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Óscar Monterde Mateo, Universitat de Barcelona
En los 360 km² que ocupa la Franja de Gaza hoy viven 2,3 millones de personas. En 1948, tras la limpieza étnica de Palestina, la Franja triplicó su población. El 70 % de la población es refugiada y la mayoría vive en campamentos, zonas suburbanas sobrepobladas y depauperadas.
Desde 1948 la Franja se ha visto continuamente ocupada, cerrada y asediada por el ejército israelí. Durante la guerra de 1956, Israel ocupó temporalmente el territorio, destruyó infraestructuras y reprimió los grupos de resistencia que intentaban volver y recuperar las tierras de donde habían sido expulsados.
En 1967, Israel ocupó definitivamente la Franja y estableció un control militar sobre ella que mermó las condiciones de vida y las libertades de sus habitantes. Encerrados, controlados y utilizados como mano de obra barata, la vida bajo la ocupación se hizo insostenible. Y en 1987, cuando un vehículo militar embistió una furgoneta de trabajadores palestinos, estalló la primera intifada. Una protesta civil se extendió por el conjunto de los territorios ocupados y fue duramente reprimida por Israel, que endureció aún más el control sobre el territorio.
Permisos para entrar y salir
En 1991 se introdujeron los permisos anticipados para poder entrar y salir, y los cierres decretados por Israel se fueron convirtiendo en una nueva realidad estructural de la Franja.
La protesta civil y la nueva coyuntura internacional dieron lugar a los Acuerdos de Oslo. Si bien se aceptaba una autonomía de la Franja y la creación de la Autoridad Nacional Palestina, se construyeron las vallas alrededor de toda la Franja y se restringieron los accesos a las aguas territoriales.
En los años 2000 y 2001, Israel bombardeó el puerto y el aeropuerto de Gaza, y en 2005 retiró las colonias israelíes que había dentro, encerrándola de forma permanente. A partir de 2007 decretó un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que ha restringido gravemente las importaciones y las exportaciones, la circulación de las personas dentro y fuera de Gaza, el acceso a la atención sanitaria, la educación y los medios de subsistencia, incluidas las tierras agrícolas y la pesca.
Aislada económicamente del resto de Palestina y del Mediterráneo, la Franja fue sometida a un proceso que Sara Roy ha calificado de de-development (“desdesarrollo”).
Cuando Hamás obtuvo la victoria en las elecciones de 2006, rápidamente impuso, tras un golpe preventivo, un sistema autoritario para poder controlar los escasos recursos existentes y el acceso de materiales por los túneles que construyeron para intentar sortear el bloqueo. Las protestas contra el gobierno de Hamás se han saldado en numerosas ocasiones con detenciones y represión contra los manifestantes.
Tras 16 años de bloqueo, la Franja de Gaza se ha convertido, en palabras del historiador israelí Ilan Papé ,en “la cárcel al aire libre más grande del mundo”. En ella, Israel ha continuado aplicando un castigo colectivo a toda la población, no solo cerrando el territorio, sino también en distintas operaciones militares en 2008, 2012, 2014 y 2022.
En ellas han sido asesinados bajo los bombardeos miles de palestinos, muchos de ellos niños y niñas que no conocen otra forma de vida que el encarcelamiento y el terror. Lejos de debilitar a Hamás, los ataques sobre la Franja fortalecieron aún más la organización.
Inseguridad alimentaria y pobreza
El bloqueo ha tenido consecuencias devastadoras. Más del 50 % de la población de la Franja vive con severas o catastróficas restricciones de acceso al agua y al saneamiento. El 63 % sufre inseguridad alimentaria y depende de la ayuda internacional. Las enfermedades y la mortalidad infantil derivadas de la insuficiencia alimentaria y el consumo de agua no potable se han multiplicado en los últimos años. Y la tasa de pobreza se eleva al 81,5 %, según datos de la UNRWA.
Las profundas restricciones de entrada y salida de personas, bienes y servicios limitan la entrada de equipamiento médico, repuestos, medicinas y otros suministros para la asistencia básica a la población.
El bloqueo impide a la población gazatí los actos más cotidianos de la vida, como ir al médico, ir a comprar, celebrar un cumpleaños, visitar a un familiar, comer, dormir y también los más acuciantes: para salir de la franja con el objetivo de recibir un tratamiento médico especializado –para el cáncer, por ejemplo–, los pacientes deben pedir autorización a Israel. El 33 % de las peticiones no fueron aprobadas a tiempo –buena parte de ellas solicitadas para niños–, y casi el 20 % de las peticiones por tratamientos de cáncer fueron denegadas.
Los programas de la UNRWA de atención psicológica apenas consiguen paliar los duros efectos traumáticos de 16 años viviendo encarcelados y bajo las bombas.
Los recientes bombardeos han superado el número de muertes de todas las operaciones anteriores, y superan ya las 5 000 personas, 2 000 de ellas menores. Además, han provocado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas hacia el sur de Gaza, y la destrucción completa de barrios e infraestructuras esenciales. En cuanto al cierre del agua, alimentos, combustible y electricidad, amenazan y condenan la vida de toda la población de la Franja.
En un mundo basado en normas, el cumplimiento del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos debería ser la brújula para toda acción exterior. Activar todos los mecanismos diplomáticos y políticos para poner fin al bloqueo y a la ocupación y proteger la población palestina ante la amenaza de su desaparición debería ser la prioridad.
Óscar Monterde Mateo, Professor Universidad de Barcelona e Investigador del CEHI-UB / Historia Contemporánea / Confictos Mundo Actual, Universitat de Barcelona
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
