Cambio Político Opinión y análisis
Ricardo Castro Calvo
Corrales somete a examen la denominación «economía Jaguar» y contrasta el entusiasmo que despertó con la evolución de la producción, el empleo, los precios y las finanzas públicas. Su exposición reconoce un crecimiento importante durante el período estudiado, pero señala diferencias entre sectores y síntomas de desaceleración. Esa combinación merece una lectura cuidadosa: los logros pueden ser reales y, al mismo tiempo, insuficientes para responder a las necesidades del conjunto del país.
Costa Rica ha construido capacidades productivas que merecen reconocimiento. El dinamismo exportador y la atracción de inversiones representan oportunidades valiosas. Su alcance, sin embargo, debe examinarse junto con las condiciones de las empresas nacionales y las posibilidades de quienes buscan incorporarse a las actividades de mayor productividad. Una economía puede exhibir resultados destacados mientras una parte considerable de su población encuentra dificultades para participar de ellos.
La diferencia que Corrales presenta entre los sectores más dinámicos y aquellos que concentran buena parte del empleo conduce a una pregunta sobre nuestro modelo de desarrollo. ¿Estamos creando las condiciones para que más personas y empresas accedan a las oportunidades que el país genera?
Responder exige mirar la formación técnica, el dominio de idiomas, la infraestructura y el acceso al financiamiento. También requiere comprender las barreras que enfrentan las pequeñas empresas para convertirse en proveedoras de actividades más sofisticadas. La prosperidad adquiere profundidad cuando amplía capacidades dentro del territorio y permite que el lugar de nacimiento o la condición familiar pesen menos sobre el futuro de una persona.
El empleo ocupa un lugar central en esta reflexión. Corrales advierte que la reducción del desempleo debe leerse junto con la disminución de la participación laboral y el modesto aumento neto de la ocupación que registra su comparación. Es una advertencia pertinente: una tasa favorable necesita examinarse a la luz de las trayectorias humanas que contiene.
Quien deja de buscar trabajo puede hacerlo por razones diversas. Conocerlas resulta indispensable para formular respuestas. Las responsabilidades de cuido, la continuidad de los estudios, la salud o el desaliento plantean necesidades diferentes. El dato agregado abre una investigación; no la sustituye.
Detrás de esa discusión está la autonomía de las personas. El trabajo permite sostener un hogar, desarrollar capacidades y participar en la vida colectiva. Cuando las oportunidades son insuficientes, se restringe también la posibilidad de decidir sobre la propia vida. Por eso, la calidad del desarrollo debe considerar cuántas puertas abre y para quiénes permanecen cerradas.
La exposición ofrece otra observación relevante al distinguir el comportamiento de los precios según los ingresos de los hogares. Una inflación general baja puede coexistir con mayores presiones sobre quienes destinan una proporción elevada de su presupuesto a alimentos y vivienda. Las familias viven la economía desde una combinación concreta de gastos, ingresos y obligaciones.
Esa diferencia ayuda a comprender por qué un anuncio favorable puede no producir alivio en muchos hogares. Su experiencia merece atención. Escucharla permite identificar aquello que el promedio nacional deja menos visible y orientar mejor las decisiones públicas.
La crítica de Corrales a la política monetaria y cambiaria introduce, a su vez, un debate sobre la distribución de sus efectos. Un dólar más barato puede favorecer determinadas compras y aliviar algunas obligaciones, mientras reduce los ingresos en colones de actividades que venden en moneda extranjera. Evaluar estas decisiones exige considerar sus consecuencias sobre distintos sectores y horizontes de tiempo.
La autonomía del Banco Central debe acompañarse de explicaciones claras y de una discusión técnica abierta al escrutinio. Las relaciones causales que propone el expositor merecen contrastarse con otras evidencias y perspectivas. La seriedad del debate aumenta cuando se reconocen tanto los efectos adversos como los beneficios y las restricciones de cada alternativa.
En las finanzas públicas aparece una responsabilidad semejante. La sostenibilidad de la deuda importa porque condiciona las posibilidades futuras del Estado. También importa la capacidad presente para educar, cuidar, brindar seguridad y mantener infraestructura. El rigor fiscal exige examinar la calidad del gasto, la suficiencia de los ingresos y las consecuencias de postergar inversiones necesarias.
Un país necesita conocer qué obligaciones está trasladando al futuro. Algunas figuran en sus cuentas financieras; otras se acumulan cuando una generación recibe una educación insuficiente o cuando se deterioran servicios esenciales. Ambas comprometen las oportunidades de quienes vienen después.
El tono severo con que Corrales concluye su exposición expresa alarma. Considero que el mayor valor de su aporte está en las preguntas que obliga a enfrentar y en las decisiones que podrían desprenderse de ellas. Las señales de desaceleración deben conducir a examinar sus causas, reconocer vulnerabilidades y preparar respuestas. Todavía existe una diferencia decisiva entre advertir un riesgo y resignarse a su cumplimiento.
Costa Rica necesita una conversación económica capaz de reconocer lo que funciona y de corregir aquello que limita sus posibilidades. Esa conversación requiere evidencia, disposición para escuchar y responsabilidad para explicar los costos de las decisiones.
La responsabilidad principal de encontrar respuestas corresponde a quienes gobiernan. Les compete convertir el diagnóstico en decisiones, construir los acuerdos necesarios y establecer una ruta con prioridades, plazos y resultados que la ciudadanía pueda evaluar. Cada dificultad que se prolonga tiene consecuencias en hogares que necesitan empleo, ingresos suficientes y servicios públicos capaces de responder.
La confianza recibida en las urnas constituye un mandato para asumir esa tarea. Obliga a reconocer los problemas, corregir lo que no funciona y rendir cuentas sobre las soluciones. La complejidad de las circunstancias exige mayor capacidad de conducción; no exime de responsabilidad.
Los ciudadanos confiaron al gobierno la autoridad y los recursos públicos para mejorar sus condiciones de vida. Honrar esa confianza exige encontrar caminos, abrir posibilidades y demostrar resultados. Resolver en beneficio de la ciudadanía es la obligación por la cual fueron elegidos.
