Presidente Chaves advierte que Costa Rica podría salirse de la CIDH

El Presidente de Chaves advirtió que el país saldrá de la Convención si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avanza con el aborto en el Caso Beatriz

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See de la CIHN en San José. CIDH / CPNews

San José, 15 dic 2023 (CPNews).- En una reciente entrevista, el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reafirmó su postura en defensa de las leyes nacionales y tratados internacionales firmados por su país que defienden la vida desde la concepción.

Manifestó que, en caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle a favor de la causa abortista en el Caso Beatriz, “Costa Rica no tiene ninguna opción más que salirse del tratado”. Esto significa que rechaza la competencia contenciosa de la Corte. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales.

Dentro de esta función contenciosa, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano.

Si bien el país no abandonó la Convención Americana de Derechos Humanos con el resultado de la opinión consultiva de la Corte IDH con respecto al matrimonio igualitario, Chaves considera que el aborto sí es un límite que obligaría a su país a tomar la decisión de apartarse.

Tanto el artículo 31 del Código Civil como el art. 12 del Código de Niñez y Adolescencia reconocen expresamente en ese país los derechos de las personas desde la concepción. También lo hace la misma Convención en su artículo 4.1. Pero el activismo manifiesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contravenir ese artículo hace temer que la Corte actúe en la misma dirección, como parte del mismo SIDH.

Con respecto al Caso Beatriz, al tratarse de un fallo que debe emitir la Corte IDH, y no una opinión consultiva, sus implicancias podrían marcar un precedente aún mayor en la legislación sobre el aborto para todos los países miembros. Pero sin dudas generará también un duro cuestionamiento sobre la legitimidad de la Corte IDH a raíz de su creciente tendencia a producir sentencias cada vez más cuestionadas e incluso a crear derecho, un poder que solo ostentan los poderes legislativos nacionales.

“Estamos analizando con mucho cuidado, porque esto es ajedrez de las grandes ligas” dijo el Presidente Chaves con respecto a un posible fallo favorable al aborto en el Caso Beatriz. Costa Rica, en caso de abandonar el Tratado, se convertiría en el primer país firmante en hacerlo.

Pero también coinciden en una postura similar el nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei y su vicepresidente, Victoria Villarruel, quienes, pocos meses antes de asumir sus cargos, firmaron una declaración dirigida a la Corte Interamericana “reclamando que no se manipule la letra de la Declaración Americana de DDHH ratificada por nuestro país y no se distorsionen los hechos en el caso Beatriz vs El Salvador”.

Las declaraciones de estos mandatarios van de la mano de la opinión de numerosos expertos e incluso ya son trescientos veintitrés los legisladores de los países miembros de la Corte IDH, que firmaron la misma declaración que Milei y que dudan de la legitimidad de la Corte para emitir fallos que impacten de manera directa en cuestiones que conciernen al ámbito legislativo de cada Estado miembro en particular.

En los alegatos finales del Caso Beatriz, la defensa se preguntó sobre el rol de la Corte IDH y si es legítimo que tome decisiones propias de otros órganos representativos democráticos, más cuando se trata de una Corte alejada de la realidad social de cada país.

También en la ONU recientemente, legisladores nacionales de los países miembro denunciaron que este accionar de la Corte Interamericana pasa por encima de las funciones de quienes son democráticamente elegidos por los ciudadanos de cada Estado para legislar.

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