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Romaric Godin
A finales de julio, 169.000 familias italianas recibieron por SMS la noticia de que se les retiraría la renta básica [réddito di cittadanza]. [El réddito de cittadinanza es algo que nada tiene que ver con la renta básica, se trata de algo mucho más parecido al Ingreso Mínimo Vital del gobierno español, un subsidio condicionado para pobres. NdR]. El objetivo de la reforma es ahorrar tres mil millones de euros excluyendo a las personas «empleables». Una medida no muy diferente a las aplicadas en Francia.
El gobierno italiano de extrema derecha ha decidido declararles la guerra a los pobres. Con una violencia sin precedentes. A finales de julio, unos 169.000 hogares italianos recibieron un simple sms del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) en el que se les informaba que dejarían de percibir la «renta básica», una medida introducida en 2019 que puede compararse grosso modo con el ingreso de solidaridad activa (RSA, por sus siglas en francés) francés.
El 27 de julio, esas 169.000 familias italianas recibieron el este ingreso por última vez. Algunas de ellas podrán solicitar una prórroga hasta diciembre, siempre que puedan demostrar un «alto nivel de desamparo social». Para ello, sin embargo, tendrán que dirigirse a los servicios sociales municipales, que ya están desbordados por las solicitudes y la falta de transmisión de datos por parte del INPS.
Pero, para al menos 88.000 hogares formados por personas consideradas «aptas para el trabajo»,ya no será posible recibir esta ayuda. Entonces tendrán que recurrir a la «ayuda a la formación», que les permitirá recibir una ayuda mensual de 350 euros durante doce meses, siempre y cuando sean «activos en proyectos en beneficio de la comunidad» o en proyectos de formación profesional. Para una persona soltera, la renta básica representaba 500 euros al mes. Pero también en este caso, la página web para presentar la solicitud no está disponible y no lo estará hasta el 1 de septiembre.
En todo caso, el 1 de enero de 2024, la renta básica dejará de existir y será sustituida por un «subsidio de inclusión», mucho más difícil de obtener y ya no se aplicará a las personas consideradas como «empleables».
Una promesa de campaña de la extrema derecha
La reforma fue anunciada por el partido de la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia (posfascista), durante la campaña electoral del año pasado. Tras haber sido debatida en el seno de la coalición con la derecha liberal de Forza Italia y la Liga de Matteo Salvini (que fue miembro de la coalición del Movimiento 5 Estrellas cuando este último impulsó la renta básica en 2019), un decreto detalló las modalidades de la misma el pasado 29 de junio. El objetivo declarado es ahorrar tres mil millones de euros de los ocho mil millones que cuesta esta medida.
En las elecciones de 2022, Fratelli d’Italia consiguió el apoyo de una gran parte de los votantes de derecha italianos con un discurso sin tapujos sobre los beneficiarios de las ayudas sociales. El término utilizado para desacreditar a estos últimos fue «divanisti», literalmente aquellos que pasan el tiempo en el sofá mientras se benefician de la asistencia social. Se trataba de «volver a poner Italia a trabajar», una vieja antífona de la derecha.
La presencia de la Liga en la coalición no cambió mucho la situación, en primer lugar, porque el partido de Matteo Salvini salió muy debilitado de las elecciones, y en segundo lugar porque, en 2019, sólo aceptó la renta básica como parte de las negociaciones con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), su aliado en aquel momento.
Por otra parte, Matteo Salvini defendió sin ambigüedades la supresión: «Se seguirá ayudando a quien no pueda trabajar, pero aquel que tenga 30 años, que no tenga discapacitados ni menores a cargo, y que no tenga problemas, puede trabajar, y si se niega a trabajar, es justo que no sea mantenido por los contribuyentes italianos».
La decisión es tanto más violenta cuanto que la renta básica ya era una medida condicional, teóricamente limitada a dieciocho meses, muy alejada del proyecto inicial del M5S, que se orientaba más hacia una forma de renta básica universal, y se inspiraba más en las reformas alemanas de Hartz que en el RSA francés. En resumen, es un gran retroceso.
La respuesta de la izquierda
Los beneficiarios de la renta básica afectados por la medida se hallan consternados tras recibir el sms fatal. En el diario Il Fatto Quotidiano (un asociado de Mediapart), una estudiante de 24 años explica cómo esta medida le ha permitido «estudiar con dignidad». Para ella, el sentimiento que prevalece ahora es que «en Italia, la pobreza es como un delito». Para algunos, el anuncio provocó una verdadera desesperación.
En Terrasini, provincia de Palermo, un hombre de 60 años que se encuentra desempleado y que fue de los que recibieron el famoso mensaje de texto, irrumpió en el ayuntamiento con un bidón de combustible y amenazó con «quemar todo». En Nápoles, se organizó una manifestación en defensa de la renta básica, con una concentración frente a las oficinas del partido de Giorgia Meloni. En el sur de Italia, golpeado por la miseria, la medida había sido muy útil. Casi uno de cada cinco destinatarios del SMS es siciliano.
En el Parlamento, la violencia del mensaje y la completa desorganización de los servicios sociales para gestionar la transición provocaron contraofensivas de la oposición.
