Cambio Político Opinión y análisis
Navi Pillay
En 1995, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, me pidió que ejerciera como juez en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El tribunal que presidí condenó a tres ruandeses por genocidio. Por tanto, entiendo el significado de la palabra «genocidio» y no la empleo a la ligera. Se trata del intento deliberado de destruir, total o parcialmente, a un pueblo. Representa la violación más grave de nuestra humanidad compartida y la infracción más severa del derecho internacional.
Hoy, la comisión de las Naciones Unidas que dirijo publica su análisis jurídico sobre la conducta de Israel en la Franja de Gaza. Nuestra conclusión es contundente: Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. Esta conclusión se basa en investigaciones y en un amplio conjunto de pruebas relativas al periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2023 —fecha en que comenzó la guerra— y el 31 de julio de 2025. Ha sido corroborada por múltiples fuentes y evaluada a través del riguroso marco jurídico de la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la cual Israel es Estado parte.
Mi organización, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021. Está supervisada por expertos designados que cuentan con el apoyo de personal de la Secretaría de la ONU. La Comisión presenta sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General.
La magnitud de la destrucción es devastadora. Más de 64.000 palestinos han perdido la vida, entre ellos más de 18.000 niños y cerca de 10.000 mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. La esperanza de vida estimada en Gaza se ha desplomado de 75 años a poco más de 40 en un solo año, lo que supone uno de los descensos más acusados jamás registrados. Se han destruido hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas y barrios enteros. Nuestro análisis revela que se ha utilizado el hambre como arma de guerra y que el sistema sanitario ha sido destruido deliberadamente. La atención a la salud materna se ha visto gravemente mermada. Los niños han sufrido hambre, han sido tiroteados y han quedado sepultados bajo los escombros. Según UNICEF, en Gaza ha muerto un niño cada hora. No se trata de accidentes propios de la guerra. Son actos calculados para provocar la destrucción de un pueblo.
Para determinar la existencia de un genocidio se requiere no solo el acto, sino también la intención. En este caso, las pruebas también son claras. Altos dirigentes israelíes —incluidos el presidente, el primer ministro y el exministro de Defensa— han deshumanizado a los palestinos. Yoav Gallant, ministro de Defensa en el momento de los ataques del 7 de octubre, declaró: «Estamos luchando contra animales humanos», mientras que el presidente Isaac Herzog proclamó que toda la nación palestina era responsable. Sus palabras han ido acompañadas de hechos: bombardeos indiscriminados que han dejado a Gaza inhabitable, bloqueo de la ayuda humanitaria, violencia sexual y de género, y un asedio que, según concluimos, fue diseñado para matar de hambre a la población. En conjunto, estos elementos conforman un patrón que demuestra una intención genocida. La comisión también constató que palestinos han muerto mientras buscaban alimentos en centros de distribución gestionados por la Gaza Humanitarian Foundation, una entidad respaldada por Israel y Estados Unidos que sustituyó en gran medida a la red de ayuda preexistente. Cientos de personas, incluidos niños, han recibido disparos al intentar acceder a la ayuda.
Algunos sostienen que el término «genocidio» es demasiado grave para aplicarlo mientras continúa la guerra de Israel. Sin embargo, la ley es explícita: la obligación de prevenir el genocidio surge en el momento en que se hace evidente un riesgo grave. Ese umbral se superó hace mucho tiempo en esta guerra.
En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia advirtió a todos los Estados sobre la existencia de un riesgo grave de que se estuviera cometiendo un genocidio en Gaza. Desde entonces, las pruebas no han hecho más que acumularse y las matanzas se han multiplicado.
¿Qué significa esto para la comunidad internacional? Significa que sus obligaciones no son opcionales. Todo Estado tiene la obligación de prevenir el genocidio dondequiera que ocurra. Dicha obligación exige actuar: detener la transferencia de armas y el apoyo militar utilizados en actos genocidas, garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, poner fin al desplazamiento masivo y a la destrucción, y emplear todos los medios diplomáticos y jurídicos disponibles para detener las matanzas. No hacer nada no es neutralidad; es complicidad. No escribo estas palabras como adversario de Israel. Reconozco el sufrimiento de los israelíes que perdieron a seres queridos en los horribles ataques de Hamás del 7 de octubre —que se cobraron la vida de unas 1.200 personas— y el dolor de las familias de los aproximadamente 50 rehenes que permanecen cautivos, entre ellos unos 20 que se cree siguen con vida. Nuestra comisión ha documentado los crímenes cometidos por Hamás. Pero ningún crimen, por grave que sea, justifica un genocidio. Responder a una atrocidad con otra atrocidad supone abandonar los mismos valores que el derecho internacional fue creado para proteger.
La historia juzgará cómo responde el mundo. En Ruanda, la comunidad internacional no evitó el genocidio ni intervino para detener las matanzas una vez que este comenzó. Hoy, la comunidad internacional vuelve a no actuar; esta vez, en Gaza. Los hechos se reportan a diario. Las advertencias son inequívocas. La ley es clara. Lo que está en juego —la supervivencia de un pueblo— no podría ser más importante.
La obligación de prevenir el genocidio recae no solo en los Estados, sino también en el sistema internacional en su conjunto. El Consejo de Seguridad de la ONU no debe convertirse en el cementerio de la conciencia. Las organizaciones regionales, los parlamentos nacionales, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie tienen un papel que desempeñar a la hora de instar a los gobiernos a actuar. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio nació de las cenizas del Holocausto con una promesa solemne: «Nunca más». Esa promesa carece de sentido si solo se aplica a unos y no a otros. Insto a todos los gobiernos, a todos los líderes y a todos los ciudadanos a preguntarse: ¿Qué diremos cuando nuestros hijos y nietos nos pregunten qué hicimos mientras Gaza era reducida a cenizas? Todo acto de genocidio pone a prueba la humanidad que nos une.
La prevención del genocidio no queda a discreción de los Estados; es una obligación jurídica y moral que no admite demora. La ley exige actuar. Nuestra humanidad común lo reclama.
