
POR EL DERECHO DE LAS COMUNIDADES A DECIDIR Y POR UN NUEVO MODELO NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) expresa su firme solidaridad con las comunidades de Turrúcares de Alajuela, que durante más de una década han defendido su territorio, su salud, sus fuentes de agua y su calidad de vida frente a la pretensión de instalar un relleno sanitario, presentado eufemísticamente como «Parque de Tecnología Ambiental».
Nuestra solidaridad se extiende a todas las comunidades costarricenses que históricamente han debido organizarse para resistir la imposición de proyectos similares, soportando las consecuencias ambientales y sociales de un modelo de gestión de residuos que ha demostrado sus limitaciones.
Rechazamos categóricamente que el Gobierno condicione inversiones públicas en infraestructura, educación, salud y otros servicios a la aceptación de este proyecto. Las necesidades de las comunidades no pueden utilizarse como instrumentos de presión para favorecer intereses empresariales. El desarrollo local y la protección ambiental son derechos que deben garantizarse conjuntamente, nunca ponerse a competir entre sí.
El conflicto de Turrúcares evidencia un problema nacional más profundo: el agotamiento de un modelo de gestión de residuos basado fundamentalmente en su recolección, transporte y enterramiento en rellenos sanitarios. Costa Rica no puede continuar resolviendo el problema de sus residuos mediante la búsqueda de nuevos territorios donde depositarlos, trasladando sus impactos de una comunidad a otra.
Es urgente avanzar hacia un verdadero sistema nacional de gestión integral de residuos, conforme a los principios establecidos en la Ley N.º 8839, que priorice la reducción, reutilización, reciclaje, valorización y tratamiento ambientalmente responsable.
Esta transformación debe comenzar con la separación de los residuos en los hogares, centros educativos, comercios e instituciones, acompañada de sistemas municipales de recolección diferenciada. Los materiales valorizables deben dirigirse a centros de recuperación y reciclaje, mientras que los residuos orgánicos deben aprovecharse mediante compostaje domiciliario, comunitario y municipal, así como otras tecnologías apropiadas.
Asimismo, el país debe evaluar e incorporar tecnologías modernas para el tratamiento de los residuos que no puedan aprovecharse mediante esos mecanismos. Existen alternativas de clasificación avanzada y tratamientos capaces de reducir considerablemente los materiales destinados a disposición final. Su implementación debe garantizar un consumo eficiente de recursos, emisiones dentro de los límites legales y controles ambientales rigurosos, verificables y transparentes.
La educación ambiental debe constituir un pilar de esta transformación. Desde la primera infancia, los centros educativos deben enseñar a reducir, separar y aprovechar los residuos. Sin embargo, esta responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre la ciudadanía: el Estado y las municipalidades deben proporcionar la infraestructura y los servicios necesarios para hacer posible esas prácticas.
El Parlamento Cívico Ambiental considera que ninguna solución será legítima ni sostenible si se impone desconociendo la voluntad de las comunidades, la autonomía municipal, el ordenamiento territorial y los mecanismos de participación ciudadana. Las decisiones sobre el tratamiento de residuos deben responder al interés público, sustentarse en criterios técnicos transparentes y respetar los derechos ambientales y sociales de las poblaciones.
Por estas razones, el Parlamento Cívico Ambiental manifiesta su oposición a la instalación del relleno sanitario en Turrúcares, exige el cese de cualquier condicionamiento de inversiones públicas, respalda las acciones legítimas de defensa comunitaria e insta a las autoridades nacionales y municipales a emprender una transformación estructural de la gestión de residuos en Costa Rica.
Convocamos a las organizaciones comunales, ambientales, académicas y sociales a unir esfuerzos para impulsar alternativas sostenibles, socialmente justas y tecnológicamente responsables.
¡Turrúcares no está sola!
¡La salud, el ambiente y la dignidad de las comunidades no se negocian!
Costa Rica, 13 de noviembre de 2026.
Por el Parlamento Cívico Ambiental:
Bernardo Aguilar González, Presidencia; Victoria Rudín Vega, Vicepresidencia; Oscar Moya Cantero, Primera Secretaría y Melanie Pérez Vargas,
Segunda Secretaría.
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