fiscal y la seguridad ciudadana.

Desde la Comunicación Política, esta controversia también puede interpretarse como una disputa por el encuadre o framing de la realidad política, concepto desarrollado por Robert Entman (1993). Mientras algunos actores, presentan el debate como una cuestión de disciplina fiscal y eficiencia estatal, otros, lo enmarcan como un problema de seguridad nacional y fortalecimiento institucional, frente al crimen organizado (“Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, publicado en Journal of Communication (vol. 43, núm. 4, pp. 51–58). Traducción libre: Encuadre: hacia la clarificación de un paradigma fragmentado))

La relevancia de estos encuadres radica en que la opinión pública, suele interpretar los acontecimientos, no únicamente a partir de los hechos objetivos, sino también mediante los marcos narrativos que organizan su significado político.

Desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales, el debate adquiere una dimensión adicional. Costa Rica enfrenta amenazas criminales que ya no poseen un carácter exclusivamente nacional, sino transnacional.

Las redes de narcotráfico, operan mediante estructuras regionales y globales, que movilizan capitales, armamento, información y personas a través de múltiples jurisdicciones. En este contexto, organismos especializados como el OIJ, no constituyen únicamente instituciones internas de persecución penal, sino componentes estratégicos de los compromisos internacionales del Estado costarricense, en materia de cooperación policial, lucha contra el narcotráfico, prevención del lavado de dinero y combate al crimen organizado transnacional.
Una disminución significativa de capacidades institucionales, puede afectar no sólo la seguridad interna, sino también la capacidad del país, para cumplir eficazmente con obligaciones asumidas en marcos multilaterales y regionales.

Desde la Criminología, la discusión adquiere una relevancia aún más profunda. Diversos autores han señalado que, la capacidad institucional del sistema de justicia, constituye uno de los factores centrales, para contener la expansión de organizaciones criminales complejas.

Gary Becker (1968), desde la teoría económica del delito, sostuvo que la probabilidad de detección y sanción, influye directamente en los cálculos racionales de quienes participan en actividades criminales.

Posteriormente, autores como David Garland (2001: La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.), advirtieron que, el debilitamiento de las capacidades estatales de control, puede generar percepciones de impunidad que favorecen la expansión de economías ilícitas.

Por su parte, John Braithwaite, ha destacado que la legitimidad y eficacia de las instituciones encargadas de la persecución penal, constituyen elementos esenciales para mantener el control social democrático, frente a formas complejas de criminalidad organizada. (2000: The New Regulatory State and the Transformation of Criminology. British Journal of Criminology, 40(2), 222-238. Traducción libre: El nuevo Estado regulador y la transformación de la criminología)) y Michael Tonry (2011 Punishing Race: A Continuing American Dilemma. Nueva York: Oxford University Press. (Traducción libre: Castigando la raza: un dilema estadounidense persistente).)

Asimismo, la criminología contemporánea del crimen organizado, representada por autores como Federico Varese (2011: Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories. Princeton: Princeton University Press. (Traducción libre: Mafias en movimiento: cómo el crimen organizado conquista nuevos territorios).) y Diego Gambetta (1993), ha demostrado que las organizaciones criminales, tienden a expandirse precisamente allí, donde identifican vacíos institucionales, debilidades estatales o limitaciones en la capacidad investigativa.

Desde esta perspectiva, el debate sobre los recursos destinados al OIJ y al Poder Judicial, trasciende una discusión presupuestaria ordinaria: se relaciona directamente con la capacidad del Estado, para preservar el monopolio legítimo de la coerción, proteger a la ciudadanía; y evitar procesos de captura institucional, por parte de estructuras criminales.

Al mismo tiempo, un análisis riguroso exige reconocer que, la asignación de mayores recursos por sí sola, no garantiza mejores resultados en materia de seguridad. La literatura sobre gobernanza pública y administración de justicia, enfatiza que la eficacia institucional, depende también de factores como la transparencia, la rendición de cuentas, la coordinación interinstitucional, la profesionalización del personal; y la adecuada gestión de los recursos disponibles.

