Cambio Político Opinión y análisis
La factura democrática que las élites se niegan a leer
Ocean Castillo Loría
Politólogo y teólogo
Existe un error que se repite una y otra vez en los círculos políticos, académicos y mediáticos de América Latina: creer que el principal problema de nuestras democracias son los líderes neopopulistas.
No lo son.
El verdadero problema es que esos líderes existen porque otros fracasaron antes.
Rodrigo Chaves, Laura Fernández, Abelardo de la Espriella, Javier Milei o Nayib Bukele no aparecieron por generación espontánea. No son accidentes históricos. Son el resultado de sistemas políticos que dejaron de escuchar, de representar y de responder. Son la factura que la ciudadanía les está cobrando a unas élites que, durante años, confundieron gobernar con administrar (Recuérdese que, José Figueres Ferrer, decía que administrar, correspondía al corto plazo y el gobernar, era propio de mirar a largo plazo); y administrar con preservar privilegios.
Mientras buena parte de la oposición latinoamericana continúa obsesionada con denunciar los peligros del populismo, parece incapaz de responder una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué millones de ciudadanos decidieron abandonar a los partidos tradicionales?
La respuesta es sencilla y brutal.
Porque dejaron de sentirse representados.
Cuando la inseguridad aumenta, los salarios pierden poder adquisitivo, los servicios públicos se deterioran; y las instituciones parecen incapaces de resolver problemas concretos, la gente deja de preguntarse quién tiene la mejor teoría política. Comienza a preguntarse quién parece dispuesto a actuar.
Es ahí donde nace el fenómeno.
No estamos ante una crisis ideológica. Estamos ante una crisis de representación.
La crisis de representación que atraviesa América Latina, no puede comprenderse únicamente desde variables institucionales o económicas. También debe analizarse desde la comunicación política y la psicología política, disciplinas que han demostrado que las decisiones electorales, rara vez son exclusivamente racionales.
Durante décadas, buena parte de las élites políticas latinoamericanas, asumieron que la ciudadanía votaba a partir de programas de gobierno, ideologías o diagnósticos técnicos. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra algo distinto: las personas suelen decidir políticamente a partir de emociones, percepciones, identidades; y experiencias cotidianas.
Desde la psicología política, el ascenso de liderazgos como Rodrigo Chaves, Javier Milei, Nayib Bukele o Abelardo de la Espriella, puede interpretarse como una respuesta emocional colectiva frente a sentimientos de frustración, abandono, inseguridad e impotencia. Cuando amplios sectores sociales perciben que las instituciones no resuelven sus problemas concretos, se incrementa la búsqueda de figuras que transmitan seguridad, autoridad y capacidad de acción.
Este fenómeno fue anticipado por Jaime Durán Barba, uno de los consultores políticos más influyentes de América Latina. Durán Barba, sostuvo que el elector contemporáneo ya no se comporta como el ciudadano ideológico del siglo XX. En su lugar, emerge un votante emocional, desconfiado de las estructuras tradicionales; y más receptivo a liderazgos que logran establecer conexiones afectivas directas.
Desde esta perspectiva, el éxito de muchos liderazgos neopopulistas no radica únicamente en sus propuestas, sino en su capacidad para interpretar estados de ánimo colectivos. Comprenden que la política contemporánea, se libra tanto en el terreno de las emociones como en el de las ideas. Mientras los partidos tradicionales, continúan hablando frecuentemente en el lenguaje de los diagnósticos técnicos, estos liderazgos, hablan en el lenguaje del enojo, la esperanza, la indignación o la reivindicación.
Por eso, el problema de las fuerzas democráticas, no consiste únicamente en construir mejores programas de gobierno. Consiste también en reconstruir vínculos emocionales de confianza con una ciudadanía que, en muchos casos, siente que dejó de ser escuchada.
Existe además una dimensión cultural y ética, que ayuda a comprender la actual transformación política latinoamericana.
La Teología de la Liberación, desarrollada por pensadores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y Jon Sobrino, planteó que las instituciones políticas y económicas, debían ser analizadas desde la perspectiva de los sectores excluidos. Su preocupación central, no era únicamente la pobreza material, sino las estructuras que producían exclusión, desigualdad y ausencia de participación.
