Informe multipolar

Presentamos un exhaustivo recorrido geopolítico por los acontecimientos más críticos del acontecer global durante el mes de mayo de 2026. Desde el reordenamiento del mapa mundial con China en el centro de gravedad, hasta la profunda crisis política que sacude a Bolivia a seis meses de la llegada de Rodrigo Paz Pereira, junto con las principales claves de Asia, África, Europa y las Américas.

EDITORIAL | China en el centro del mapa geopolítico

Las recientes reuniones de Xi Jinping con Donald Trump y Vladimir Putin expresan de manera profunda una transformación estructural del sistema internacional. Lo que está en juego ya no es únicamente la competencia entre grandes potencias por mercados o primacía política, sino el agotamiento del orden liberal unipolar surgido tras la Guerra Fría y el avance —todavía contradictorio e inacabado— hacia una configuración multipolar.

En ese marco, China surge como el principal articulador de la transición global. Mientras Estados Unidos intenta contener su declive relativo y reorganizar su liderazgo internacional, Beijing despliega una política exterior basada en una combinación de pragmatismo económico, expansión tecnológica, capacidad financiera y construcción de legitimidad internacional en el Sur Global que irradia hacia los países centrales. Las imágenes de Xi recibiendo, con pocos días de diferencia, a Trump y Putin sintetizan esa nueva centralidad. Ya no es el eje de Washington secundado por Bruselas el gran ordenador de la política mundial: el centro de gravedad geopolítico y económico se desplaza gradualmente desde Occidente hacia Oriente, especialmente hacia Asia-Pacífico.

“Desde la perspectiva china, este cambio responde a un diagnóstico histórico de largo plazo. Xi Jinping ha insistido reiteradamente en que ‘Oriente asciende mientras Occidente declina’, formulación que resume la percepción de las elites chinas sobre la crisis de hegemonía estadounidense.”

La reunión entre Xi y Trump mostró además una relación de paridad inédita respecto de décadas anteriores e incluso una mayor capacidad china para ordenar tanto los términos de la discusión como las coreografías de la simbología diplomática. No fue una cumbre en la que Washington impuso agenda o prioridades. Por el contrario, los ejes centrales fueron los definidos por Beijing: Taiwán, estabilidad estratégica, comercio bajo condiciones de reciprocidad y desescalada administrada. Xi dejó claro que Taiwán constituye una línea roja capaz de empujar la relación bilateral hacia una “situación extremadamente peligrosa”. La Casa Blanca evitó confrontar abiertamente esa definición y priorizó sostener canales económicos y comerciales. Hay un reconocimiento explícito de la nueva correlación de fuerzas.

Por otra parte, el gigante asiático le dejó en claro al país norteamericano en la ritualidad quién imponía las condiciones. Trump fue recibido por el vicepresidente, Marco Rubio tuvo que cambiar su nombre para ingresar y a cada uno de los CEOs de las empresas más importantes de los EE.UU. que viajaron a la cumbre se le sentó al lado su principal competidor chino, entre otras picardías que pintaron de color una gestualidad ríspida.

El resultado fue una imagen de equilibrio estratégico donde Estados Unidos ya no aparece en condiciones de imponer unilateralmente la agenda o el rústico lenguaje diplomático hablado por Trump. La presencia de empresarios estadounidenses mostró además una contradicción estructural del capitalismo norteamericano: aun en plena rivalidad geopolítica, las grandes corporaciones estadounidenses continúan dependiendo del mercado chino, de sus cadenas industriales y de suministros, de sus vastos mercados y de su capacidad tecnológica.

Desde la perspectiva de la dirigencia china, su país aún se encuentra en vías de desarrollo. Su PBI es el 60% del de los EE.UU., su presupuesto militar es solo un tercio y la dependencia del petróleo que no produce todavía es muy importante. Sin embargo, son plenamente conscientes de que la tendencia histórica de ascenso económico y geopolítico oriental es muy difícil de revertir; los múltiples intentos de EE.UU. de recuperar terreno a través de la guerra comercial, la vía militar y la ruptura del orden geopolítico no hicieron más que acelerar este proceso histórico.