En consecuencia, el desafío costarricense, consiste no solamente en definir el volumen de financiamiento destinado a la seguridad y la justicia, sino en asegurar que dichos recursos, fortalezcan efectivamente las capacidades estatales necesarias, para enfrentar las nuevas manifestaciones del crimen organizado transnacional.

La controversia alcanzó una nueva dimensión durante la conmemoración de los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya, celebrada el 25 de julio de 2026. En ese contexto, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, sostuvo que existía un supuesto movimiento coordinado entre sectores de oposición y el Poder Judicial, para generar temor en la ciudadanía respecto de una eventual deriva autoritaria del Gobierno.

Dirigiéndose a los asistentes al acto oficial en Nicoya, preguntó públicamente: “¿Les da miedo la dictadura?” y “¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?”, interrogantes que fueron respondidas negativamente por parte del público presente.

Desde la Comunicación Política, estas declaraciones pueden interpretarse como un intento de disputar el encuadre (framing) dominante sobre el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Mientras sectores críticos han planteado preocupaciones relacionadas con la independencia judicial, el equilibrio entre poderes y el fortalecimiento institucional, el discurso ministerial procuró presentar dichas advertencias, como estrategias de miedo impulsadas por adversarios políticos.

De este modo, la discusión deja de centrarse exclusivamente en aspectos presupuestarios o institucionales, y pasa a desarrollarse también en el terreno simbólico de las percepciones, las emociones y la legitimidad democrática.
Desde la Psicología Política, el episodio resulta particularmente significativo porque evidencia la utilización de emociones políticas contrapuestas. Por un lado, algunos actores apelan al temor frente a posibles riesgos para el Estado de derecho; por otro, el discurso gubernamental, busca neutralizar esa emoción mediante la deslegitimación de quienes la promueven, presentándolos como actores interesados o manipuladores.

Tal dinámica confirma las tesis de George Marcus, Russell Neuman y Michael MacKuen, sobre el papel central que desempeñan las emociones en la formación de juicios políticos; y en la configuración de las prioridades ciudadanas.

Asimismo, las declaraciones se produjeron apenas un día después de la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y en medio del debate legislativo sobre una reducción presupuestaria al Poder Judicial y al OIJ. El ministro vinculó ambos acontecimientos, sugiriendo que la captura se produjo de manera oportunista en un momento políticamente conveniente para las autoridades judiciales.

Independientemente de la validez o no de dicha interpretación, el episodio ilustra cómo los éxitos operativos en materia de seguridad, pueden convertirse simultáneamente en recursos discursivos dentro de disputas institucionales más amplias, donde distintos actores compiten por definir ante la opinión pública, quién representa de manera más efectiva la defensa del interés nacional, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.

La tesis desarrollada por León XIV en la Encíclica, Magnifica Humanitas, complementa esta preocupación, al afirmar que, la dignidad humana constituye el fundamento último de toda legitimidad política (https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html) .

Cuando el poder económico, criminal o ideológico, instrumentaliza a la persona y la reduce a un medio para otros fines, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se erosiona la base moral sobre la cual descansa la convivencia democrática.

Estos acontecimientos constituyen un punto de inflexión en la historia reciente del país. Durante décadas, Costa Rica se concibió a sí misma como una democracia relativamente inmune a las dinámicas de corrupción estructural; y violencia criminal, que afectaban a otras naciones de la región.

Sin embargo, los arrestos de importantes figuras del narcotráfico; y las investigaciones que alcanzaron a actores vinculados al poder político y judicial, revelaron que ninguna sociedad está completamente protegida frente a estas amenazas. En muchos sectores, surgió la sensación de que la institucionalidad, que durante décadas había sido motivo de orgullo, ya no respondía con la misma eficacia a los desafíos contemporáneos.

