Reformas legales urgentes (I)

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Nuestro país requiere una serie de reformas legales urgentes; teniendo un ordenamiento jurídico sólido digno de un Estado Social de Derecho establecido en la Constitución Política, debemos entrarle a fondos a estas reformas. Nuestra República es libre, independiente y democrática; y a través de los tiempos fue aprobando leyes acorde con la interpretación y vivencia de la época. Muchas leyes están vigentes, pero no congruentes con los requerimientos actuales de nuestra sociedad, por lo que se impone las reformas, modificaciones o extinción de varias leyes. Considero, que en estos momentos, de inicio de un nuevo gobierno; la Asamblea Legislativa puede lavarse la cara ante el pueblo costarricense, con el fin de devolver la confianza y credibilidad en nuestro sistema democrático.

Es una oportunidad de oro, imperativa, para hacer bien las cosas, sin obstáculos, ni demagogias de oposiciones destructivas. El país requiere el concierto de todos (as) los ciudadanos, su participación, la opinión de los diversos sectores productivos, profesionales, gremiales, con el objetivo que todos juntos saquemos adelante a la Patria, sin egoísmos y falsos cálculos políticos. Ha llegado la hora de las transformaciones, de la búsqueda del bienestar de las mayorías, de la democracia social y económica, de la equidad y justicia social, de la solidaridad y redistribución de nuestra riqueza, del acceso para todos de la repartición del queque; de bajar los índices de desempleo; pero para lograr lo anterior se requieren verdaderos cambios, que por medio de reformas legales urgentes se puede lograr.

1-Banca de Desarrollo: Considero positivo la aprobación de la Asamblea Legislativa, en primer debate al plan de reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), esto permitiría un proceso más expedito para la colocación de los recursos económicos, el impulso de: las micros, medianas y pequeñas empresas, conocidas como “Mipymes”. La realidad actual no ha permitido el desembolso de miles de millones de colones, y ha estado estancado en la colocación de los recursos por parte del sistema bancario nacional, (Ojalá que la Sala Constitucional que revisará el texto aprobado dentro de un mes), permita que finalmente el proyecto salga adelante y supere los obstáculos legales que han sido señalados. Sin duda el SBD, viene a reforzar la democracia económica y social, para que muchos ciudadanos puedan emprender su propia empresa.

2-Reforma al régimen de pensiones: En los últimos días salió a la luz pública, el insulto, soez y vulgar régimen de pensiones de lujo, que beneficia a un grupo pequeño de pensionados, que atenta contra las raíces mismas del ser costarricense y nuestro Estado Social de Derecho. Pensiones de hasta 16 millones de colones (en una banda entre 5 millones hasta esa suma tan alta), es un asunto que hay que entrarle con fuerte bisturí y hacer una reforma legal con carácter de urgencia, por el asalto al erario público (incluso se dice que muchos pensionados no se ganaron esta pensión cotizando en su normal profesión o cargo público), sino que es producto de gollerías como el aumento de un 30% anual para exdiputados del régimen de hacienda de la Ley 7007, que se encuentra vigente y otros privilegios a 1745 pensionados de otros regímenes de pensiones.

3-Eliminar la prescripción en el pago de las obligaciones con la CCSS: Esta reforma a la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, es fundamental, con el fin de fortalecer las finanzas y elevar el presupuesto de tan emblemática institución social. No debería existir un plazo de prescripción de 10 años, de las deudas por las obligaciones obrero – patronales. La reforma legal sería en el sentido de que no exista un plazo de caducidad, para que todos los deudores realicen sus pagos, ya sea por medio de un arreglo de pago o la cancelación total de los adeudos con la institución, esto daría mayores ingresos económicos a las finanzas de la CCSS.

4-El Ministerio de Hacienda debe implementar y promover reformas legales fiscales, y aunque anunció que hasta dentro de dos años enviará un proyecto de ley para una reforma fiscal parcial o integral; es posible que los partidos políticos representados en el Congreso de la República, tomen conciencia de la necesidad de contener el gasto público, revisar con lupa las consultorías, que en muchos casos son innecesarias y repetitivas sobre los mismos temas, que ya el país conoce y ha sido diagnosticado. Costa Rica tiene un déficit fiscal de un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), muy riesgosa para nuestra economía y manejo de los ingresos y egresos. De ahí que sea necesario entrarle fuertemente a los gastos superfluos y privilegios salariales en todos los ministerios e instituciones públicas (tanto en lo que se pueda hacer desde la Asamblea Legislativa como de la directriz del gobierno central hacia las instituciones autónomas).

5-Considero que se le debe otorgar rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes, para que sea respetada y sus resoluciones sean acatadas obligatoriamente. Esto es importante porque los análisis técnicos, estudios profundos, imparciales y transparentes que realiza la Defensoría, realmente se conviertan en el defensor de los habitantes, contra las violaciones, discriminaciones y respeto a los Derechos fundamentales de los ciudadanos (as) de nuestro país. Asimismo, los pronunciamientos de la Procuraduría General tengan carácter vinculante dentro de la Administración Central. Lo anterior se puede modificar legalmente con solamente reformar un artículo de su Ley fundacional; asimismo los estudios de LANAMNE (Laboratorio de análisis de materiales y estructurales de la Universidad de Costa Rica), pueda tener carácter vinculante para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras instituciones (para las obras de infraestructura como carreteras, puentes y otras)

Finalmente, llegamos aquí, como esta primera parte, mencionando algunas reformas legales urgentes, que deban implementarse a nivel de la Asamblea Legislativa, impulsadas por los partidos políticos, el Gobierno Central u otras iniciativas privadas, con el fin de hacer las transformaciones necesarias de nuestro sistema en los campos social, democrático, estructural, político, que tanto necesita la sociedad costarricense. En este siglo XXI, el país debe modernizarse y evolucionarse, en un mundo moderno, globalizado, de nuevas tecnologías, competitivo. Este es unos de los retos y desafíos hacia la Costa Rica del Bicentenario (200 años de vida independiente).