Chaves se compra la bronca con la oligarquía tica

Progresemos

Carlos Manuel Echeverria Esquivel

Carlos Manuel Echeverría

Muy bien el artículo de Johnny Soto Zúñiga del 4 de julio en cambiopolpitico.com “Los oligarcas ticos y la institucionalidad pública”. Me motivó su lectura a comentar sobre el inicio del presente gobierno que me parece arrancó bien, comprándose broncas que pocos han querido comprarse y cuando lo han hecho no han salido abantes. Aclaro que no conozco al señor presidente, no voté por él y como “linethista” fui crítico de él en campaña.

No me pareció mal la visita a la Corte Suprema de Justicia. ¿Porqué no puede el presidente clamar en la CSJ? Le resto importancia al tema “canalla”, que ha sido usado por algunos para desviar la atención del problema de fondo: la justicia pronta y cumplida, algo en lo que estamos mal en Costa Rica. La desconfianza en que la justicia no sea ni justa ni de impartición rápida afecta la seguridad, pues los cacos sienten que vale la pena tomarse el riesgo, las personas se toman la justicia por sus manos según su percepción, la producción y la inversión se afectan negativamente, los valores se deterioran y al final todos sufrimos. Además sale innecesariamente cara por la cantidad de recursos que se invierten en procesos interminables que muchas veces terminan en nada. Supongo que la moral de quienes trabajan en los temas legales desde la Corte y con buena intensión se viene abajo. Nuestras leyes tienden a ser flojas y siendo un país con tendencia legalista, hay mucha sobreposición jurídica. Entiendo que está la intención de dar una bienvenida e impostergable “limpia”.

El presidente Chaves es el primero en lustros que valora y aplica con la consistencia como debe de ser la Ley General de la Administración Pública 6227. Esta ley ha fortalecido desde su promulgación en 1978 la figura de la directriz política presidencial, que se implementa por la vía de los ministros de cada ramo o sector, colaboradores obligados del presidente de la república y quienes deben asegurarse de que en el ámbito institucional de su sector la directriz se cumpla. El incumplimiento de la directriz, si no media razón objetiva, puede terminar en despido sin responsabilidad patronal, como lo ha dicho el presidente en el caso de los puentes Bailey de la trocha o en el caso del absurdo reglamento que burócratas de nivel medio prepararon para la ley de trabajadores nómadas. En ambos casos “se pusieron las pilas”. Mediante la directriz política se ordena el aparato estatal y se trabaja en función a objetivos definidos y ojalá con sus metas. Es el estilo gerencial correcto de sector público.

Ligado a lo anterior está un comentario de don Johnny que refleja frustración en cuanto a la descentralización y la desconcentración. La descentralización incluye total independencia política en lo razonable. No puede por ejemplo la CSJ, las entidades miembros del CONARE o el TSE ignorar directrices de la Comisión Nacional de Emergencias cuando se presente una situación de apremio nacional. Así mismo, no pueden tener su propia política exterior, independiente de los temas mayores de la política exterior, resorte del Poder Ejecutivo. Hay más ejemplos.

Desde mi punto vista la descentralización en Costa Rica tiene claro oscuros. El régimen municipal, por ejemplo, abusa de los privilegios que bien intencionadamente y para fortalecer el poder local, el más cercano al ciudadano, se le han otorgado por Constitución y legislación derivada. Las municipales se portaron mal cuando politiqueramente se les eximió de la regla fiscal; de nada le sirvió al PAC empujar la alcahuetería que inclusive originó la renuncia como ministro de Hacienda del hoy presidente Chaves. Y ahora vemos que entre sus muchos abusos está el hacer olio de dietas pagadas innecesariamente.

Pareciera que a nivel de gobierno local escasea la ética y moral y abunda el arribismo. Dudo que la gestión de los alcaldes valga la millonada que se les paga. Y en lugar de refundir municipios para darles mayor economía de escala y reducir costos, se están creando más, como si los recursos del estado y de los ciudadanos fueran infinitos. Los municipios poco fomentan la participación ciudadana en su ámbito. Hay otras formas de fomentarla; por la vía de la estructura de Consejos de Desarrollo Regional por ejemplo, al amparo de la ley 5525 de planificación nacional. En los Consejos participan los municipios por supuesto.

La desconcentración de la se habla mucho en el Poder Ejecutivo y que ha traído beneficios pero no en su pleno potencial no ha sido bien entendida. Todavía hay funcionarios que creen que las empresas y otras instancias públicas del Poder Ejecutivo son políticamente descentralizadas, aunque sus jerarcas siguen hablando de desconcentración. Si fueran descentralizadas políticamente cada una haría lo que quiere, lo que desembocaría en un sector público ingobernable. Son hasta cierto punto, descentralizadas administrativamente, pues deben seguir regulaciones propias de un Estado consolidado. Políticamente se rigen por las directrices que emanan de la Presidencia de la República.

El caso de la CCSS es muy particular y su desconcentración máxima es un error del Congreso de aquellos tiempos, posiblemente por falta de experiencia. Eso de que la Junta Directiva de la CCSS en forma inconsulta demande del ministerio de Hacienda transferencias que éste no puede hacer, es un desconocimiento del orden sistémico que debe prevalecer en un estado moderno. Me parece que el status de la CCSS es algo que merece repensarse, si es que prevalece esa idea de la que la querida institución goza de máxima autonomía.

Las juntas directivas institucionales están para apoyar a la gerencia en la implementación de las políticas y las obligaciones institucionales, no para fijar un rumbo autárquico a las entidades, que es lo que ha venido pasado en gran parte por pésima gestión a nivel alto, gestión a veces más interesada en recetarse granjerías que gestionar con calidad. La Escuela de Administración Pública de la UCR tiene un papel que jugar en la formación de esos recursos humanos de algo nivel, que ejercen cargos de poder sin tener la formación para ello.

El licenciado Soto con propiedad habla del enraizamiento de una oligarquía funesta en el sector público costarricense, el gobierno de los pocos malos decía Platón. Esta oligarquía tica afecta al poder pero inocua al ejercerlo, nos sale cara y no le ha importado satisfacer las ansías promovidas por el llamado Consenso de Washington, fomentando la subcontratación, sin determinar su verdadera necesidad y a costos exorbitantes sin pudor alguno.

Ojalá que el ministro Amador, que en el ámbito MOPT está destapando cucaracheros a diestra y siniestra, logre consolidarse. Fuerzas malévolas, castas enraizadas que han fomentado sus beneficios y la redundancia de la planilla, como las hay en otras instancias donde se manejan ingentes recursos, trataran de debilitarlo como sin éxito trataron de hacerlo con ese extraordinario servidor público que es don Rodolfo Méndez Mata, quien se “compró la bronca” desde el inicio de su gestión y por eso hasta la prensa y diputados lo quisieron sacrificar. Su pecado: tocar intereses.

Ex viceministro-subdirector de OFIPLAN de la Presidencia de la República.

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Un comentario

  1. Jesús Sequeira Muñoz

    En Costa Rica hay que repensar » Lo público» pero también «Lo Privado» porque en las dos hay Oligarquías. Así como en ambos se debe partir del concepto de «Interés Público» porque para ambos aplica y ambos sectores : el publico y el privado reniegan de él cuando, la época con sus retos históricos, y de sobrevivencia de la especie en materia ambiental y de salud y excluci´pon ya no soporta más ideología venga de donde venga. Pero nuestra clase política, para mantener polarizado al país, nos sigue vendiendo ideologias.

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