La crisis de confianza tampoco se limitó al ámbito político. La Iglesia católica, institución históricamente influyente en la vida nacional, enfrentó cuestionamientos derivados de diversos escándalos, que afectaron su autoridad moral.

Desde la teología católica clásica, la autoridad moral de la Iglesia, nunca ha dependido exclusivamente de la conducta de sus ministros, sino de la fidelidad al Evangelio y a su misión espiritual (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2005). Sin embargo, la tradición cristiana, también ha sostenido que el escándalo producido por quienes ejercen responsabilidades eclesiales, tiene consecuencias especialmente graves, pues afecta la credibilidad del testimonio cristiano ante la sociedad. Solo como repaso, mencionamos, los principales casos en los que se ha visto involucrada la iglesia católica, del 2001 al 2026:

• Caso Minor Calvo y el asesinato de Parmenio Medina (2001) (Aguilar Bulgarelli Oscar (2017): Costa Rica: ¿Dictadura Mediática o Tiranía en Democracia? Progreso Editorial).
• Casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes.
• El caso Mauricio Víquez (2018-2022).
• Críticas por encubrimiento y manejo institucional de abusos.
• Cuestionamientos sobre su influencia en asuntos públicos (Debates sobre educación religiosa, temas de sexualidad, matrimonio igualitario) (Picado (2010): Señor muéstranos el camino: documentos y reflexiones sobre la crisis de la iglesia costarricense).
• Pérdida de influencia social y competencia religiosa (Crecimiento de iglesias evangélicas, aumento de la secularización).

Sin embargo, más que una crisis exclusivamente religiosa, lo que se evidenció fue una transformación cultural más amplia: los ciudadanos comenzaron a cuestionar a todas las instituciones tradicionales, exigiendo mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Desde la perspectiva de la Encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, esta pérdida de confianza no puede resolverse únicamente mediante reformas administrativas. La credibilidad institucional, depende también de la coherencia ética, de la capacidad de reconocer errores y de la disposición a servir auténticamente a las personas.

El amor social, entendido como preocupación concreta por el prójimo y por el bien común, aparece como un principio indispensable para restaurar los vínculos de confianza entre ciudadanos e instituciones.

León XIV, sostiene que la credibilidad de las instituciones, depende de su cercanía real a quienes sufren. La indiferencia frente al dolor ajeno, genera una cultura del descarte (Papa Francisco), que termina erosionando tanto la legitimidad moral como la confianza pública.

En consecuencia, la transparencia no constituye únicamente una exigencia administrativa, sino una expresión concreta del respeto debido a la dignidad de las personas; y a sus legítimas expectativas de justicia.

En el caso de la iglesia católica, el Concilio Vaticano II anticipó en cierta medida este proceso, al reconocer la creciente autonomía de las realidades temporales; y la necesidad de una Iglesia más abierta al diálogo con el mundo moderno.

Documentos como Gaudium et Spes, subrayaron que la credibilidad eclesial, depende también de su capacidad para escuchar los signos de los tiempos; y responder con autenticidad a los desafíos históricos (Concilio Vaticano II. (1965). Constitución pastoral Gaudium et Spes. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice vaticana.).

Los medios de comunicación tampoco escaparon a esta dinámica. La irrupción de Internet y las redes sociales, modificó radicalmente el ecosistema informativo. La velocidad sustituyó a la reflexión, la viralidad desplazó muchas veces al análisis; y el espectáculo, comenzó a competir con la información (Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.).

El ya citado Jaime Durán Barba, ha sostenido que la revolución digital modificó radicalmente las reglas de la competencia política. En su interpretación, las redes sociales no constituyen únicamente nuevos canales de comunicación, sino espacios donde los ciudadanos, construyen identidades, expresan emociones; y participan en conversaciones horizontales, alejadas de las formas tradicionales de intermediación política.

