Los riesgos de la polarización extrema

Enrique Gomáriz Moraga

fenómeno de la polarización política, que alude a la división de la sociedad y los actores políticos en extremos opuestos, formando generalmente bloques enfrentados políticamente, ha venido agudizándose desde fines del pasado siglo con la ruptura de los consensos culturales y sociales básicos. Por esa razón, se ha convertido en foco de atención y análisis, distinguiendo así sus diferentes características según el espacio y el tiempo de ocurrencia.

Desde luego, hay que comenzar distinguiendo la existencia del disenso en la vida política del fenómeno específico de la polarización. En las democracias del siglo XX el disenso es un componente regular de la deliberación política, pese a que haya sectores que lo temen y rehúyen. Incluso puede suceder que sociedades que eluden el disenso caigan en un salto inesperado hacia la polarización. Saber procesar el disenso es una vacuna eficaz contra esa polarización.

Por otra parte, el fenómeno de la polarización puede cautelarse en términos evolutivos. Una polarización bien manejada y de breve duración puede representar una simple gripe en un organismo político, sin necesidad de que se transforme en una grave neumonía. En pocas palabras, todo depende del seguimiento y la evolución de la afección. Un corto periodo de polarización bien manejada puede convertirse en un acicate para lograr un cambio necesario, Por el contrario, cuando la polarización avanza hacia grados extremos puede llegar a convertirse en un problema de seguridad interna. Un ejemplo reciente ha sucedido en Estados Unidos, cuando la polarización condujo al asalto de Congreso y los medios comenzaron a hablar de un clima de guerra civil. En suma, el estado de polarización extrema presenta ese tipo de graves riesgos.

Regularmente, la polarización extrema comienza en el plano de la retórica, el discurso y la política declaratoria. Aparece como un salto adelante en la descalificación del oponente y la exageración discursiva. Algo muy parecido a lo que se ha producido en la vida política costarricense en esta última semana de julio. Este acceso a la polarización extrema es claramente percibido por diversos sectores nacionales, pero quizás es mas evidente para quienes observamos el país desde fuera del juego político nacional.

El proceso de polarización en Costa Rica lleva ya varias décadas en curso, pero hoy esta bien representado por dos bloques políticamente enfrentados: los que constituyen el actual gobierno y las fuerzas políticas de la oposición. Pudiera parecer que se trata de una polarización de élites, pero no es así: la división alcanza a las entrañas de la sociedad. Desde luego, cada uno de los bloques responde a un determinado proyecto político, pero también responde a una división de cultura política nacional. Por decirlo en breve, podrían describirse así: un bloque representa la rebelión contra las élites, mayoritariamente progresistas, que busca un saneamiento y actualización del modelo de desarrollo, mediante métodos con tono autoritario; mientras el otro bloque se nutre de la añoranza de la exitosa Costa Rica del pasado y está dispuesta a defender con uñas y dientes los modos y maneras de una Costa Rica (bien descrita como el síndrome de Doña Florita) que ya no existe.

Lamentablemente, esta polarización afecta a la arquitectura institucional del país. Hace tiempo que se expresa como una tensión creciente entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero esta última semana de julio adquirió tonos de polarización extrema. El clima ya venía caldeado como consecuencia del operativo de la policía judicial que culminó con la captura del líder del crimen organizado, apodado El Diablo, realizado sin comunicación expresa con la Presidencia ni el gobierno. De inmediato, todo fueron parabienes hacia la galería, pero los medios hablaron de una forma de reclamo del poder judicial hacia la intención gubernamental de recortar su margen de maniobra (del poder judicial).

El conflicto estalló en torno a una cuestión procedimental referida al nombramiento de los magistrados suplentes. La Sala Constitucional rechazó la petición de un nuevo plazo para lograr una lista desde la Asamblea Legislativa y prorrogó el mandato de los magistrados cuyo mandato había concluido el 16 de junio. La forma verbal también ha contado: ha dado la sensación de que la Sala mandataba a la Asamblea como debía proceder. La respuesta del Ejecutivo no ha sido precisamente para calmar los ánimos. Mediante declaración institucional, la presidenta de la República, Laura Fernández, ha considerado la resolución de la Sala como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Fernández argumentó que la Sala Constitucional ha asumido facultades que la Constitución y los tratados internacionales no le otorgan.

Parece evidente que, con este choque de trenes institucional, se ha iniciado el acceso a un curso de polarización extrema. Mandatar a la Asamblea Legislativa desde otro poder de la República y, sobre todo, hablar de golpe de Estado, significa una escalada declaratoria hacia una alta polarización de incierto destino.

El listado de riesgos de acceder a una polarización extrema es extenso. Baste con mencionar uno muy evidente: se amplia el margen de maniobra de los diablos domésticos del país, comenzando por el que representa el propio Diablo. No es exagerado afirmar que uno de los principales beneficiarios de la polarización extrema es el crimen organizado que infecta las instituciones del país. Por tanto, parece muy recomendable que los actores políticos que representan a los dos bloques -cultural y políticamente enfrentados- frenen de inmediato esta evolución hacia la polarización extrema y operen en la dirección opuesta para reducir el grado de polarización. Es poco previsible imaginar un consenso nacional inmediato, dadas las diferencias entre las partes, pero sí resulta posible procesar la polarización hacia niveles bastante más manejables.