Hacia la multipolaridad

Este escenario se completa con la profundización de la alianza entre China y Rusia. El documento conjunto firmado por Xi y Putin sobre el “fortalecimiento del orden multipolar” constituye una pieza doctrinaria central de esta transición. Allí ambos países defienden un sistema internacional basado en soberanía estatal, no injerencia, igualdad entre Estados y rechazo a las sanciones unilaterales occidentales. Se trata al mismo tiempo de una impugnación directa tanto a la capacidad de Estados Unidos como de sus exaliados del ya extinto norte global de seguir definiendo unilateralmente las reglas internacionales, como la proyección de una alternativa de nuevo orden.

Durante la visita de Putin a Beijing, ambos gobiernos profundizaron acuerdos en energía, infraestructura, comercio, ciencia y tecnología, mostrando que la alianza no se limita a la coordinación geopolítica sino que busca construir densidad económica e institucional propia. La fórmula de “orden multipolar” funciona así como lenguaje común de una coalición antihegemónica que busca erosionar la arquitectura internacional construida bajo predominio noratlántico.

Si ponemos el foco en Rusia, contrariamente a muchas previsiones occidentales iniciales, la guerra en Ucrania tampoco derivó en el aislamiento estratégico de Rusia y mucho menos en un desplome o colapso. Moscú logró sostenerse pese a los enormes bloqueos de los EE.UU. y Europa, incluyendo el “apagón financiero tecnológico”. Logró desarrollar capacidades propias en materia de economía digital y financiera e incluso modernizar parte de su capacidad militar mediante el uso de misiles hipersónicos como los Kinzhal, Zircon y Oréshnik, capaces de vulnerar sistemas defensivos occidentales. Si bien la guerra se hizo larga y costosa, el lento avance con momentos de empantanamiento de Rusia en Ucrania también anegó a Europa, que aparece como uno de los actores más debilitados de esta etapa. La ruptura energética con Rusia aceleró procesos de desindustrialización y encarecimiento estructural de costos productivos, especialmente en Alemania y otros importantes polos manufactureros europeos.

La escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán profundizó todavía más esa vulnerabilidad al impactar sobre los precios energéticos globales y las rutas estratégicas de abastecimiento. Ucrania, mientras tanto, enfrenta un desgaste político interno agravado por los últimos casos de corrupción, las dificultades de reclutamiento por el desgaste social y la dependencia absoluta del financiamiento externo librado a la suerte y las posibilidades europeas.

Por todo esto, la guerra en Ucrania expresa menos la fortaleza de Occidente que su crisis estructural. Estados Unidos conserva superioridad militar pero busca replegarse de sus tareas de gendarme global y usar las armas de manera selectiva como en Venezuela o en Irán (el triple de gasto que China, el segundo país que más gasta), pero perdió una parte muy importante de su capacidad industrial, pierde cada vez más cohesión social y legitimidad internacional al impulsar la ruptura del orden multilateral. La dinámica histórica central no sería entonces el aislamiento ruso, sino el desgaste progresivo del bloque atlántico frente al ascenso de potencias no occidentales, capaces de combinar Estados fuertes, desarrollo de industrias estratégicas, fortalecimiento relativo de su soberanía frente a las potencias centrales y nuevos bloques de poder tanto regionales como globales: ASEAN, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, BRICS+, entre otros.

Ahora bien, al mismo tiempo, es relevante señalar que en la alianza sinorrusa existe tanto una complementariedad como una asimetría. Rusia no podría sostener su posición en Ucrania sin la compra china de petróleo, que necesita de ese abastecimiento energético pero se presenta con más recursos para afrontar estos tiempos críticos: otros proveedores, muchas reservas acumuladas y una transición energética que avanza de manera acelerada.