En este contexto, la eficacia comunicativa, depende cada vez menos de los discursos ideológicos extensos; y más de la capacidad de comprender las preocupaciones concretas, los lenguajes cotidianos y los estados emocionales de los ciudadanos.

Desde la teoría democrática contemporánea, este fenómeno plantea un desafío central: la esfera pública, se fragmenta en múltiples espacios digitales, donde la información, la desinformación y la manipulación, conviven simultáneamente.

La calidad de la democracia depende cada vez más, de la capacidad ciudadana para discernir críticamente, entre hechos, opiniones e intereses (Habermas, J. (2022). Una nueva transformación de la esfera pública y la política deliberativa. Barcelona: Paidós.).

Desde la Comunicación Política, esta transformación puede interpretarse a la luz de la teoría de la esfera pública desarrollada por Jürgen Habermas (Habermas, J. (1962/1981. Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Gustavo Gili; 2022).

Mientras que las democracias modernas, dependían tradicionalmente de espacios relativamente compartidos de deliberación pública, las plataformas digitales, han fragmentado el debate político en múltiples comunidades informativas, que operan con lógicas diferenciadas.

Manuel Castells (2009), ha señalado que el poder contemporáneo, depende crecientemente de la capacidad para influir sobre los flujos de información; y construir significados compartidos dentro de una sociedad interconectada. Esta nueva realidad, modifica profundamente las formas tradicionales de participación ciudadana; y de formación de la opinión pública.

En el ámbito político, el agotamiento del modelo reformista, abrió espacio para nuevos liderazgos y discursos. El neopopulismo encontró terreno fértil en una sociedad cansada de promesas incumplidas; y de instituciones percibidas como lentas o ineficaces (Durán Barba, J., & Nieto, S. (2017). La política en el siglo XXI: arte, mito o ciencia. Buenos Aires: Debate.).

Ahora bien: El electorado costarricense, se ha vuelto progresivamente más crítico, informado y exigente, respecto del desempeño de las instituciones democráticas, fenómeno que Pippa Norris (2011) denomina “ciudadanos críticos”. Sin embargo, esta mayor capacidad de cuestionamiento a coexistido, con una creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales y las élites políticas.

Según Durán Barba y Nieto (2017), el debilitamiento de las identidades partidarias, la volatilidad electoral y la centralidad de las emociones en la política contemporánea, han favorecido el avance de liderazgos populistas y neopopulistas.

De este modo, mientras aumenta la exigencia ciudadana hacia la democracia, también se fortalecen discursos que apelan directamente al pueblo, cuestionan las mediaciones institucionales; y promueven formas más personalistas de representación política.

Desde la perspectiva de Durán Barba, este fenómeno no debe interpretarse exclusivamente como una reacción ideológica, sino también como una consecuencia de la transformación sociocultural de las sociedades contemporáneas.

El autor sostiene que los electores actuales, desconfían de los discursos excesivamente doctrinarios y valoran más, la autenticidad percibida, la cercanía emocional y la capacidad de los líderes para expresar, indignación frente a problemas concretos.

En consecuencia, el éxito de figuras consideradas antisistema, suele estar asociado a su capacidad para representar simbólicamente el malestar ciudadano, más que a la consistencia programática de sus propuestas.

La crítica a las élites tradicionales y la apelación directa al pueblo, se convirtieron en herramientas poderosas para movilizar apoyos. Sin embargo, detrás de esa narrativa, subyace una tensión fundamental: mientras la Costa Rica reformista, apostaba por fortalecer las instituciones, las corrientes neopopulistas, tienden a cuestionarlas; y a presentar la mediación institucional, como un obstáculo para la voluntad popular. Esta contradicción, refleja una lucha más profunda entre dos visiones de país.

