🦂⚖️ ¡Qué señora más cara’e barro: tras que las debe, las cobra!
Hay rostros que resisten cualquier tipo de abrasivo y pieles tan gruesas que desafían olímpicamente las leyes de la física, del decoro institucional y de la decencia pública. Pero lo de la señora diputada Marta Esquivel —quien fungiera como expresienta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante la administración Chaves Robles— raya de lleno en el cinismo de manual. ¡Resulta que, tras habérsele señalado e investigado formalmente por embolsarse jugosos sobresueldos que superaban con creces el tope salarial estipulado por ley, ahora sale exigiendo una millonaria indemnización al propio Estado!
La justicia costarricense, que a veces camina con pasos lentos pero firmes, acaba de dictar la orden de apertura de juicio en su contra tras finalizar la correspondiente audiencia preliminar en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Mientras los asegurados de este país hacen filas interminables, padecen listas de espera dantescas y la CCSS brega cotidianamente entre carencias financieras, a la exjerarca se le pagó religiosamente un salario mensual que rozaba los 7,15 millones de colones durante más de 24 meses. Todo esto ignorando flagrantemente el límite constitucional y legal fijado en 20 salarios base por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
🏛️💸 El mundo al revés: contrademandando al patrono
Pero lo verdaderamente delirante de este sainete nacional no es solo que la institución intente recuperar mediante un proceso de lesividad los dineros que se giraron indebidamente, sino la audaz y desafiante reacción de la actual legisladora oficialista. Lejos de guardar una prudente y decorosa discreción ante los estrados judiciales, decidió entablar una contrademanda exigiendo una indemnización de al menos 119 millones de colones.
¿Bajo qué argumentos pretende cobrar semejante fortuna? La señora reclama las diferencias salariales derivadas del posterior ajuste a la baja que se le aplicó, sumando además un jugoso rubro por “daño moral objetivo y subjetivo” para resarcir la supuesta afectación a su honor y buena reputación, tasado en tres millones de colones mensuales retroactivos. Como si los contribuyentes y los usuarios de la seguridad social tuviéramos la culpa de que las normativas de contención del gasto público le parecieran un adorno prescindible mientras firmaba sus propias colillas de pago con chequera ajena.
🦂 El aguijón final
Es la vieja y conocida táctica de voltear la tortilla: el que debe explicaciones a la ciudadanía grita más fuerte, y el que vulnera los fondos públicos se erige repentinamente en víctima pidiendo compensación económica. ¡Por eso clavo mi aguijón contra tanto cara de barro que pretende pasarle la factura de sus propios excesos al erario nacional!
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