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Luis Alberto Salas Sarkís
SI quieren privatizar el agua mediante el proyecto legislativo “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente No. 17.742. No es cierto que el declarar el agua como un derecho humano fundamental e indispensable, sea una garantía de que nunca nos faltará el preciado líquido en nuestros hogares (artículo 2 inciso a), lo que en realidad están haciendo es legalizar los “racionamientos” de manera que con solo un tiempo de bombeo de agua en las cañerías para hacer llegar a las casas una cantidad que cumpla estándares de sobrevivencia, se dé por cumplido el compromiso de “acceso al agua” y por supuesto todo el resto del agua será para que los políticos puedan vendérsela a las transnacionales y a los hoteles.
Analicen la trampa que nos están tendiendo: según los organismos internacionales como la OMS y la ONU entre 50 y 100 litros de agua son suficientes para que una persona pueda decir que tuvo acceso al agua como un derecho humano. Si tomamos en cuenta que de una cañería a nuestros hogares pueden llegar 4 litros de agua por minuto, quiere decir que en 25 minutos se obtendrían los 100 litros que nos quieren asignar por ley. La familia promedio es de 5 miembros, por lo que con un flujo de agua durante 125 minutos (2 horas y 5 minutos) sería “suficiente” para que el Gobierno cumpla con su “compromiso” de agua como derecho humano. Después de esto se reserva la acción de decretar un racionamiento del líquido para vendérselo a las hoteleras y corporaciones transnacionales, como la Nestle.
¿Cómo y por qué haría eso un político? Ese proyecto de ley convierte el agua en un “bien económico” o sea le da un valor económico (artículo 2 inciso b). Desde ese momento se convierte en una mercancía que puede ser vendida o concesionada por el Gobierno de turno (artículo 60) entonces las corporaciones trasnacionales, empresas nacionales, las hoteleras y personas físicas o jurídicas que casi siempre han querido las fuentes de agua para explotarlas sin control ni decencia, podrán ser objeto de una concesión de las fuentes de agua (artículo 62) al cumplir con una cantidad “adecuada” para la subsistencia de las personas, el resto será para vender sin control alguno. Esto se deduce claramente del artículo 74 del proyecto, donde el Estado se libera de responsabilidad por la falta de caudal o disminución natural que pudiera resultar en una concesión. Lo que nos indica que el concesionario puede sacarle toda el agua que pueda a la concesión al punto de secar un río, un manto acuífero, un lago, estanque… lo que se le otorgue sin control absoluto pero liberando al Gobierno del faltante.
También esta ley cierra un círculo que desde hace tiempo vienen los políticos corruptos de nuestro país queriendo concluir. Permite la concesión del agua marina y así podrán no solo aprovechar nuestros recursos acuíferos marinos, sino explotar el titanio, el gas natural y otros metales preciosos del fondo marino de nuestros océanos, a los cuales no podían llegar sin la concesión de espacios de mar (artículo 93) La concesión de APM-TERMINALS y esta ley cumplirán el sueño de enriquecerse entregando nuestras costas al mejor postor.
Esta ley causará la derrota a las comunidades que han estado luchando por la defensa de sus ríos en contra de los abusos que ganaderos y empresas agropecuarias que han cometido abusos con las fuentes de agua donde les han sacado más agua de lo que en realidad pueden dar. Ejemplo de esto es Miramar que después de que les secaron dos ríos, han luchado fuertemente contra unos ganaderos irresponsables quieren secar otro río más en su zona. Con esta ley su lucha será en vano porque permite la conformación de “sociedades de usuarios que podrán hacer el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre sus socios” (artículo 105)
Y para cerrar con broche de oro este proyecto privatizador le permite a los que han estado explotando el agua descaradamente, continuar haciéndolo sin ninguna regulación o pago justo por sus abusos. Ejemplo de esto es la Florida ICE y FARM quien paga 600 mil colones al año por todo el agua que le saca a un nacimiento del líquido en sus instalaciones con la que produce cerveza, refrescos y agua embotellada (transitorio XI). Ese dinero tan solo corresponde a la utilidad que obtienen por unas horas de producción, y después de esta ley ya nadie podrá ponerle el “cascabel al gato” y obligarlos a pagar un precio justo por el agua que aprovechan. ¿Por qué creen que La Nación y Teletica guardan silencio con respecto a esta ley?
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