Décadas después, muchas de las demandas que alimentan el surgimiento de liderazgos antisistema, reflejan precisamente esa sensación de exclusión. No necesariamente porque los ciudadanos rechacen la democracia, sino porque perciben que los beneficios de la democracia no llegan de manera efectiva a sus vidas.
La Teología del Pueblo, corriente desarrollada principalmente en Argentina por autores como Lucio Gera, Rafael Tello y posteriormente, asumida por el papa Francisco, aporta un matiz adicional. Esta tradición sostiene que el pueblo no debe entenderse como una masa manipulable, ni como una categoría meramente electoral. Constituye una comunidad histórica y cultural portadora de valores, memoria y sabiduría propia.
Desde esta óptica, los fenómenos políticos contemporáneos, obligan a formular una pregunta incómoda para las élites latinoamericanas: ¿Escucharon realmente al pueblo o simplemente hablaron en su nombre?
La emergencia de liderazgos neopopulistas, puede interpretarse, en parte, como la expresión de sectores sociales que sienten que, durante años, fueron observados desde arriba, pero raramente escuchados desde dentro. La reacción contra las élites políticas, mediáticas y académicas, encuentra explicación en esa percepción de distancia cultural entre quienes gobiernan y quienes viven los problemas cotidianos.
Sin embargo, tanto la Teología del Pueblo como la Teología de la Liberación, contienen una advertencia relevante para el presente. Reconocer la voz del pueblo no significa identificar automáticamente al pueblo, con un líder determinado. Ningún gobernante puede atribuirse de manera exclusiva, la representación total de la voluntad popular.
Precisamente porque el pueblo es plural, diverso y complejo, necesita instituciones que permitan la convivencia democrática de sus diferencias.
La paradoja contemporánea, consiste en que muchos liderazgos emergen denunciando correctamente una crisis de representación, pero corren el riesgo de debilitar los mecanismos institucionales, que permiten que esa representación siga siendo democrática.
Por ello, el desafío latinoamericano, no consiste únicamente en restaurar la confianza en las instituciones. Consiste también en reconstruir una política capaz de escuchar genuinamente a los sectores populares, comprender sus emociones, reconocer sus identidades; y responder a sus demandas sin sacrificar los principios republicanos, que garantizan la libertad de todos.
Durante décadas, los grandes partidos latinoamericanos funcionaron como intermediarios entre la sociedad y el Estado. Hoy, en muchos países, han dejado de cumplir esa función. La consecuencia es visible: los programas políticos pierden importancia; y los liderazgos personales ocupan el centro del escenario.
La política ya no gira alrededor de proyectos colectivos. Gira alrededor de figuras capaces de conectar emocionalmente con el malestar social.
Por eso, quienes reducen el fenómeno a una disputa entre izquierda y derecha, están mirando el problema equivocado.
Lo que está ocurriendo es mucho más profundo.
Estamos asistiendo a una transformación de la democracia representativa.
El ciudadano promedio ya no deposita su confianza en partidos, ideologías o instituciones. La deposita en líderes. Y cuando la política se organiza alrededor de líderes, inevitablemente aparece una tensión entre autoridad e institucionalidad.
Aquí comienza el verdadero debate.
Porque una cosa es comprender por qué surgen estos liderazgos. Otra muy distinta, es ignorar los riesgos que pueden generar.
La historia política demuestra que el liderazgo carismático, puede movilizar sociedades, impulsar reformas y romper inercias burocráticas. Pero también, puede debilitar los contrapesos que protegen la libertad.
Cuando un gobernante empieza a presentarse como la única voz legítima del pueblo, la democracia entra en una zona de riesgo.
La crítica deja de ser vista como una discrepancia legítima.
Se convierte en traición.
La oposición deja de ser adversario.
Se transforma en enemiga.
Las instituciones dejan de ser controles.
Pasan a ser obstáculos.
Y la prensa, deja de cumplir una función democrática, para convertirse en blanco permanente de ataques.
Existe, además, un fenómeno que América Latina ha comenzado a experimentar con creciente frecuencia; y que ayuda a comprender la magnitud del problema: los empates técnicos electorales.
