La unidad del estado y la crisis de seguridad

Y usted… ¿qué opina?

Fernando Berrocal

La participación, la semana pasada, de la Magistrada Patricia Solano, Presidenta de la Sala III y de Randall Zúñiga, como Jefe del OIJ, en una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de ley No. 23612 para crear un nuevo y potente Sistema de Seguridad Pública, abre una vez más el debate sobre el tema de la Unidad del Estado y la División de Poderes y, a la vez, pone sobre el tapete de la prioridades de Costa Rica la gravísima crisis actual de inseguridad nacional e inseguridad ciudadana.

El proyecto de ley que respaldan 17 Diputados del Partido Liberación Nacional y que fue presentado a la corriente legislativa por el Diputado Gilberth Jiménez, aboga por fortalecer el Consejo de Seguridad Nacional actualmente contemplado en la Ley General de Policía y ampliarlo invitando al Presidente de la Sala III (Poder Judicial), el Presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (Asamblea Legislativa) y el Fiscal General de la República, con el propósito de formular y evaluar POLITICAS PUBLICAS del Estado Costarricense que sean integrales y no solo POLICIALES, de modo que los tres Poderes de la República, bajo la concepción constitucional de que el ESTADO ES UNO, coadyuven en forma articulada para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada que amenazan con transformar a Costa Rica en un país fallido y que nos tienen sumidos en la peor crisis de inseguridad de la historia.

Hay otra razón adicional para esta propuesta: el narcotráfico es un delito transnacional y, las mafias del narcotráfico estadounidenses, colombianas y mexicanas, constituyen una poderosa fuerza criminal con toda clase de recursos económicos, armas, capacidad tecnológica y mafiosos nacionales a su servicio y no hay otra forma posible de enfrentarlos y combatirlos que no sea dentro de un esquema de cooperación regional en materia de información policial y de activa cooperación operativa con la participación de los Cuerpos de Policía y Agencias Especializadas de los países regionales involucrados.

De otra forma, esa batalla estaría totalmente perdida para Costa Rica, por ser nuestro país el eslabón más débil y estar territorialmente en el medio de una cadena de transmisión que va desde los países productores de cocaína y otras drogas ilícitas (Colombia, Ecuador, Bolivia, Jamaica) hasta los grandes mercados de consumo en México, los Estados Unidos y los países de Europa. Además, y como es obvio, por no tener Fuerzas Armadas y por las debilidades presupuestarias y estructurales de nuestra Fuerza Pública, la PCD, otros Cuerpos de Policía y el mismo OIJ, a lo que se agregan las Policías Municipales.

La Contraloría General de la República, en varios calificados informes y desde el tiempo en que me desempeñé como ministro de Seguridad Pública, ha señalado que uno de los problemas estructurales que tenemos como país es la desarticulación legal y operativa y la falta de coordinación entre los Cuerpos de Policía. También lo señaló, en ese entonces, un estudio que le encargamos a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ahí hay un enorme y serio problema: la falta de coordinación por ley de los Cuerpos de Policía. Un problema que trata de resolver el proyecto de ley #23612.

Además de la Fuerza Pública y la PCD, creada ésta última por ley de la República en 1994, existen otros Cuerpos de Policía en diferentes ministerios del Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Organismo de Investigación Judicial en el ámbito del Poder Judicial. El OIJ y la PCD con facultades de investigación y represivas. El resto de los Cuerpos de Policía con facultades solamente preventivas, al igual que las Policías Municipales. También está la DIS que es un viejo resabio de la Guerra Fría, superado por el tiempo que vivimos y las exigencias del siglo XXI y que se propone, en el citado proyecto de ley, que se transforme en la DIPOL adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, como importante órgano de inteligencia policial, compartiendo funciones y relaciones con INTERPOL, porque en el presente esas relaciones las mantiene, únicamente, el OIJ y la Fiscalía General de la República.

