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Por José René Tamariz
Costa Rica ha sido uno de los países de Centroamérica y Latinoamérica que, históricamente, se había caracterizado por procurar y garantizar un buen estado de bienestar social a sus ciudadanos. Ese derecho se logró y constitucionalizó en 1949, producto del conflicto político-militar que vivió el país en esa época. El artículo 50 de la Constitución Política señala que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Sin embargo, los gobiernos de turno en los últimos años, producto de la aplicación de sus diversas políticas neoliberales, han provocado un deterioro y disminución constante de ese estado social de derecho, poniendo en peligro su existencia. El gobierno de Rodrigo Chaves, un político advenedizo, neoliberal confeso y agente de organismos financieros internacionales, está llevando hasta el extremo sus políticas de austeridad en el terreno del gasto social, poniendo en peligro la sobrevivencia ese estado de bienestar social.
Rodrigo Chaves y sus serviles ministros a los cuales trata tanto de forma privada y pública como sus empleados, llevan a cabo un furibundo ataque generalizado contra las instituciones emblemáticas que representan ese estado social de derecho, desafiando y violando abiertamente las distintas formas de autonomías de las cuales gozan esas instituciones. Veamos algunos ejemplos ilustrativos.
Los ataques a la CCSS
En esa arremetida se pueden enumerar los siguientes hechos. La destitución de toda la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el nombramiento de nuevos miembros, sin consultar a los diversos sectores sociales y sin elección por parte de ellos de sus representantes en dicha junta; el estribillo permanente de que la “Caja está quebrada” que tiene el claro objetivo de avanzar en más privatización de los servicios de salud; el plan de la gerencia médica de la CCSS para “… implementar un mecanismo de copago para que los asegurados paguen por consultas externas y procedimientos quirúrgicos en clínicas y hospitales privados y luego la Caja les reintegre el 60% de ese costo, con el fin de reducir las listas de espera” (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023).
Por otra parte, tanto Rodrigo Chaves como Marta Esquivel, actual presidenta de la CCSS, se oponen a pagar la billonaria deuda que tiene el Estado con esa institución. Esa flamante presidenta ha señalado que “Queda claro que la legislación actual del modelo de servicios de salud es financieramente insostenible”. No obstante, la denominada “Opinión técnica” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS se contraponen con lo planteado por Esquivel y el gobierno.
La arremetida contra las universidades públicas
El ataque virulento de Chaves y sus diversos ministros (Educación, Hacienda y Planificación) en contra del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y, en especial hacia la Universidad de Costa Rica (UCR) es significativo de esa campaña contra el estado social. Por otra parte, Rodrigo Chaves, en su reciente gira por los Estados Unidos, frente a la nueva inversión por $1.200 millones de la multinacional Intel en Costa Rica, de forma despectiva señaló que “Intel no nos ha preguntado cuántos sociólogos, antropólogos van a producir las universidades de Costa Rica. No. Preguntan cuánta ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas e inglés”. (Semanario Universidad. 31 de agosto de 2023). Y más adelante declaró que “Y tenemos ahora a la Universidad de Costa Rica, llevándose la tajada del león del FEES para financiar esas carreras por las que nadie pregunta”. (Ídem).
Cuestionamiento del 8% del PIB para la educación
Rodrigo Chaves en diversas ocasiones ha declarado que la reforma constitucional del articulo 78 de la Constitución Política que elevó el presupuesto para la educación del 6% al 8% del PIB fue “una medida populista”. Haciendo de ventrílocuo de Rodrigo Chaves, la flamante ministra de educación, Katharina Müller, entre descabelladas declaraciones sobre educación, planteó “¿Quién inventó el 8%? ¿De dónde surgió el 8%? ¿Dónde está la base científica que respalde el 8%?”. (La Nación, 06 de septiembre de 2023). Ese planteamiento de la ministra Müller fue discutido y superado cuando se realizó la reforma constitucional del 8% en el seno de la Asamblea Legislativa en el año 2011, hace 12 años! Esa es una política que pretende hacer retroceder la rueda de la historia al pasado y, por ende, reaccionaria.
De acuerdo con el último Informe del Estado de la Educación 2023 “Uno de los principales retrocesos experimentado en los últimos cinco años es la reducción en la Inversión Social Pública (ISP) en educación. Se trata, en este caso, de un retroceso absoluto, que compromete significativamente el potencial de crecimiento económico y desarrollo futuro, por cuanto limita la formación de recursos humanos de alta calidad y la capacidad para sostener los avances de los últimos años… ese debilitamiento de la inversión educativa impacta fuertemente las políticas sociales selectivas como los incentivos económicos para estudiar (becas) o cuasi monetarios (alimentación complementaria)”. (Resumen Estado de la Educasión 2023, página 50). Nota: la palabra “educasión” es propia de ese informe para hacer un llamado de atención sobre la profundidad de la crisis actual de la educación.