La cuestión iraní también debe leerse en este marco. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos muestran a Washington intentando administrar costos más que imponer condiciones. Los trascendidos sobre un posible acuerdo aparecen menos como una victoria estratégica norteamericana que como un intento de evitar una escalada regional incontrolable con una derrota aún más agravante. Los últimos días evidenciaron fuertes contradicciones y desmentidas cruzadas entre ambas partes respecto del alcance real de las negociaciones. Mientras distintos medios señalaron avances hacia un esquema de tregua prolongada, reapertura del estrecho de Ormuz y eventual flexibilización parcial de sanciones o descongelamiento de activos iraníes, la Casa Blanca rechazó públicamente versiones que sugerían aceptar un control iraní compartido sobre Ormuz. Al mismo tiempo, continuaron los ataques cruzados, reflejando que la diplomacia avanza en un marco de extrema fragilidad e incertidumbre.

En este sentido, incluso aliados tradicionales como Israel expresaron preocupación por las negociaciones y por la posibilidad de que Washington termine aceptando concesiones relevantes a Teherán: el cese al fuego en todos los frentes, control compartido del estrecho de Ormuz con Omán, el descongelamiento de al menos 25 mil millones de dólares de capitales iraníes y luego la revisión del plan nuclear.

Las encuestas reflejan además un creciente desgaste interno en la sociedad estadounidense respecto del conflicto. Una mayor parte de la opinión pública desaprueba el manejo de la situación con Irán y percibe que Estados Unidos no logra consolidar victorias claras en los principales escenarios internacionales. La guerra aparece cada vez más como un conflicto costoso, incierto y políticamente desgastante, lo cual es preocupante de cara a las elecciones de noviembre.

Mientras tanto, actores no occidentales como China, Pakistán, Omán, Qatar o Turquía ganan protagonismo diplomático como mediadores regionales, evidenciando que Washington ya no monopoliza la gestión de las crisis internacionales. Pakistán, particularmente, emergió como un actor relevante en la intermediación entre Washington y Teherán, mostrando el creciente peso de potencias regionales por fuera del eje atlántico.

En este contexto, el concepto de la “Trampa de Tucídides”, retomado por Xi Jinping para advertir sobre el riesgo histórico de guerra entre una potencia dominante y otra emergente, adquiere nueva relevancia. Sin embargo, la novedad histórica actual es que el conflicto global ya no se organiza alrededor de una única hegemonía: China no es Atenas y EE.UU. no es Esparta. Es una posibilidad entonces que esta transición nos lleve a un orden no hegemónico.

Las disputas geopolíticas centrales del siglo XXI no son y probablemente no serán solamente militares. Son también tecnológicas, financieras, energéticas y narrativas. Este último plano de disputa por el sentido de los hechos en estas guerras híbridas, prolongadas y con resultados pantanosos, resulta fundamental para analizar sus resultados políticos y los costos sociales. Irán y Líbano podrán haber quedado destruidos, pero eso no garantiza en lo más mínimo la victoria política de sus enemigos. Ni las guerras, ni los genocidios han forjado órdenes prósperos, ni mucho menos legítimos.

Lo que está en juego es quién define las reglas del nuevo orden internacional y qué modelo político-económico logra proyectar mayor legitimidad global. Las reuniones de Xi con Trump y Putin muestran precisamente eso: China discute con ventaja cómo será el sistema que emerja después del ocaso de la primacía occidental.

El gigante asiático recupera —después de un siglo de humillación colonial europea y casi 70 años de revolución y transformación social y económica— su sentido original. Zhōngguó vuelve a ser el país del centro.

ESPECIAL BOLIVIA | Fin de la luna de miel con Paz y retorno de la conflictividad

A seis meses de haber asumido la presidencia, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira atraviesa su mayor crisis política y social. La combinación de deterioro económico, escasez de combustibles y caída del poder adquisitivo ha derivado en una escalada de protestas, bloqueos y enfrentamientos que pusieron bajo fuerte presión a la administración boliviana.

La llegada de Rodrigo Paz al poder a inicios de noviembre de 2025 marcó el fin de casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), luego del profundo desgaste generado por la disputa interna entre Arce y Evo. Arce había llegado a la presidencia en 2020 como el candidato impulsado por el propio Morales tras la crisis política de 2019. Sin embargo, ambos terminaron enfrentados por el control del partido y del gobierno debilitando la cohesión política y territorial del oficialismo de cara a las elecciones de 2025. En ese contexto emergió la candidatura de Paz, dirigente boliviano-español e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, con un discurso de derecha moderado, centrado en la estabilidad económica y la consigna “capitalismo para todos”.