La Psicología Política ha identificado que los contextos de incertidumbre social, inseguridad y fragmentación institucional, suelen favorecer la aparición de liderazgos personalistas. Karen Stenner (2005: The Authoritarian Dynamic. Nueva York: Cambridge University Press. (Traducción libre: La dinámica autoritaria).), sostiene que la percepción de amenaza, incrementa la demanda ciudadana de orden, cohesión y autoridad, mientras que Jonathan Haidt (2012: La mente de los justos: por qué la política y la religión dividen a la gente sensata. Barcelona: Deusto.), ha demostrado que, las preferencias políticas, se encuentran profundamente vinculadas a intuiciones morales y emociones colectivas.

Desde esta perspectiva, el crecimiento de discursos antisistema, no puede explicarse únicamente por factores ideológicos o programáticos, sino también, por la necesidad psicológica, de encontrar referentes capaces de ofrecer certidumbre en períodos de cambio acelerado.

Las ciencias políticas, advierten que el populismo, constituye un fenómeno ambivalente: puede expresar demandas legítimas de sectores excluidos, pero también puede debilitar los mecanismos de control y equilibrio indispensables, para la preservación del Estado democrático de derecho.

La Comunicación Política contemporánea, ha observado además un proceso creciente de personalización del liderazgo. Bernard Manin (1997: Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial.), describe este fenómeno como el tránsito hacia una democracia de audiencia, en la que los ciudadanos establecen vínculos cada vez más directos con figuras individuales; y cada vez menos con organizaciones partidarias tradicionales.

Las redes sociales han intensificado esta tendencia, al permitir una comunicación inmediata entre líderes y seguidores, reduciendo el papel mediador de partidos, medios de comunicación e instituciones intermedias. Esta dinámica, puede fortalecer la movilización política, pero también incrementar la polarización; y debilitar los mecanismos tradicionales de deliberación democrática.

Las investigaciones de Jaime Durán Barba, coinciden con esta interpretación, al señalar que la política del siglo XXI, se desarrolla en un contexto donde la figura del líder, adquiere una centralidad inédita.

La fragmentación de las audiencias, la crisis de los grandes relatos ideológicos; y la expansión de las redes digitales, favorecen relaciones más directas entre dirigentes y ciudadanos. Sin embargo, esta personalización, también puede debilitar las estructuras partidarias, reducir la deliberación programática; y aumentar la dependencia de factores emocionales, en la toma de decisiones políticas.

A pesar de todo, sería un error concluir que Costa Rica ha perdido completamente sus valores; o que su deterioro es irreversible. La historia nacional demuestra que las sociedades no avanzan en línea recta; y que, los períodos de crisis también pueden convertirse en oportunidades para la renovación.

La persistencia de organizaciones sociales, comunidades religiosas, centros académicos y ciudadanos comprometidos, demuestra que aún existen reservas morales capaces de sostener un proyecto colectivo (MacIntyre, A. (2001). Tras la virtud. Barcelona: Crítica.).

La Teología de la Liberación, ha insistido históricamente en que las crisis sociales no deben analizarse únicamente desde la perspectiva institucional, sino también, desde la realidad concreta de los sectores más vulnerables.

La expansión de la violencia, la desigualdad y la exclusión, constituyen desafíos éticos, que exigen una respuesta orientada a la justicia social y a la dignidad humana (Gutiérrez, G. (1971). Teología de la liberación: perspectivas. Salamanca: Sígueme.).

Esta perspectiva converge con la insistencia de la Exhortación Dilexi Te, en que la superación de la pobreza, requiere no sólo políticas públicas adecuadas, sino también una transformación cultural profunda.

La lógica de la acumulación ilimitada, del éxito individual como medida exclusiva del valor humano; y de la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, produce sociedades fragmentadas e incapaces de construir auténticas relaciones de solidaridad.

El Papa León XIV, profundiza esta preocupación en la Encíclica, Magnifica Humanitas, al sostener que el desarrollo de una nación, no puede medirse exclusivamente mediante indicadores económicos o de seguridad, sino también, por su capacidad para proteger la dignidad de cada persona, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Una sociedad verdaderamente humana, se reconoce por la centralidad que concede a la vida, a la solidaridad y a la inclusión de quienes corren el riesgo de ser descartados.