Durante los últimos veinte años, México (2006), El Salvador (2014), Perú (2016), Perú (2021), Honduras (2025) y nuevamente Perú (2026), han enfrentado procesos presidenciales tan ajustados, que los números, por sí solos, fueron incapaces de producir una respuesta inmediata. Cuando las diferencias entre candidatos se reducen a décimas porcentuales, la legitimidad deja de depender exclusivamente de los votos; y pasa a descansar, sobre otro elemento igual o más importante: la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del conteo.
Ese es precisamente el gran desafío democrático de nuestro tiempo.
Las democracias consolidadas pueden soportar elecciones extremadamente reñidas, porque existe confianza en las autoridades electorales. Pero, cuando esa confianza, se encuentra debilitada, cada minuto de incertidumbre se convierte en un espacio disponible para la sospecha, la polarización y las narrativas de fraude.
México, en 2006, constituye un ejemplo paradigmático. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, fue de apenas 0,6%. La prolongada espera para la resolución definitiva, no solo retrasó la proclamación del ganador; también alimentó durante años, una narrativa de ilegitimidad, que terminaría transformando profundamente la política mexicana. Perú, vivió situaciones similares en 2016, 2021 y nuevamente en 2026. Honduras, por su parte, mostró en 2025, cómo la interrupción de la transmisión de resultados, puede convertir el vacío informativo, en un acelerador de la desconfianza colectiva.
La lección es evidente: la transparencia en tiempo real, no constituye un lujo administrativo. Es una condición indispensable de la legitimidad democrática.
Cuando los ciudadanos dejan de confiar en los árbitros, los números dejan de ser suficientes. Y cuando los números dejan de ser suficientes, la política deja de girar alrededor de hechos verificables, para comenzar a girar alrededor de emociones, percepciones y agravios.
No es casualidad que los liderazgos neopopulistas encuentren terreno fértil, precisamente, en esos contextos. Allí donde las instituciones pierden credibilidad, los caudillos ofrecen certezas. Allí donde los procedimientos generan dudas, aparecen quienes prometen encarnar directamente la voluntad popular. Allí donde la ciudadanía deja de creer en las reglas, comienza a depositar su esperanza en personas.
Por eso, la defensa de la democracia, no pasa únicamente por ganar elecciones. Pasa por preservar la confianza en las instituciones que las administran. Sin árbitros creíbles, toda democracia corre el riesgo de transformarse en una disputa permanente, sobre quién ganó realmente.
Pero existe un fenómeno todavía más preocupante que los empates técnicos: la creciente disposición de ciertos actores políticos, a cuestionar las reglas democráticas cuando los resultados no les favorecen.
La experiencia peruana de 2026 resulta particularmente ilustrativa.
Tras la primera vuelta presidencial, el ascenso de Roberto Sánchez al segundo lugar, abrió la posibilidad de una competencia electoral, que no figuraba en los cálculos de los sectores dominantes tradicionales. Lo que siguió, no fue únicamente una disputa electoral. Fue una disputa por la legitimidad misma del resultado.
La lentitud del escrutinio, la revisión de actas observadas y diversos problemas logísticos, fueron utilizados para construir una narrativa de fraude sin evidencia concluyente. La extrema derecha peruana, intentó transformar dificultades administrativas, en argumentos políticos, para modificar las condiciones de la competencia electoral. Las presiones sobre los organismos electorales, los cuestionamientos a las autoridades encargadas del conteo; y las propuestas para repetir votaciones en determinadas zonas, revelaron algo más profundo que una simple controversia procedimental.
Revelaron la fragilidad de la cultura democrática latinoamericana.
Cuando las élites políticas aceptan las reglas únicamente mientras producen resultados favorables, la democracia deja de ser un sistema de normas compartidas, para convertirse en una lucha permanente por controlar a los árbitros.
Lo ocurrido en Perú, debe analizarse más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar cualquier candidatura. La cuestión fundamental es otra: el respeto al voto popular.
En una democracia auténtica, el principio rector no consiste en garantizar la victoria de determinados sectores políticos. Consiste en garantizar que la ciudadanía, pueda decidir libremente quién gobierna. Cuando los resultados son impugnados sin pruebas sólidas, cuando se intenta desplazar de la competencia, a candidatos respaldados por sectores populares; o cuando se busca alterar las reglas después de emitido el voto, la legitimidad institucional comienza a deteriorarse peligrosamente.