La fórmula fue acompañada por Edman Lara, excapitán de policía con fuerte presencia en redes sociales. Si bien la campaña logró capitalizar el voto anti-MAS y el desgaste de la dirigencia tradicional, las tensiones dentro del oficialismo comenzaron a expresarse rápidamente cuando Lara tomó distancia del presidente y pasó a cuestionar públicamente distintas decisiones del Ejecutivo, mientras sectores sociales y opositores comenzaron a criticar el alineamiento internacional del gobierno con Estados Unidos e Israel y las políticas de ajuste económico impulsadas para enfrentar la crisis fiscal y energética.

Escalada de protestas y conflictividad social

Uno de los principales focos de tensión fue la llegada a La Paz de una marcha indígena-campesina el 4 de mayo, tras 28 días de caminata desde la Amazonía boliviana para exigir la derogación de la Ley 1720, vinculada a la recategorización de tierras rurales y cuestionada por organizaciones indígenas y campesinas, que denunciaron un avance sobre los territorios comunitarios.

En las calles de La Paz, el 5 y 6 de mayo la Central Obrera Boliviana (COB), junto a sindicatos fabriles, mineros y gremios docentes urbanos, profundizó las movilizaciones exigiendo aumentos salariales frente a una inflación interanual que ya supera el 14% —muy por encima del promedio boliviano de los últimos años, históricamente ubicado entre el 2% y el 5%—. Las protestas derivaron a su vez en fuertes enfrentamientos con la policía en el centro paceño, con represión, gases lacrimógenos, detenidos y manifestantes intentando avanzar hacia edificios públicos.

Durante la segunda semana de mayo la conflictividad continuó escalando, ya que los bloqueos de rutas impulsados por transportistas y organizaciones sociales comenzaron a paralizar parcialmente el país, afectando corredores estratégicos y agravando la escasez de combustibles. Ya hacia mediados de mes, La Paz y El Alto enfrentaban serias dificultades de abastecimiento de alimentos, nafta, gasoil y oxígeno medicinal.

El 16 de mayo, en medio del operativo oficial denominado “Corredor Humanitario”, el gobierno desplegó fuerzas policiales y militares para desbloquear rutas y garantizar el ingreso de suministros básicos hacia la sede de gobierno. Ese mismo día, Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Rodrigo Paz y ordenó el envío de dos aviones Hércules para reforzar el puente aéreo de abastecimiento hacia La Paz y El Alto. Aunque oficialmente Buenos Aires sostuvo que se trató de una misión exclusivamente humanitaria destinada al traslado de alimentos e insumos básicos, sectores opositores bolivianos y el propio Evo denunciaron que las aeronaves también podrían haber transportado gases lacrimógenos y material destinado a la represión de las protestas.

Finalmente, la respuesta estatal frente a la escalada de bloqueos terminó por profundizar aún más la crisis política. Los operativos de desbloqueo derivaron en fuertes enfrentamientos, decenas de heridos y múltiples detenciones. En un primer momento, distintos sectores opositores y organizaciones sociales denunciaron al menos cuatro muertes vinculadas al conflicto. Sin embargo, con el correr de los días, gran parte de esas denuncias comenzaron a asociarse a las consecuencias de los bloqueos. Sin embargo, en los últimos días la tensión volvió a escalar tras el asesinato de un joven en Calamarca, cerca de La Paz, durante la represión de un bloqueo por parte de las fuerzas estatales.

Reacciones regionales e internacionales

Además del apoyo directo de Javier Milei, Chile también envió asistencia humanitaria e insumos de emergencia en medio del agravamiento del desabastecimiento. En paralelo, el Parlamento del Mercosur expresó el rechazo a eventuales acciones desestabilizadoras, mientras que Claudia Sheinbaum salió públicamente en defensa de Evo Morales, cuestionó los “históricos antecedentes de injerencia” de Estados Unidos en América Latina y reivindicó los resultados económicos y sociales alcanzados por Bolivia durante los gobiernos del MAS. Por su parte, Lula evitó inicialmente pronunciamientos políticos directos sobre el conflicto, aunque posteriormente autorizó el envío de ayuda humanitaria y expresó la necesidad de preservar las instituciones democráticas y evitar una profundización de la violencia.