Entiendo y acepto que no es fácil darle coherencia y articular un nuevo Sistema de Seguridad Pública, a partir de la visión correcta de que el Estado es Uno, como tesis que defendemos desde la social democracia. Acepto y entiendo que las reservas de la Magistrada Solano son válidas y responden a la tesis de la División de Poderes establecida en nuestra Constitución Política. También entiendo y acepto las reservas del Jefe del Organismo de Investigación Judicial y la defensa que él hace de aquellas facultades de investigación y represión que por ley le corresponden a ese Cuerpo de Policía adscrito al Poder Judicial. Facultades de investigación y represión que, igualmente y por ley de la República, le corresponden también a la Policía de Control de Drogas (PCD) adscrita al Ministerio de Seguridad Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo.

No me cabe la menor duda de que estamos ante un problema de redacción y de lenguaje correcto para armonizar ambas propuestas y lograr un proyecto de ley que venga a resolver este vacío de coordinación existente en el presente.

Me retrotraigo a mi propia experiencia como funcionario público y a las famosas 75 toneladas de droga que incautamos en poco tiempo, la captura de un general de las FARC que se “enfriaba” en una finca de las alturas de Coronado (mientras trabajada activamente para penetrar con dinero la flota pesquera nacional) y al abordaje del primer submarino de las mafias colombianas en las cercanías de Puntarenas y que, ahora, se exhibe en el campus del Comando Sur en uno de los cayos de la Florida, en los Estados Unidos. En aquel entonces, el ministro de Seguridad Pública y el Fiscal General de la República se reunían con mucha frecuencia y a dichas reuniones se invitaba al Director General de la Fuerza Pública y al Jefe del OIJ. Ninguna ley nos obligaba a ello, pero ambas partes, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, entendimos y aceptamos que esa colaboración era necesaria y de esa relación se generó una mejor capacidad operativa policial en el terreno de los hechos y se superó con resultados reales una frontera pragmática difícil de precisar entre los estrictamente preventivo y lo represivo en la función policial.

En ese tiempo, en el gobierno del presidente Oscar Arias, con una visión oficial integral y no solo POLICIAL, desde el Consejo de Seguridad Nacional se enfrentaron los temas de la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad organizada y su principal consecuencia que es la drogadicción de cientos de ciudadanos y jóvenes costarricenses, así como la corrupción en las estructuras económicas, sociales y políticas del país, con la participación de varios ministros de Estado y, como invitados calificados, el Presidente de la Sala III, el Presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y el Fiscal General de la República. Incluso, a veces, participaba la Defensora de los Habitantes. ¿Por qué? Porque esta lucha nacional no solo debe ser responsabilidad del Poder Ejecutivo y no solo compete a la Fuerza Pública y al Ministerio de Seguridad Pública, sino que es INTEGRAL y se debe enfrentar con POLITICAS PUBLICAS DEL ESTADO COSTARRICENSE como un todo o es una batalla perdida en Costa Rica. Esa es la misma tesis que se establece en el proyecto de ley No. 23612.

Estoy seguro que, en el fondo, no existe una diferencia insalvable con los criterios de la Magistrada presidente de la Sala III y el jefe del OIJ y que todos estamos de acuerdo con esta posición de principios. El asunto es de redacción y así debe interpretarse y corregirse en el texto del proyecto de ley que conoce la Comisión de Seguridad y Narcotráfico , para que el principio de que el Estado es Uno, como en efecto lo es, se compatibilice por ley con la necesaria articulación, colaboración y cooperación que debe darse entre los tres Poderes del Estado, sin afectar las atribuciones que por la División de Poderes le corresponden a cada uno de esos Poderes, en función de un objetivo superior como es la seguridad nacional y ciudadana. Ese es el gran punto de fondo.

Pero eso no es suficiente. Ese nuevo SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA nos daría un marco legal y estructural de trabajo coordinado y de mayor efectividad en el campo POLICIAL, pero se requieren otras reformas y acciones paralelas.