La gran pregunta para Costa Rica en 2026, no es únicamente cómo enfrentar la inseguridad, la corrupción o la polarización. La pregunta más profunda es: si el país será capaz de reconstruir un horizonte común. Durante décadas, la utopía costarricense, estuvo asociada a la paz, la solidaridad y la justicia social (Taylor, C. (2006). Imaginarios sociales modernos. Barcelona: Paidós.).

Durán Barba, ha advertido que los procesos de cambio político exitosos, requieren comprender las transformaciones culturales de la sociedad, antes que intentar restaurar mecánicamente, modelos del pasado (José Carlos Mariátegui, hablaría del espacio y tiempo histórico).

Desde esta óptica, la reconstrucción de un horizonte común para Costa Rica, no dependerá únicamente de recuperar instituciones históricas o narrativas tradicionales, sino de su capacidad para interpretar las nuevas demandas ciudadanas, especialmente aquellas vinculadas con la seguridad, la transparencia, la movilidad social; y el reconocimiento de las identidades individuales.

Hoy, cuando muchas de esas certezas parecen debilitadas, resulta necesario recuperar la capacidad de imaginar un futuro compartido. No para regresar nostálgicamente al pasado, sino para construir una nueva síntesis, que responda a los desafíos del presente.

La Teología del Pueblo, desarrollada principalmente en América Latina, ofrece una perspectiva particularmente relevante para esta reflexión. Según esta corriente, los pueblos poseen una sabiduría histórica y cultural, que constituye una reserva moral para enfrentar las crisis colectivas.

La reconstrucción nacional no puede imponerse desde arriba, ni surgir exclusivamente de las élites; requiere reconocer las experiencias, valores y aspiraciones presentes en la cultura popular (Scannone, J. C. (2017). La teología del pueblo: raíces teológicas del Papa Francisco. Santander: Sal Terrae.).
Desde esta misma óptica, la ya citada, Dilexi Te, recuerda que los pobres no son únicamente destinatarios de asistencia social, sino sujetos históricos, portadores de una dignidad irreductible y de una experiencia humana, que enriquece a toda la comunidad política.

Escuchar el clamor de quienes viven situaciones de exclusión, constituye una exigencia ética, pero también una condición necesaria, para la construcción de un proyecto nacional verdaderamente inclusivo.

Los casos de Celso Gamboa, “Pecho de Rata”, “Macho Coca” y “Diablo”, deben interpretarse desde esta perspectiva histórica más amplia. No son únicamente expedientes judiciales ni episodios policiales aislados.

Constituyen síntomas de transformaciones profundas, que involucran al Estado, la economía, la cultura política; y la ética pública. Son expresiones visibles de una crisis de confianza, que obliga a repensar las bases sobre las cuales se construye la convivencia democrática.

Desde las Relaciones Internacionales y las Ciencias Políticas, estos fenómenos reflejan la interacción entre factores globales y vulnerabilidades internas. Desde la reflexión teológica, revelan además una crisis ética, que interpela tanto a las instituciones como a las conciencias individuales.

Quizá la principal lección de estos veinticinco años para Costa Rica, sea que ninguna democracia puede sostenerse únicamente sobre leyes e instituciones. Requiere también, ciudadanos comprometidos con el bien común, capaces de defender la verdad, incluso cuando resulta incómoda.

La enseñanza convergente de Dilexit Nos y Magnifica Humanitas, apunta precisamente en esta dirección: las instituciones son indispensables, pero resultan insuficientes cuando se desvinculan de una cultura moral orientada por la dignidad humana, la verdad y la solidaridad. Ningún sistema político, puede permanecer estable, si los ciudadanos pierden la capacidad de reconocerse mutuamente, como miembros de una misma comunidad de destino.