La paradoja es evidente. Muchos de los actores que se presentan como defensores de la democracia liberal, terminan debilitándola, cuando perciben amenazados sus intereses políticos. De igual manera, numerosos liderazgos populistas, que denuncian las limitaciones de las élites, terminan erosionando los contrapesos institucionales una vez que alcanzan el poder.
Ambos fenómenos nacen de una misma enfermedad: la incapacidad de aceptar que la democracia implica incertidumbre.
La democracia obliga a aceptar la posibilidad de perder.
Y precisamente, porque obliga a aceptar esa posibilidad, requiere instituciones fuertes, árbitros creíbles y reglas respetadas por todos los participantes.
El caso peruano demuestra que la crisis de representación que atraviesa América Latina, ya no se manifiesta únicamente en el surgimiento de liderazgos antisistema. También se expresa en la creciente tentación de desconocer la voluntad popular, cuando ésta rompe los equilibrios tradicionales del poder.
En ese sentido, el desafío democrático contemporáneo, no consiste solamente en contener los excesos del populismo. Consiste también, en impedir que, la defensa del statu quo, termine convirtiéndose en una forma sofisticada de cuestionar la soberanía popular.
Sin embargo, sería un error atribuir todos los riesgos democráticos, exclusivamente al neopopulismo.
La experiencia reciente del Perú, demuestra que las amenazas a la democracia, pueden provenir también de actores plenamente integrados al sistema político.
La victoria de Keiko Fujimori en 2026, constituye un caso particularmente revelador. Después de una década marcada por la inestabilidad institucional, la fragmentación partidaria y el desgaste de la representación política, una parte importante de la sociedad peruana, encontró en el discurso del orden, una respuesta a la incertidumbre acumulada.
El fenómeno merece atención, porque desafía algunas de las categorías tradicionales con las que solemos analizar, la política latinoamericana.
Fujimori no es una outsider.
No es una figura antisistema.
No llegó al poder enfrentándose a las instituciones.
Por el contrario, representa uno de los proyectos políticos más organizados y disciplinados, del Perú contemporáneo.
Y precisamente por eso, el caso resulta tan relevante.
Con frecuencia se asume que los principales peligros para la democracia, provienen de líderes carismáticos que atacan frontalmente las instituciones. Pero la experiencia peruana sugiere, una advertencia distinta: las instituciones también pueden ser erosionadas gradualmente, por actores políticos profesionales que afirman defender el orden, la estabilidad y la gobernabilidad.
El problema no es únicamente quién ocupa el poder.
También importa cómo se ejerce.
Durante los últimos años, amplios sectores de la sociedad peruana, expresaron un profundo sentimiento antiestablishment. Sin embargo, la fragmentación de las fuerzas democráticas; y la incapacidad de construir concertaciones mínimas, permitieron que opciones políticas con apoyos relativamente reducidos, terminaran disputándose la conducción del Estado.
La paradoja es evidente.
Mientras los ciudadanos reclamaban cambios profundos frente al deterioro institucional, las fuerzas opositoras, fueron incapaces de articular una alternativa suficientemente amplia, para canalizar ese descontento.
La consecuencia fue un escenario de polarización extrema, donde amplios sectores del electorado, percibían ambas opciones como amenazas.
Este fenómeno trasciende al Perú.
También aparece en otros países latinoamericanos, donde la crisis de representación ha fragmentado los sistemas partidarios; y debilitado los espacios de mediación política.
Cuando los partidos dejan de cumplir su función representativa, la política se convierte en una disputa entre minorías intensamente movilizadas. Y cuando las mayorías sociales, carecen de instrumentos eficaces para expresar sus demandas, los proyectos más organizados, suelen obtener ventajas desproporcionadas.
La lección resulta especialmente relevante para Costa Rica.
Las democracias no se deterioran únicamente cuando emergen líderes, que cuestionan las instituciones.
También pueden debilitarse, cuando las fuerzas democráticas son incapaces de construir acuerdos mínimos para defenderlas.