Me permito reiterar 10 PROPUESTAS:

1. Ya se consiguió y consiste en sacar a la Fuerza Pública y al OIJ de la Regla Fiscal. Gracias a los Diputados en la Asamblea Legislativa.
2. Falta devolverle al Ministerio de Seguridad Pública y transferirle los fondos que, por ley de la República, le corresponden por el impuesto a cada caja de banano exportada, los casinos y sociedades anónimas, así como los derechos migratorios que, el Ministerio de Hacienda, se niega a transferirle. Esto es, a mi juicio, un peculado institucional con responsables de dicha acción, porque las leyes en un Estado de Derecho se cumplen y los funcionarios que las desacatan cometen un delito penalizado. Fuera de la Regla Fiscal y con estos fondos adicionales, la lucha contra la inseguridad nacional y ciudadana podría ser más efectiva. Además, se debería considerar aumentar por lo menos en un 20% el presupuesto general del Ministerio de Seguridad Pública, visto el nivel de esta crisis y sus repercusiones en el turismo y el desarrollo integral de Costa Rica.
3. Completar, cuanto antes, el excelente plan de escáneres de esta Administración y colocar, además de los dos que ya están funcionando en Moín, los correspondientes al muelle en la zona de JAPDEVA, los de Caldera en el Océano Pacífico y en las fronteras con Nicaragua y Panamá, así como en los dos aeropuertos internacionales, en el Juan Santamaría y en el Daniel Oduber.
4. Capacitar en la Escuela Nacional de Policía y poner en el servicio activo, a por lo menos unos 2.000 efectivos policiales más entre el 2023 y el 2024, como lo ha propuesto el ministro Mario Zamora de Seguridad Pública y, si fuera necesario, impulsar y aprobar un presupuesto extraordinario para este fin.
5. Empezar un programa de cuatro semanas en la Escuela Nacional de Policía para capacitar en asuntos policiales y cívicos a los guardas del Ministerio de Educación Pública que cuidan las más de 4.000 escuelas y colegios en todo el territorio nacional y transformarlos en “agentes auxiliares” de la Fuerza Pública, a los efectos de que estratégicamente colaboren con las respectivas Delegaciones Policiales en asuntos de inteligencia y prevención en esos centros neurálgicos que, trágicamente, las mafias nacionales del narco tráfico quieren y están penetrando. De esa forma, aumentaríamos en el corto plazo y significativamente, la capacidad operativa y de reacción de la Fuerza Pública.
6. Establecer programas de colaboración con las empresas privadas de seguridad que, en el presente y como un lecho objetivo y legal, cuidan los barrios y los edificios de los bancos y las instituciones del Estado, de modo que sin sustituir en absoluto las funciones que, la Constitución Política, le asigna al Estado Costarricense, esos 30.000 guardas privados registrados y entrenados por esas empresas, puedan tener comunicación e intercambio de información con las Delegaciones Policiales y, de esa forma, aumentar la capacidad de respuesta del país frente a la criminalidad organizada a todos los niveles, incluso al nivel de las Policías Municipales en los cantones. Transformar el eslogan de que “la seguridad es responsabilidad de todos” en una propuesta efectiva, flexible y pragmática de trabajo conjunto con el Estado Costarricense.
7. No se puede dejar de lado la cooperación internacional. Como Política de Estado, el Gobierno de la República debería liderar a nivel regional y convencer a los principales actores involucrados ( Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Panamá y quienes quieran incorporarse al proyecto regional, incluso la Unión Europea), para impulsar un programa de cooperación no reembolsable que abarque, más allá de las relaciones existentes de inteligencia policial con las Agencias Especializadas y las Fuerzas de Policía de esos países, una programa especial de cooperación con Costa Rica y Panamá para aumentar la capacidad de nuestro Servicio de Guardacostas y la Sección Aérea. El país necesita más lanchas artilladas y más helicópteros, para dar esta batalla y capacitar a los miembros policiales de esas tripulaciones. Necesitamos, también, más radares y capacidad tecnológica para nuestra Fuerza Pública. No dudo del éxito de una negociación así con el Comando Sur de los Estados Unidos y de la amplia cooperación que se podría obtener de la Unión Europea.
