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Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
La Conferencia Episcopal lanza a la luz pública su posición en materia electoral a cuatro meses de las elecciones nacionales para elegir al próximo presidente y sus vicepresidentes, así como los nuevos diputados ante la Asamblea Legislativa. El documento a nombre de la jerarquía de la Iglesia Católica se denomina “Rehabilitar la política” (20,000 ejemplares), donde anuncian que para ellos tiene mayor importancia a quienes se eligen para diputados (as), que el propio presidente del Poder Ejecutivo.
La Iglesia Católica nos tiene acostumbrados a tomar posiciones sobre la realidad nacional, en el marco de orientar a sus feligreses, a través de sus parroquias y diversos grupos que se organizan alrededor del catolicismo; con el fin de influir en lo que creen como es el caso de la oposición férrea a proyectos de ley como la fecundación in vitro; las sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo, basados en una fuerte defensa del derecho a la vida y el respeto al matrimonio conforme a la leyes actuales en la Constitución Política y el Código de Familia. También se han manifestado sobre las guías sexuales del Ministerio de Educación Pública.
Es importante señalar que aparejado con lo anterior, la Iglesia Católica debería dejar de ser la religión del Estado y convertirnos de una vez por todas en un Estado Laico, con el fin de que los asuntos públicos y de gobierno sean iguales para todos (as) los ciudadanos de este país. El Vaticano prefiere los Estados laicos, para no revolver asuntos políticos con los religiosos (es un debate pendiente). Así como existen partidos políticos de pensamiento cristiano que eligen sus propios diputados (evangélicos), socialcristianos (basados en las encíclicas papales); sería común ver más partidos políticos de origen católico para elegir sus propios diputados.
Independientemente de que el catolicismo sea mayoría en el país, los ciudadanos pueden analizar mejor las propuestas y programas a realizar de los partidos políticos, si desean acoger las orientaciones o no de la Iglesia Católica. Pregunto qué diferencia existe entre un sacerdote o clérigo y un pastor de una Iglesia evangélica? En cambio ya los partidos cristianos expresan sus posiciones e influyen por quién votar en las elecciones a realizar. Considero que el país goza de una democracia madura, donde los electores pueden discernir qué es lo más conveniente para el país.
Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que invoca el artículo 28 de la Constitución Política donde señala que no se puede hacer propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio, de creencias religiosas; esto referido a partidos políticos; prohibiendo la actuación de clérigos y seglares en este campo. Al existir tantos feligreses incautos, se confundiría la religión con los asuntos públicos como son las decisiones políticas, podríamos estar ante una influencia inconveniente de parte de la Iglesia Católica fuerte y mayoritaria en este país si estuviera favoreciendo a un determinado partido político.
Un aspecto muy interesante del documento emitido por la jerarquía católica es referente al tema ético; donde los obispos señalan como “crisis política” y que ningún partido político reúne todas las aspiraciones éticas según los Evangelios y Doctrina Social de La Iglesia. Otros temas como la crisis ecológica como problema moral; promoción de la cultura; del Encuentro y justicia social y bien común. Me parece muy bien que la Iglesia contribuya en la lucha contra la corrupción generalizada en los distintos estamentos de nuestra sociedad; dado que el tema de la corrupción es el mayor y primer problema señalado por los costarricenses según los índices de opinión pública realizada en las encuestas.
Dentro del marco de libertad de conciencia y religión, estoy completamente de acuerdo con que la Iglesia pueda emitir criterios de orientación general para que los ciudadanos evalúen sus propuestas. Dentro de sus creencias y libertad de pensamiento desean influir en el electorado, exponiendo sus puntos de vista. Esto no riña con las leyes estrictamente electorales, porque no están haciendo “propaganda política a favor de un determinado partido político o candidatura”; como lo señala el artículo 136 del Código Electoral: “Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo e invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas.”
Con lo anterior se distingue claramente cuando estamos ante una violación jurídica en materia religiosa en el ejercicio de la política electoral. La Iglesia Católica está en su derecho de manifestar sus opiniones de temas públicos conforme a sus creencias; lo contrario sería violentarles la libertad de pensamiento o conciencia; a nadie se le puede inquietar ni perseguir por dar sus opiniones, aunque sea una organización religiosa católica o seguidora de otros cultos religiosos. Según el artículo 29 constitucional: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.”