Como advertía el maestro de las Ciencias Políticas, Manuel Formoso: Costa Rica necesita una revolución moral; no una revolución de violencia o de imposición, sino una revolución de responsabilidad, honestidad y servicio (Formoso (2001): ¿Quiénes mataron a Parmenio? La Nación 22 – 7 – 2001).

La teología católica clásica denominaría este proceso, una renovación de las virtudes cívicas y morales; el Concilio Vaticano II, lo entendería como una responsabilidad compartida, entre creyentes y ciudadanos en la construcción del bien común; la Teología de la Liberación, lo vincularía con la lucha contra las estructuras de exclusión e injusticia; y la Teología del Pueblo, lo concebiría como la recuperación de las reservas éticas presentes en la cultura nacional (Ellacuría, I. (1990). Filosofía de la realidad histórica. San Salvador: UCA Editores.).

Porque, al final, la fortaleza de una nación, no depende solamente de sus edificios públicos o de sus normas jurídicas, sino de la calidad ética de quienes la habitan. Y es precisamente ahí, donde se juega el futuro de Costa Rica.

En este sentido, la enseñanza de Dilexi Te, aporta una dimensión complementaria a la reflexión política y teológica desarrollada a lo largo de este ensayo. Una democracia sólida, no puede construirse únicamente sobre la eficiencia institucional o el crecimiento económico; necesita también una cultura de la fraternidad, una opción efectiva por los más vulnerables; y una comprensión de la dignidad humana, que rechace toda forma de exclusión.

La reconstrucción de Costa Rica exige, por tanto, no sólo reformas políticas o jurídicas, sino una renovación moral capaz de reconocer en cada persona —especialmente en quienes sufren pobreza, violencia o marginación— un sujeto de derechos, un miembro pleno de la comunidad nacional; y un protagonista indispensable del bien común.

En última instancia, el futuro de Costa Rica, dependerá de su capacidad para reconstruir simultáneamente la confianza institucional, la cohesión social; y el sentido moral de la vida pública. La democracia no es únicamente un régimen político; es también una cultura sustentada en la responsabilidad, la solidaridad y la búsqueda permanente del bien común.

Como recuerda León XIV, la calidad moral de una sociedad, se mide en buena parte por su capacidad de escuchar el grito de los pobres; y responder a él, con justicia. Una nación que pierde sensibilidad frente al sufrimiento de los más vulnerables, corre el riesgo de deteriorar no sólo sus vínculos sociales, sino también, los fundamentos éticos que sostienen su democracia.

Por el contrario, una comunidad política que sitúa la dignidad humana en el centro de sus decisiones, fortalece simultáneamente la cohesión social, la legitimidad institucional y la esperanza colectiva.

Las tesis de Jaime Durán Barba, aportan una conclusión complementaria a este análisis. Si la política contemporánea, se encuentra cada vez más influida por las emociones, las percepciones y la comunicación digital, la reconstrucción democrática, exige no solo fortalecer las instituciones, sino también, reconstruir los vínculos de confianza entre ciudadanos y dirigentes.

La legitimidad política del siglo XXI, dependerá tanto de la eficacia gubernamental, como de la capacidad de escuchar, comprender y representar, las preocupaciones reales de una ciudadanía cada vez más crítica, informada y autónoma.

Como sugieren tanto Dilexit Nos como Magnifica Humanitas, dicha reconstrucción exige algo más profundo que un cambio de políticas públicas o de liderazgos políticos: requiere una renovación ética, capaz de restablecer el valor de la persona humana, fortalecer los lazos de fraternidad; y recuperar la convicción de que el bien común, constituye una responsabilidad compartida.

Solo sobre esa base, podrá surgir una nueva síntesis histórica que permita a Costa Rica, afrontar los desafíos del siglo XXI, sin renunciar a los ideales de justicia, paz y solidaridad, que marcaron lo mejor de su tradición democrática.