8. La cooperación internacional debe incluir, con carácter de urgencia, el tema fundamental de explosión migratoria por Panamá y Costa Rica, de cientos de miles de venezolanos, ecuatorianos, colombianos, cubanos, haitianos y de países más al sur, en ruta territorial hacia la frontera entre México y los Estados Unidos y que, hoy por hoy, constituyen igualmente una crisis de seguridad nacional y que, amenaza con gran intensidad, la seguridad ciudadana en muchos frentes, por las condiciones de pobreza, salud y marginalidad de esos migrantes. Esto es un tema explosivo de Derechos Humanos Fundamentales.
9. Pero nada, absolutamente nada, se logrará en el mediano y el largo plazo, mientras el presidente Rodrigo Chaves y este Gobierno, no quieran aceptar y entender que las soluciones al grave problema de la inseguridad ciudadana y la crisis de criminalidad por la que atraviesa Costa Rica, hay que atacarla en sus causas y no solo en sus efectos con acciones preventivas y represivas policiales. Están muy bien los esfuerzos que debemos reconocer y aprobar por mejorar la situación fiscal, la recaudación tributaria y pagar la deuda externa. Pero SI no le entramos como país, paralelamente, a la crisis social y la crisis educativa y de OPORTUNIDADES por la que atraviesa nuestro país. Mientras el 40% de los habitantes esté en condiciones de marginalidad y pobreza, hasta el sistema de vida en libertad y democracia está en peligro en Costa Rica y mientras la drogadicción no sea considerada un tema de salud pública y tratada por la CCSS y no solo el IAFA, nuestro país está violentando Derechos Humanos Fundamentales. Se necesitan políticas públicas sociales, educativas y de salud integrales, a la vez que, la PCD y el OIJ, con el respaldo de la Fuerza Pública y las Policías Municipales, por ejemplo, erradican los más de 1000 bunkers de consumo que se estima existen solamente en la ciudad de San José y combaten a las mafias y el crimen organizado en todo el territorio nacional. Esta es la visión correcta para alcanzar grandes resultados en el mediano y largo plazo.
10. Finalmente, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico debe solicitarle al ministro de Justicia que presente un plan integral de SOLUCIONES a otra crisis que no queremos ver y es la explosiva situación en el Sistema Penitenciario Nacional y la amenaza, por demás justificada, de un Juez de Ejecución de la Pena que está solicitando la liberación para enero del 2024 de miles de privados de libertad por el hacinamiento de nuestros Centros Penitenciarios. Si no queremos que alguien, a futuro, nos salga con la tesis populista de derecha de una solución a lo Buckele en El Salvador, en nuestro país hay que hacer una REFORMA PENITENCIARIA y construir instalaciones con parámetros aceptables y obligatorios en la doctrina de los Derechos Humanos de los privados de libertad, como es su educación y capacitación para un oficio por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje y el Sistema Educativo Nacional. Además y como parte esencial de lo que se tiene que hacer en materia de seguridad nacional y ciudadana, la Asamblea Legislativa tendrá que reformar artículos específicos del Código Procesal y el Código Penal para ampliar las medidas cautelares de los detenidos vinculados al trafico de drogas ilegales y reconsiderar los parámetros teóricos con los que, el Instituto Nacional de Criminología, decide recomendar reducir la pena a quienes han delinquido y han sido condenados por narcotráfico y criminalidad organizada. Esta parte de la reforma es responsabilidad y competencia del Ministerio de Justicia.

Los retos son enormes. Las soluciones deben ser integrales, coordinadas y paralelas. Es hora de asumir este reto como la gran prioridad de Costa Rica.