Cambio Político Opinión y análisis
A 120 años de su nacimiento, una lectura de su obra, su gestión pública y la evolución del Estado social costarricense hacia la protección constitucional del ambiente.
Dr. Bernardo Aguilar González
Consultor ambiental y abogado
Sería históricamente incorrecto afirmar que Figueres “creó” el ambientalismo costarricense. Las luchas ambientales han sido mucho más amplias y con muchas personas involucradas que llegaron a sacrificar sus vidas. La conservación tiene antecedentes anteriores a 1948 y el sistema moderno de áreas protegidas fue una obra colectiva de científicos, guardaparques, funcionarios, comunidades y organizaciones. Mario Boza y Álvaro Ugalde ocupan un lugar central en esa historia. Pero también es cierto que aquellos esfuerzos necesitaron respaldo político. Una reseña oficial publicada en La Gaceta sobre la declaratoria de benemérito a Mario Boza recuerda que él y Ugalde contaron con el apoyo de los presidentes José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Durante la administración Figueres de 1970-1974 se consolidó el naciente programa de parques nacionales y se ampliaron de manera significativa las áreas bajo protección.
Los ejemplos son concretos. Tortuguero fue declarado Parque Nacional el 24 de septiembre de 1970. El Volcán Poás fue establecido como parque nacional mediante la normativa de 1970 y ratificado por ley en enero de 1971. Santa Rosa se creó en 1971 y se convirtió en un núcleo fundamental de lo que después sería el Área de Conservación Guanacaste. Un estudio histórico de la Universidad Nacional señala que, cuando Figueres regresó al poder en 1970, Costa Rica tenía poco más de tres mil hectáreas protegidas y que, en los primeros tres años de su administración, se incorporaron más de cuarenta mil hectáreas. Es una transformación institucional demasiado importante para quedar relegada a una nota al pie de su biografía.
También hay una dimensión intelectual que suele olvidarse. Figueres no fue solamente político y empresario; fue un autor prolífico. Publicó Cartas a un ciudadano, La pobreza de las naciones, Así nacen las palabras y los cuentos y, de especial interés para este tema, Franjas de luz: arboricultura en el paralelo 10, publicada en 1979 por Editorial Tecnológica. No era un libro de ecología en el sentido contemporáneo. Era una reflexión sobre arboricultura, producción forestal y manejo de árboles. Precisamente por eso resulta revelador: muestra una preocupación por conciliar producción, técnica, paisaje, reforestación y horizontes de largo plazo. Su pensamiento ambiental estaba todavía marcado por el desarrollismo de su época, pero ya reconocía que el bosque no podía reducirse a un obstáculo que debía desaparecer para dar paso a la producción.
La conexión más profunda, sin embargo, se encuentra en la arquitectura institucional de la Segunda República. La Constitución de 1949 no proclamó originalmente un “derecho a un ambiente sano”. Sí estableció, en su artículo 50, que el Estado debía procurar el mayor bienestar de todos los habitantes, organizando y estimulando la producción y el adecuado reparto de la riqueza. Y en su artículo 89 incluyó entre los fines culturales de la República la protección de las bellezas naturales. Esos conceptos pueden parecer modestos frente al lenguaje ambiental contemporáneo, pero abrieron una puerta: el bienestar y la naturaleza dejaron de ser materias completamente separadas de la responsabilidad pública.
La reforma constitucional de 1994 llevó esa evolución mucho más lejos. La Ley 7412 agregó al artículo 50 que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, legitimó a cualquier persona para denunciar su violación y ordenó al Estado garantizar, defender y preservar ese derecho. Esa reforma no fue obra de Figueres y ocurrió cuatro años después de su muerte. Tampoco puede presentarse como una consecuencia lineal de 1949. Pero sí puede leerse como parte de una evolución histórica del Estado costarricense: del bienestar social entendido principalmente en términos de producción, distribución y servicios públicos hacia una concepción en la que ese bienestar depende también de la integridad ecológica.
Esa continuidad es importante porque ayuda a comprender el ambientalismo costarricense como parte de la historia general del país y no como un añadido tardío. El Estado que construyó instituciones capaces de electrificar, educar, atender la salud y promover el desarrollo también creó las capacidades administrativas con las que décadas después pudo proteger parques, regular bosques y reconocer derechos ambientales. A la vez, sería un error romantizar esa trayectoria. El modelo de desarrollo de mediados del siglo XX promovió carreteras, expansión agrícola, industrialización y aprovechamiento intensivo de recursos, procesos que también generaron deforestación y presión sobre los ecosistemas. La historia ambiental de Costa Rica es, justamente, la historia de esa tensión.
Por eso el legado de Figueres resulta más interesante cuando se lo observa sin convertirlo artificialmente en un ambientalista del siglo XXI. Fue un hombre de su tiempo, con las contradicciones propias del proyecto desarrollista que defendió. Pero en su tercera administración se produjo un salto decisivo en la protección territorial; respaldó a quienes estaban construyendo el sistema de parques nacionales; escribió sobre árboles, arboricultura y reforestación; y perteneció a una generación política que consolidó la idea de que el Estado tenía responsabilidades activas sobre el bienestar y sobre determinados bienes colectivos.
A ciento veinte años de su nacimiento, esa dimensión merece ser recuperada. La Segunda República no nos entregó acabado el Estado ambiental que hoy conocemos. Nos dejó, más bien, una parte de sus cimientos. Sobre ellos trabajaron después conservacionistas, científicos, comunidades, juristas, instituciones y movimientos ciudadanos hasta que la protección de la naturaleza llegó a convertirse en un derecho constitucional. Recordar esa continuidad no significa atribuir a una sola persona una obra colectiva. Significa reconocer que la historia ambiental costarricense también forma parte de nuestra historia democrática, social e institucional, y que la defensa del ambiente no está separada de la búsqueda del bienestar: es una de sus expresiones más profundas.
