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Guadi Calvo
Después de los dos años de la guerra civil etíope (noviembre 2020-noviembre de 2022), entre la milicia separatista de la Región de Tigray, en el norte de Etiopía, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) y el ejército regular del gobierno central, las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (FDNE), nuevos remezones se producen desde el primero de agosto. Ya que partes del acuerdo de paz firmado en 2022 no se han implementado, como la recuperación por parte del TPLF del control de la región, con el fin de la administración interina que se creó como parte de la resolución del conflicto.
Los enfrentamientos más graves desde el fin de la guerra han escalado el pasado fin de semana en Shererina, cerca de la frontera con Sudán. Algunos testigos denunciaron que los combates se prolongaron hasta el domingo, en los que se utilizaron artillería pesada y drones, y se prolongaron el lunes con drones en Merewa, en el sur de la región.
La pasada guerra civil, que dejó aproximadamente un millón de muertos, cinco o seis de desplazados y bolsones de devastaciones de infraestructura en todas las Kililoch (regiones) donde se libraron las grandes batallas, se originó en la búsqueda de Tigray de independizarse del gobierno central, después de que un plebiscito, no reconocido por Addis Abeba, había indicado que la mayoría de los tigriños pretendían gobierno independiente.
Es cierto que el Acuerdo de Pretoria (Sudáfrica), que terminó con la guerra en 2022, pareció darle un fin definitivo a aquella guerra, aunque también es igual de cierto que ningún acuerdo, por gentil que pueda parecer, consigue olvidar las trágicas consecuencias que dejan siempre las guerras y mucho menos las masacres de características étnicas y tribales que se han producido entre 2020 y 2022, que incluyen exterminio de aldeas enteras, fusilamientos sumarios, saqueo y robos de bienes, violaciones masivas de sus mujeres y, en varias oportunidades, bombardeos contra ciudades y pueblos de la Kililoch, incluida su capital Mekelle, además de la destrucción de los suministros de agua y la infraestructura hospitalaria.
En esta guerra participó junto a Addis Abeba el poderoso ejército eritreo, que tenía cuentas pendientes con los rebeldes tigrayinos, ya que estas comunidades étnicas, que son mayoría en Eritrea, se aliaron a sus hermanos etíopes, buscando la creación de una patria tigray unificada.
La etnia tigray ocupó por décadas las posiciones más relevantes de la estructura gubernamental de Etiopía; sus miembros fueron influyentes generales y altos oficiales del ejército, además de ministros, secretarios de estado e incluso primeros ministros, como es el caso de Hailemariam Desalegn (2012-2018), removido de manera abrupta por un golpe palaciego que dejó en su cargo a Abiy Ahmed, un amhara/oromo, bien visto por Occidente, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019, cuyo ascenso significó el ostracismo de miles de funcionarios tigreyinos, que de nuevo en su tierra comenzaron a plantearse la idea de una nación autónoma.
Varios factores se conjugaron para que la actual tensión entre Mekelle y Addis Abeba no surgiera de inmediato a los Acuerdos de Pretoria: la devastación en que quedó sumida Tigray, la campaña represiva que el presidente eritreo, Isaias Afwerki, lanzó contra los tigriyos de su país, el recrudecimiento de las operaciones armadas de movimientos insurgentes activos en otras kililoch como en Amhara y la Oromia.
La conformación federal del Estado etíope admite que cada uno de sus doce kilioloch conforme su propia milicia, más allá del FDNE (Ver: Etiopía: De una guerra étnica a un conflicto regional), lo que a partir de abril del 2023 el Primer Ministro Abey intentó desarticular estableciendo la desmovilización de todas las milicias regionales y su incorporación al ejército regular. A estos factores de altísima tensión hay que sumarle la Guerra Civil de Sudán, que comenzó el 15 de abril de 2023, apenas cinco meses y días después del Acuerdo de Pretoria, y que, dada la extrema permeabilidad de los 1.600 kilómetros de frontera, los que, tras la independencia de Sudán del Sur en 2011, se redujeron a casi la mitad, aunque los pueblos establecidos desde mucho antes de esos trazos artificiales están íntimamente ligados por consanguineidad, comercio, cultura e intereses comunes. Por lo que, tras el estallido de la guerra sudanesa en 2023, fue prácticamente imposible contener a los cientos de miles que huyeron desde Sudán a Etiopía. Y que desde entonces, sin control oficial, se han establecido en campamentos improvisados, mezclándose con sus hermanos transfronterizos, y en muchas oportunidades han sido víctimas de los ejércitos de ambos países.
En esas áreas del lado etíope es que operan fundamentalmente las guerrillas conocidas como Fano (juventud), una milicia etnonacionalista desgajada de la milicia regional Amhara, que desde 2023 se enfrenta a las tropas de las FDNE, que no han podido neutralizar.
Addis Abeba también enfrenta al Ejército de Liberación de Oromo (OLA), una organización escindida del Frente de Liberación de Oromo (OLF), que también pugna por su independencia.
Saltando del fuego al fuego
Una reciente denuncia de Human Rights Watch refiere que, por lo menos desde el pasado abril, las autoridades de la Kililoch de Tigray han lanzado una operación de secuestros y reclutamiento forzosos de civiles y combatientes ya licenciados, incluso de menores. Los que son capturados por medio de razias callejeras, eligiendo a sus víctimas en las calles, lugares públicos como oficinas, mercados. Existen denuncias de que también son allanados domicilios privados en horas de la noche y campamentos de explotaciones mineras, los únicos lugares donde los más jóvenes pueden conseguir trabajo. Las denuncias han llegado desde aldeas y pueblos del interior de la región, responsabilizando a militares como funcionarios de la kilioloch de Tigray.
Estas levas han generado psicosis entre la población masculina de toda la kililoch, lo que ha forzado a que muchos empiecen a abandonarla. Esta operación se inició a raíz de la creciente tensión entre Addis Abeba y el principal partido político de Tigray, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).
El TPLF desde principios se encuentra embarcado en una campaña de reclutamiento para instar a los excombatientes de las Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF) que vuelvan a sus filas. En vista de que la situación de seguridad de la región está próxima a colapsar por las presiones del poder central.
Esta campaña se intensificó a finales de abril por intermedio de reclutamientos forzosos y las levas arbitrarias, subiendo a los posibles reclutas a camiones con destinos desconocidos, a lo que se sospecha son llevados a campos de entrenamiento no declarados en las montañas. Violando las leyes internacionales que tienen prohibidas las incorporaciones convulsivas.
Cientos de etíopes de la región de Tigray han comenzado a cruzar hacia la vecina Sudán, tras los enfrentamientos entre las fuerzas regionales y el ejército etíope durante el fin de semana.
Esta escalada obliga a considerar la posibilidad del retorno al conflicto a gran escala, contagiando de la guerra civil de Sudán, donde un entrecruzamiento de acusaciones señala que hay partes implicadas que operan a cada lado de la frontera.
La administración regional de Tigray responsabilizó al Gobierno central de lanzar una “guerra abierta” en la zona de Shererina, una pequeña localidad en el oeste de Tigray, particularmente sensible por estar en disputa con el Kililoch Amhara, violando los acuerdos de paz, con el fin de “subyugar y dividir” al pueblo de Tigray.
Entre tanta confusión y acusaciones cruzadas, tampoco se ha podido conocer el número de muertos de estos, que nunca se sabe si son los primeros o los últimos, aunque parte de la misma música.