Algunos de sus detractores podrían señalarlos que están haciendo política electoral en tiempos de campaña. No lo considero violatorio del ordenamiento jurídico, por el respeto al principio de libertad de pensamiento y expresión, preservada en la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante así como la Iglesia se pronuncia sobre temas sociales; los queremos ver más activos a favor de los más necesitados, de los más vulnerables de nuestra sociedad, y dirigir recursos más a los pobres, a los niños (as) abandonados o no deseados. Se conoce que la Iglesia maneja muchos recursos económicos y su creencia de misión de respeto al derecho a la vida puede verse plasmada en verdaderas obras de bienestar social, conforme a lo señalado por el Papa Francisco en sus documentos, homilías y sus propias obras.
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La Iglesia manifestó que elegir diputados es más importante que elegir presidente, lo cual es absolutamente cierto, especialmente si la elección es democrática y respeta el mandato que colectivamente el electorado expresa en las urnas, conformando así una Asamblea Legislativa representativa del electorado.
El presidente, en cambio, generalmente es electo por una minoría de menos del 50% de votos válidos, emitidos por alrededor de un 70% de sufragantes.
Lamentablemente en Costa Rica, debido a la corrupción electoral existente, los responsables de la aprobación, implementación, operación y mantenimiento del sistema, anteponen los intereses políticos propios y partidarios, a los institucionales del país.
Entonces las elecciones fraudulentas las procesamos al revés de como democráticamente deberían ser, respecto a los 2 primeros pasos del algoritmo distributivo, para autoprivilegiar a los partidos responsables del sistema, a expensas de excluir y discriminar a partidos nacionales minoritarios.
Concretamente, las 2 primeras operaciones de asignación de diputaciones son las siguientes:
1° Distribuir el total de las 57 diputaciones nacionales a las provincias, en proporción a sus poblaciones según el último censo poblacional. Esto se realiza de espaldas al electorado, de manera que en el inverosímil caso de que en San José votara válidamente una única persona, ese elector elegiría los 19 representantes. Esto teóricamente es absurdo, su potencial distorsionador es enorme, y es fácilmente evidenciable en forma empírica. Se trata de un Fraude Electoral Constitucional, que mediante el artículo instrumental 106 CP violenta artículos constitucionales de superior jerarquía, burla el mandato colectivo del electorado, privilegia partidos mayoritarios a expensas de excluir y discriminar a partidos nacionales minoritarios, y legitima y da impunidad a tan graves transgresiones.
2° Asignar a los partidos las curules obtenidas por cada provincia en la operación anterior, en proporción a los votos obtenidos en ellas.
Democráticamente debería ser al revés de cómo se hace actualmente en forma fraudulenta. Esto es, respetar el mandato del electorado y proceder así:
1° Asignar el total de las 57 diputaciones disponibles a los partidos que se las disputan, en proporción a los votos que les confiera el electorado, con lo que se integrará un Congreso representativo, con todas las curules legítimamente electas por el voto popular.
2° Asignar los escaños obtenidos por cada partido a sus papeletas provinciales, en proporción a los votos que obtengan en las provincias, con el fin de lograr equidad geográfica o por circunscripciones, y
3° Asignar las diputaciones obtenidas por cada partido, en cada una de las provincias, a las candidaturas de los primeros lugares de las papeletas, respetando la paridad y alternancia de género, para lograr equidad en este campo.
4° Además, para mejorar la calidad y representatividad diputadil, podría establecerse el voto preferente, marcando en azul la candidatura seleccionada en un anexo con la lista de candidaturas. Estos votos preferentes se utilizarían para reordenar las listas de candidaturas.
5° Además, para para prevenir la elección de candidatos cuestionados, podría establecerse el voto de rechazo, marcando en rojo alguna candidatura cuestionada, y
6° Finalmente, podría establecerse la revocatoria de mandato mediante referéndum, para suprimir el mandato ya otorgado, por causas que legalmente se establezcan.
Conferencia Episcopal emite orientación para las votaciones