Año tras año la inversión en educación ha venido disminuyendo, producto de las políticas neoliberales de austeridad. Veamos. En el año 2022 la inversión en educación disminuyó a 5,9% del PIB; en el año 2023, cayó al 5,46% del PIB y en el presupuesto nacional para el año 2024 se estipula otra caída de esa inversión al 5,22% del PIB. De otro lado, el Informe de la Educación señala que “Los análisis realizados para este informe muestran que la inversión total y por habitante en términos reales mostro importantes contracciones en el período 2017-2022. La inversión per cápita cayó en un 11,8% en dicho período…”. (Ídem).
Para rematar la política del gobierno de Chaves en cuanto al presupuesto de la educación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, propuso la rancia posición neoliberal de vender los activos del Estado para invertir más en educación.
La caída de la inversión en vivienda social
Para el año 2022 unas 148.287 familias no tenían vivienda digna, es decir carecían del todo de vivienda o bien vivían en viviendas en mal estado. A lo anterior se le suma las precarias y terribles condiciones en que habitan miles de personas tanto en los denominados “precarios” y “cuarterías” de tétricas y deprimentes condiciones. Un reciente estudio sobre asentamientos informales señala que “En Costa Rica, centenares de familias habitan, trabajan y viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se estima que en nuestro país existen más de 700 asentamientos informales, conocidos popularmente como precarios, barrios marginales y tugurios. De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en la Gran Área Metropolitana (GAM) hay un total de 296 asentamientos humanos informales que acogen a más de 132 000 personas. Es decir, esta zona urbana engloba el 40% de este tipo de establecimientos e en al país”. (Revista Ciencias Más Tecnología. N° 87. junio 2023. UCR). Nota: la GAM incluye a las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.
La entrega de bonos de vivienda que constituye un apoyo económico para las familias pobres para construir sus viviendas, especialmente en la zona rural, ha caído drásticamente en los últimos años. De acuerdo con diversas informaciones periodísticas “…Los bonos de vivienda de interés social experimentaron, entre el año 2021 y el 2022, una caída del 27%, es decir, fueron entregadas 3.000 soluciones de casas menos”. (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023). Esa caída en la entrega de bonos para construir vivienda de bien social se debe a una disminución del presupuesto por parte del gobierno en ese rubro.
La disminución del presupuesto para el sector vivienda de interés social y, por ende, la fuerte caída en la entrega de bonos tiene diversas repercusiones en cadena, tanto a nivel de la recuperación económica como en el incremento de del desempleo. De acuerdo con informaciones periodísticas “… el efecto de los recortes desde el 2020 al 2023 (en cuatro años) se traduce en 6.815 viviendas menos, 289.637 metros cuadrados sin construir y la pérdida de 26.067 empleos”. (La Nación, 19 de junio de 2023). Sin duda alguna, esa política de austeridad, severa restricción al gasto social y público, lejos de promover la reactivación económica conllevan a la ralentización o recesión económica.
Según el economista Joseph Stiglitz “Los peores mitos son que la austeridad trae consigo la recuperación económica y que un mayor gasto del gobierno no lo hace…”. (Stiglitz, Joseph: El precio de la desigualdad. Editorial Santillana. México, 2012). Más adelante, ese economista sostiene que “… La historia demuestra que la austeridad casi nunca ha resultado, y la teoría explica por qué eso debería sorprendernos. Las recesiones las provoca la falta de demanda -la demanda total es menor de lo que la economía es capaz de producir-. Cuando el gobierno recorta el gasto, la demanda se reduce aún más y aumenta el desempleo”. (Ídem).
Aunque las cifras oficiales indican que el desempleo disminuyo al 9,6%, sin embargo, la verdad es que esa cifra se redujo porque miles de personas dejaron de buscar trabajo porque se cansaron o desalentaron al no encontrarlo. Por otra parte, debemos decir lo que no dicen ni los medios de comunicación y el gobierno: el narcotráfico y sus diversas actividades delictivas están empleando una cantidad importante de mano de obra. Según el ministro de seguridad, Mario Zamora, existen en el país alrededor de uno 3.000 sicarios. A eso hay que agregar a todos los vendedores, los trabajadores de logística, administradores, contadores y personal de otras tareas.
¿Hacia la desaparición del Estado Social de Derecho?
Los grandes y permanentes recortes, años tras año, del gasto público y social está produciendo graves estragos sobre los diferentes sectores sociales: salud, educación, vivienda y otros. Eso tiene una gran afectación sobre la recuperación económica, el empleo, el congelamiento salarial y otros rubros. De lograr consumar su proyecto político, Rodrigo Chaves, podría llegar a consumar la cuasi extinción del estado social en Costa Rica. Sin duda, la obra de Chaves es una continuación y profundización de las administraciones anteriores. Pero, Chaves está llevando esa política de desmontaje del estado social al paroxismo. Al final, el proyecto de Chaves es tomarse la mayor parte de las municipalidades en las próximas elecciones municipales del año 2024. Y, a partir de ahí, disputar las próximas elecciones nacionales, para ser mayoría en la Asamblea Legislativa que le permita hacer reformas constitucionales que elimine ese estado social y controlar los demás poderes de la República. Esa la tendencia política general de Centroamérica.
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