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San José, 11 mar 2026 (CPNews).- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) dio un paso decisivo al acoger para estudio un recurso de amparo interpuesto contra el Poder Ejecutivo, tras la suscripción de una polémica declaración de seguridad en Estados Unidos.
El Tribunal otorgó un plazo perentorio de tres días hábiles al Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, y a la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, para que brinden un informe detallado sobre los alcances de la denominada declaración «Escudo de las Américas».
Cuestionan legalidad de alianza con EE.UU.
El recurso, tramitado bajo el expediente N° 26-008255-0007-CO, fue interpuesto por seis ciudadanos miembros del Foro La Isla del Partido Liberación Nacional: Agnes Marietta Ureña Brenes, Carlos Manuel Revilla Maroto, Carmen María Gamboa Jiménez, Gerardo Vicente Salazar, Manuel Carballo Quintana y Mariela Ruin Carballo.
Los recurrentes alegan que el pasado 5 de marzo, el ministro Zamora suscribió en Doral, Florida, una Declaración Conjunta de Seguridad presidida por el Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Según los términos del recurso, esta alianza promueve una doctrina de «paz a través de la fuerza» y vincula a Costa Rica con una concepción militarista hemisférica.
Entre los puntos más críticos señalados ante los magistrados destacan:
Falta de competencia: Se cuestiona que el Ministro de Seguridad no tiene facultades legales para suscribir actos de alcance geopolítico o política exterior, competencias que corresponden al Poder Ejecutivo en conjunto.
Violación a la Neutralidad: El acto contravendría la Ley de Neutralidad Perpetua (Ley 9288) y la Proclama de 1983, que prohíben la alineación con coaliciones militares.
Omisión Legislativa y de Cancillería: La rúbrica no fue consultada ni autorizada por la Asamblea Legislativa, ni valorada previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Doctrina Monroe: Advierten que la reafirmación de esta doctrina durante la conferencia es incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense por sus antecedentes de intervención política y militar.
Solicitudes al Tribunal
Los recurrentes solicitan a la Sala IV que declare con lugar el recurso y ordene la anulación del acto impugnado, así como el retiro formal de Costa Rica de dicha declaración. Asimismo, piden que el Gobierno se abstenga de realizar cualquier acto adicional relacionado con este compromiso hasta que se resuelva el fondo del asunto.
La resolución, notificada este miércoles, advierte a los jerarcas que el informe solicitado se considerará dado bajo juramento y que su incumplimiento o falsedad acarrea sanciones penales por perjurio.
La Magistrada Ingrid Hess Herrera ha sido designada como la instructora del caso.