Por su parte, Petro definió las protestas bolivianas como una “insurrección popular” y llegó a ofrecerse públicamente como mediador del conflicto, además de expresar respaldo político a Evo Morales y cuestionar el rumbo del gobierno de Paz. Las declaraciones fueron interpretadas en La Paz como una abierta injerencia en sus asuntos internos y derivaron en la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García. Horas más tarde, Colombia respondió expulsando al embajador boliviano en reciprocidad. Mientras Petro denunció que Bolivia “se está pasando a extremismos”, Paz calificó sus declaraciones como un “ataque a la democracia boliviana” y una legitimación política de las protestas y bloqueos impulsados por sectores opositores.

Estados Unidos, por otro lado, manifestó su “profunda preocupación” por la crisis. El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó que las protestas podrían constituir un intento de desestabilización contra un gobierno democráticamente electo.

Perspectivas estructurales

Detrás de la conflictividad aparece además una crisis estructural mucho más profunda. Durante años, Bolivia sostuvo un modelo económico apoyado en los ingresos extraordinarios del gas; sin embargo, la caída de la producción hidrocarburífera, el agotamiento progresivo de las reservas gasíferas y la creciente escasez de dólares comenzaron a erosionar la capacidad del Estado para sostener ese esquema. Así, el país enfrenta hoy un verdadero cuello de botella energético y económico. En ese contexto, las medidas de ajuste impulsadas por el actual gobierno terminaron acelerando el malestar social.

La conflictividad actual expresa además tensiones sociales más profundas acumuladas durante el propio ciclo de transformación boliviano de las últimas dos décadas. Sectores de la clase trabajadora, comerciantes y capas medias populares que lograron ascenso social, acceso al consumo y mejoras materiales durante los gobiernos de Evo Morales comenzaron en los últimos años a distanciarse políticamente del proceso. Parte de esos sectores adoptó posiciones cada vez más conservadoras, antiestatales e incluso discursos racistas y antiindígenas, especialmente en centros urbanos y las regiones orientales del país. Esa mutación social y cultural ayuda a explicar tanto el apoyo recibido por Rodrigo Paz en 2025 como la creciente fragmentación política y social de Bolivia tras el agotamiento del consenso construido durante el auge económico del ciclo masista.

Al mismo tiempo, el ciclo político inaugurado por el Estado Plurinacional dejó una estructura de organización social, sindical, campesina e indígena con altos niveles de movilización y conciencia política que continúa ejerciendo una importante capacidad de presión territorial. Más allá del desgaste del propio MAS, el denominado “proceso de cambio” sigue conservando legitimidad simbólica y social en amplios sectores populares, particularmente en el mundo indígena-campesino y en regiones históricamente movilizadas. Precisamente por eso, distintos sectores de la derecha boliviana comenzaron a impulsar la necesidad de una reforma constitucional orientada a desmontar parte de la arquitectura política, económica y plurinacional construida durante el ciclo inaugurado por Evo Morales.

En ese marco, el gobierno de Rodrigo Paz parece haber cometido el error estratégico de enfrentarse simultáneamente con sindicatos, transportistas, organizaciones campesinas e indígenas, sectores fabriles y parte de los movimientos sociales. En distintos puntos del país comenzaron a multiplicarse consignas y movilizaciones exigiendo abiertamente su renuncia, incluso en sectores que habían acompañado electoralmente al oficialismo en 2025 y que hoy expresan sentirse traicionados por el rumbo económico y político del Ejecutivo.

Aunque el gobierno intenta sostener la iniciativa mediante negociaciones parciales y a través de un “Pacto de Gobernabilidad” impulsado desde mayo para reunir a gobernadores, empresarios, sectores sociales e iglesias alrededor de una agenda de estabilidad política y reformas económicas, la persistencia de los bloqueos y la radicalización del clima político muestran que Bolivia atraviesa mucho más que una crisis coyuntural.

RESUMEN GLOBAL: Claves Geopolíticas del Mes