Porque la historia política latinoamericana, demuestra una verdad incómoda: no siempre son los caudillos quienes heredan el poder. En ocasiones, basta una oposición fragmentada, una ciudadanía desencantada; y unas instituciones debilitadas, para que proyectos cada vez más autoritarios encuentren el camino despejado.
En ese sentido, la defensa de la democracia, exige algo más que denunciar los excesos del populismo; o los riesgos del autoritarismo. Exige reconstruir los mecanismos de representación política, que permiten convertir el descontento social, en proyectos colectivos, capaces de gobernar sin destruir los equilibrios republicanos.
Ese sigue siendo el gran desafío latinoamericano del siglo XXI.
Costa Rica no es ajena a esta realidad.
Durante décadas, construyó una reputación internacional basada en el respeto institucional, la estabilidad democrática, el multilateralismo y el liderazgo ambiental. Esa imagen, no surgió por casualidad. Fue el resultado de generaciones enteras que entendieron que, la fortaleza de una República, no depende únicamente de quién gobierna, sino de las reglas que limitan a quien gobierna.
Sin embargo, el ciclo político inaugurado por Rodrigo Chaves y prolongado por Laura Fernández, plantea interrogantes legítimas sobre el futuro de esa tradición republicana.
No porque Costa Rica haya dejado de ser una democracia.
No porque exista una dictadura.
Si no, porque la confrontación permanente con órganos de control, la descalificación de actores críticos, la personalización del poder; y la narrativa de refundación institucional, representan una ruptura cultural con el estilo político, que históricamente caracterizó al país.
El daño más importante no ocurre dentro de Casa Presidencial.
Ocurre en la percepción de que las instituciones, dejan de ser espacios de equilibrio, para convertirse en escenarios de combate.
Y cuando eso sucede, la democracia comienza a perder algo tan valioso como difícil de recuperar: la legitimidad (Recordamos al politólogo Constantino Urcuyo, quien muy claramente, ha definido la distinción entre: legitimidad de derecho, que es la que queda definida en la Constitución Política; y la legitimidad de hecho, que es, la que los actores políticos, construyen y administran, cotidianamente).
Lo mismo puede decirse de Colombia.
La emergencia de Abelardo de la Espriella, no debe interpretarse únicamente como un avance electoral de la derecha. Debe entenderse, como la expresión de un agotamiento político. Como ocurrió antes con Gustavo Petro, amplios sectores sociales, buscan una ruptura con un sistema que consideran incapaz de resolver problemas fundamentales.
La pregunta central no es: si América Latina gira hacia la derecha o hacia la izquierda.
La pregunta es otra.
¿Serán capaces estos nuevos liderazgos, de responder a las demandas ciudadanas, sin destruir los mecanismos que garantizan la libertad?
Porque la democracia no fracasa únicamente cuando los gobiernos son débiles.
También puede fracasar cuando los gobiernos son tan fuertes que dejan de reconocer límites.
Y ahí reside la gran paradoja de nuestro tiempo.
Los neopopulismos nacen denunciando una crisis real de representación.
Pero corren el riesgo, de profundizar otra crisis igual de peligrosa: la crisis de las instituciones.
Por eso, el desafío para las fuerzas democráticas, no consiste en demonizar a los nuevos liderazgos. Tampoco en idealizar a las viejas élites.
Consiste en reconstruir la representación política antes de que la frustración ciudadana, termine convirtiendo la democracia, en un simple plebiscito permanente entre líderes carismáticos y pueblos decepcionados.
La historia enseña que ninguna República, muere de un día para otro.
Se desgasta lentamente.
Pierde prestigio.
Pierde credibilidad.
Pierde confianza.
Y cuando finalmente se descubre el deterioro, normalmente ya es demasiado tarde.
Costa Rica y Colombia todavía están a tiempo de evitar ese desenlace.
Pero para lograrlo, deberán recordar una verdad elemental que parece haberse extraviado en medio de la polarización contemporánea:
La democracia no consiste únicamente en escuchar la voz de la mayoría.
Consiste también, en proteger las instituciones que impiden que cualquier mayoría, por más legítima que sea, pueda hacerlo todo.
