Cambio Político Opinión y análisis
20 de octubre, 2026
Corresponsal de IPS
GINEBRA – Expertos de la Naciones Unidas criticaron la realización de festejos en Villa Bavaria, antiguo recinto de la tristemente célebre Colonia Dignidad de Chile, donde se cometieron actos de tortura, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos durante y después de la dictadura.
“Nos consterna que se puedan celebrar festejos en un lugar donde se perpetraron graves violaciones de los derechos humanos y cuya expropiación estaba prevista”, señalaron en una declaración este martes 20 las personas expertas que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
Agregaron que “dado que en las próximas semanas están previstas otras actividades de similar naturaleza, instamos a las autoridades chilenas a que adopten las medidas necesarias para evitar la revictimización y preservar las pruebas pertinentes”.
La Colonia Dignidad, fundada en 1961 por emigrantes alemanes bajo el liderazgo del predicador Paul Schäfer, como una explotación agrícola a 350 kilómetros al sur de Santiago de Chile, contribuyó con las operaciones represivas de las fuerzas armadas chilenas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
En sus instalaciones se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, actos de tortura, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
Se estima que más de 100 personas podrían haber sido víctimas de desaparición forzada en Colonia Dignidad. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados, exhumados e incinerados en el propio recinto, recordaron los expertos.
“Colonia Dignidad es un lugar donde se perpetraron algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia de Chile. No puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento”, subrayaron.
En 1991, tras el regreso de la democracia a Chile, el nombre de la colonia se cambió a Villa Baviera, y paulatinamente la sociedad chilena descubrió las atrocidades cometidas allí durante la dictadura y el régimen opresivo y de abusos sexuales vivido por las familias de los colonos durante años.
Acusado de abuso sexual a niños, Schäfer huyó en 1997, fue capturado en 2005 en Argentina, extraditado a Chile, juzgado y condenado por delitos de agresión sexual a niños, homicidio y lesiones. Murió en prisión en 2010.
En julio de 2025, el entonces presidente izquierdista Gabriel Boric (2022-2026) decretó la expropiación de 117 hectáreas del enclave, para levantar allí un sitio de memoria que recordase a las víctimas que estuvieron en ese centro de detención y tortura durante la dictadura.
En marzo de 2026, alegando razones presupuestarias y falta de fondos, el gobierno del nuevo presidente, José Antonio Kast, de extrema derecha, suspendió la expropiación y realización del proyecto.
Actualmente Villa Baviera funciona como un grupo de empresas en manos de 128 accionistas, con el grupo inversor Cerro Florido como casa matriz, y ofrece desde productos agrícolas hasta servicios turísticos, de recreación, reuniones y festejos.
“Hemos tenido conocimiento de la celebración de bodas y festejos Villa Baviera. Cualquier uso del lugar debe respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuir a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, en lugar de socavarlas”, señalaron las personas expertas en derechos humanos.
Argumentaron que “la memorialización es un proceso a largo plazo que tiene éxito cuando las autoridades públicas acogen perspectivas diversas y colaboran de manera cercana con la sociedad civil para fomentar la participación, el diálogo y la apropiación colectiva de estos espacios”.
“Estos lugares ofrecen a la sociedad la oportunidad de reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la violencia del pasado, así como sobre las responsabilidades por las violaciones cometidas”, agregaron.
Instaron a las autoridades chilenas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de revictimización y cualquier uso del recinto que pueda poner en peligro la recopilación y preservación de pruebas.
Asimismo, a “garantizar que se lleve a cabo la expropiación del antiguo recinto de Colonia Dignidad, permitiendo la participación de los familiares en todas las etapas del proceso y asegurando que este se desarrolle de manera digna”.
Firmaron la declaración el investigador español Pau Pérez-Sales, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que preside la jurista polaca Grażyna Baranowska.
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