Lógicamente, los ataques más fuertes vinieron del M5S. El dirigente del partido, Giuseppe Conte, presidente del Consejo que introdujo la renta básica, denunció enérgicamente las medidas del gobierno. «La decisión de cortar de la noche a la mañana las ayudas a la parte más desfavorecida de la población está provocando una catástrofe previsible», denunció, antes de referirse a una «guerra contra los pobres más que contra la pobreza, que provoca además daños a la economía del país».
Por su parte, el Partido Democrático (PD), de centro-izquierda, adoptó una posición firme y compacta sobre el tema para oponerse al fin de la renta básica. Elly Schlein, la nueva dirigente del partido, más a la izquierda que los anteriores, denunció el método de envío de los sms. El PD insistió especialmente en la falta de preparación del gobierno, que expone a los ciudadanos al riesgo de la pobreza extrema. Y también, como Giuseppe Conte, interpeló al gobierno: «¡Ustedes son los vagos [«divanisti»]!»
Como una manera de insistir sobre la política de represión social de la mayoría, Elly Schlein decidió abrir un nuevo frente, vinculado con la renta básica. En ese sentido, el Partido Demócrata presentó un proyecto de ley para introducir un salario mínimo en el país. Italia es uno de los pocos países europeos que no cuenta con un salario mínimo único, algo que pone en peligro a los excluidos de la renta básica, los que podrían verse obligados a aceptar salarios de miseria.
El líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), uno de los principales sindicatos del país, Maurizio Landini, advirtió contra la supresión de una renta mínima «en un país donde hay pobres que trabajan». Este era el debate que Elly Schlein quería abrir, aunque el salario mínimo no tenga ninguna posibilidad de ser aprobado por una mayoría abrumadoramente de derecha. Pero lo importante aquí era abrir un debate y vincularlo con la supresión de la renta básica.
Precisamente por este motivo, la mayoría (con el apoyo del grupo de Matteo Renzi) aplazó, el 2 de agosto, el debate de la propuesta del PD para dentro de sesenta días. Elly Schlein aprovechó la ocasión para fustigar la política social de Giorgia Meloni: «La mayoría huye, pero por desgracia para ustedes, no pueden huir de la realidad, no pueden ignorar a los tres millones y medio de trabajadores que son pobres aunque trabajen». Y concluyó: «La pobreza no se va de vacaciones». En esta ocasión, el PD se encontró de nuevo aliado con el M5S, que habló de su «vergüenza» a propósito del aplazamiento del debate.
Una política social violenta
La política social de Giorgia Meloni es sorprendentemente similar a la francesa. A este lado de los Alpes (en Francia), la lógica dominante de la política social consiste también en presionar a quienes buscan empleo, a los más pobres y a los trabajadores de más edad, con tres reformas: la del seguro de desempleo, la de las pensiones, así como el proyecto sobre la obligación de trabajar a los beneficiarios del RSA.
En ambos casos, la lógica es estrictamente la misma: se trata de ejercer una presión suplementaria sobre los más vulnerables para obligarlos a aceptar los empleos que les propone el mercado, sean cuales sean sus condiciones. En el caso italiano, la ausencia de un salario mínimo hace que esta violencia social sea aún más feroz, y es precisamente por esta razón por la que la oposición ha intentado vincular ambas cuestiones.
En los dos casos, y aparentemente, el empleo se situaría en bastante buena posición, tanto en Italia como en Francia. Las últimas cifras del instituto de estadística italiano Istat muestran que la tasa de desempleo bajó nuevamente 0,2 puntos en junio, situándose en el 7,4%, un nivel cercano al de Francia (7,1%). En ambos países, la cantidad de personas con trabajo está aumentando. Entonces, ¿a qué se debe esta presión?
En realidad, esto no tiene nada de misterioso. La actividad es frágil en Francia, y en Italia se contrae. En el segundo trimestre de 2023, el PIB de la península cayó un 0,3% y sólo creció un 0,6% en un año. Para garantizar la creación de empleo con una actividad tan débil, no hay otra solución que reducir el costo de la mano de obra haciendo trabajar a personas que antes estaban inactivas. Hay que evitar a toda costa devolver el poder de negociación a los asalariados. De ahí la presión sobre las prestaciones sociales mínimas.
En Italia, sin embargo, esta política no es nada nueva. Los salarios fueron la principal variable de ajuste entre 2010 y 2020, un periodo en el que su valor real ya había caído casi un 10%. Luego, se vieron muy afectados por la ola de inflación.
El gobierno de Meloni pretende, pues, proseguir la política neoliberal que basa el débil crecimiento de Italia en la moderación salarial. Pero esto tiene consecuencias terribles para la población. Según Eurostat, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza era del 20,1% en 2022, frente al 19,5% en 2012. Se trata de un nivel muy elevado, ligeramente inferior al de España (20,4%), pero superior al de Grecia y a la media europea (16,8%). En 2019, este nivel había disminuido ligeramente tras la introducción de la renta básica.
La decisión de suprimir este ingreso plantea ahora un desafío a la oposición. El PD y el M5S podrían ver en ello una oportunidad para construir una posición común y utilizar el rechazo a esta reforma, sobre todo en el sur de Italia, para construir una alternativa política a una extrema derecha actualmente hegemónica. Esto es lo que está tomando forma estos días en el Parlamento, pero no es seguro que esta estrategia sea perdurable en un país que vota actualmente muy a la derecha.
Romaric Godin es periodista y analista político de Mediapart, Francia.
Fuente: https://www.mediapart.fr/
Traducción: Correspondencia de Prensa para sinpermiso.info
