Cambio Político Opinión y análisis
(2015-2026)
Ana Gabriela Massey Machado
Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Polonia. Una crisis que comenzó hace más de una década y que, lejos de resolverse, parece encontrar nuevos motivos de confrontación.
Tuve la oportunidad de viajar a ese hermoso país en varias ocasiones, dado que fui nombrada como embajadora concurrente ante esa nación.
En general, los polacos me parecieron personas abiertas y simpáticas, pero también de carácter fuerte, con cierta dosis de agresividad que, creo yo, tiene mucho que ver con su historia. Y no es para menos. Ya sabemos que alguna vez los borraron del mapa. Esa historia de resistencia y supervivencia les ha dado una pasión y una vitalidad muy particulares.
Pero hay otro elemento que ayuda a comprender la intensidad de sus enfrentamientos políticos: la particularidad de su sistema de gobierno.
En Polonia, el presidente de la República es elegido directamente por los ciudadanos, mientras que el primer ministro depende de la mayoría parlamentaria. Por ello, no necesariamente pertenecen al mismo partido político.
De hecho, desde 2023, Polonia tiene un gobierno encabezado por Donald Tusk, de orientación liberal y europeísta, mientras que la Presidencia de la República ha permanecido en manos de figuras vinculadas al partido Ley y Justicia (PiS), de orientación nacionalista y conservadora.
De manera que las condiciones para la confrontación están servidas.
Y es precisamente en ese contexto donde se desarrolla una crisis constitucional que lleva más de diez años.
Para entenderla, hay que regresar a 2015.
Con la llegada al poder del PiS, surgió un conflicto por el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. El nuevo Parlamento (Sejm o Cámara Baja) cuestionó las elecciones realizadas por la legislatura anterior y el entonces presidente de la República, Andrzej Duda, se negó a recibir el juramento de tres magistrados legalmente elegidos.
Durante los ocho años de gobierno del PiS se aprobaron reformas judiciales ampliamente cuestionadas por la Unión Europea. La independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional quedaron comprometidas por irregularidades en los nombramientos y por la creciente influencia política sobre el Poder Judicial.
En diciembre de 2023, Donald Tusk asumió como primer ministro al frente de una coalición de orientación europeísta e inició un proceso para revertir las reformas judiciales anteriores, con el propósito de restablecer el Estado de derecho.
Sin embargo, recuperar la legitimidad de un Tribunal cuya integración se cuestiona desde hace años no resulta tan sencillo.
En 2024, el gobierno dejó de publicar las sentencias del Tribunal Constitucional, al cuestionar su legitimidad. Una decisión que también ha recibido objeciones jurídicas.
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que, debido a irregularidades en los nombramientos de magistrados y de su presidencia, el Tribunal Constitucional polaco no cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad exigidos por el derecho europeo.
En marzo de 2026, el Sejm eligió nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional. Sin embargo, al igual que su antecesor Duda, el actual presidente, Karol Nawrocki, también respaldado por el PiS, se negó a recibir el juramento de varios de ellos, impidiendo que asumieran efectivamente sus funciones.
En mayo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas provisionales para que las autoridades polacas dejaran de obstaculizar el ejercicio de las funciones de cuatro magistrados elegidos por el Parlamento.
Posteriormente, el 13 de octubre de 2026, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, sostuvo que el presidente de la República no tiene facultades para revisar o invalidar las elecciones de magistrados realizadas por el Parlamento y que debe recibir sus juramentos sin demoras injustificadas.
Hasta aquí, podría pensarse que estamos ante una disputa por el nombramiento de jueces, aunque con consecuencias constitucionales de enorme trascendencia.
Pero el pasado 30 de octubre la crisis alcanzó un nuevo nivel.
La magistrada Anna Korwin-Piotrowska, invocando su condición de jueza de mayor antigüedad, ordenó suspender por 30 días al presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański.
La medida provocó enfrentamientos institucionales, presencia policial y una confrontación con el presidente Nawrocki, quien cuestionó su legalidad.
Desde sectores políticos se llegó a denunciar un supuesto golpe de Estado contra el Tribunal.
Sin embargo, según el comunicado oficial de la Policía, el despliegue respondió a solicitudes del fiscal general y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, y de la magistrada Korwin-Piotrowska, quienes advirtieron de riesgos para la seguridad y el orden público. No se ha acreditado que Tusk ordenara personalmente la intervención policial.
Por su parte, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos advirtió que la suspensión de las autoridades del Tribunal presenta serias dudas jurídicas y podría establecer un precedente peligroso.
Y aquí es donde, como abogada, encuentro la parte más compleja de esta crisis.
¿Cómo recuperar la independencia y legitimidad de un Tribunal sin vulnerar, en el intento, el principio de legalidad, la separación de poderes y las garantías de independencia e inamovilidad judicial?
Porque una cosa es reconocer que existen problemas de legitimidad en la integración de un Tribunal, y otra muy distinta es determinar cuáles son los mecanismos jurídicamente válidos para corregirlos.
Incluso la propuesta de un «reinicio constitucional», que contempla reformar el sistema de elección de magistrados y renovar completamente la integración del Tribunal, plantea desafíos jurídicos de enorme trascendencia.
Y no podemos olvidar que detrás de esta disputa institucional también existe una sociedad dividida.
La crisis refleja, en buena medida, el enfrentamiento entre dos visiones de Polonia: una liberal y europeísta, y otra nacionalista y conservadora.
Cuando pienso en la Polonia que tuve oportunidad de conocer, en ese orgullo tan particular por su historia, sus instituciones y su soberanía, me parece difícil imaginar una solución que una parte de la sociedad perciba como una imposición de la otra.
Por eso, creo que la salida no está únicamente en las reformas legales. Se necesita un consenso político que permita reconstruir la confianza en las instituciones, sin que una parte de la sociedad sienta que la otra se ha apropiado de ellas.
Y ese es, posiblemente, el mayor desafío que tiene Polonia por delante.
Porque, finalmente, la verdadera fortaleza de un Estado de derecho no consiste en que una fuerza política logre imponerse sobre otra, sino en que todas acepten someterse a las mismas reglas constitucionales.
