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| 18 DE FEBRERO DE 2016
La instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela a comienzos de 2016 fue acompañada por diversos actores políticos y la opinión pública internacional como un momento de reafirmación democrática en esa nación latinoamericana. Los países de esa región del mundo y tantos otros en diversos continentes han estado siguiendo estos últimos años con preocupación, y más que eso, con angustia, la zozobra de la sociedad, la economía y la convivencia en Venezuela. El deterioro de su vida institucional, el incremento de la violencia, la persistencia de conductas contrarias a valores compartidos por la comunidad de las naciones democráticas, junto a la existencia de presos políticos, contribuyó a profundizar un sentimiento de alarma entre los demócratas de distintas regiones y signos políticos.
Las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre último, sin embargo, más allá de sus resultados, permitieron confirmar con la alta movilización de la sociedad, con el aún existente y firme espíritu cívico de los venezolanos, y con la fe en la democracia como el camino único compartido por la gran mayoría de los ciudadanos de ese país, la confianza en los mecanismos e instituciones de esta para dirimir y generar los consensos y las vías para avanzar y construir un futuro por y para todos los venezolanos.
Así, desde el inicio de este año, hemos estado siguiendo con gran interés, así como tantos otros, el devenir de la vida política en Venezuela, donde hoy un Ejecutivo de una identidad debe compartir e interactuar en el marco del funcionamiento de la democracia, como la entendemos todos y como está previsto en la constitución venezolana, con otro poder del Estado, el Legislativo, cuya clara mayoría representa una abrumadora sensibilidad en favor del diálogo, el respeto mutuo en la diversidad y una voluntad de construir un camino de inclusión para todos los ciudadanos.
Sin embargo, una nueva y grave anomalía ha aparecido en el marco de la democracia venezolana, la que a pesar de los recientes desarrollos que permitieron la instalación de esta nueva Asamblea Nacional, ha irrumpido, alejando a Venezuela del orden democrático e institucional previsto en su constitución y del claro y legítimo mandato de los ciudadanos en las elecciones de diciembre último.
El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, cuya integración y renovación de miembros en los últimos días de la anterior legislatura, después que hubiera sido conocida la nueva composición de la Asamblea Nacional, pasa hoy por encima de la voluntad soberana de esta y desconoce sus decisiones, transformándose en una suerte de segunda cámara no prevista en la constitución, como hubiera sido el caso en pasados días cuando confirmó el decreto de emergencia económica y los poderes especiales que se auto-atribuyera el presidente Maduro, lo que fue expresamente rechazado con anterioridad por la Asamblea.
La Internacional Socialista eleva hoy su voz en defensa de la democracia en Venezuela, por el respeto a la voluntad de cambio expresado en las urnas por los ciudadanos de ese país, por el respeto a la separación de los poderes y por ende a la Asamblea Nacional, y en un día como hoy, en el que se cumple el segundo año como prisionero político de Leopoldo López y cuando continúan Manuel Rosales y Antonio Ledezma, así como otros ciudadanos, privados de su libertad por razones políticas, saludamos la aprobación en primera discusión por la Asamblea de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
