La tercerización de fondos públicos

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto

Esta primera semana de mayo de 2023, se dan algunos acontecimientos importantes conforme al aparato público costarricense: el cambio del Directorio Legislativo el 1ero de mayo en el Congreso y el Informe anual del Presidente de la República el día 2 de mayo, como lo manda la Constitución Política. Ya habrá la posibilidad para referirnos a los temas de esta rendición de cuentas y profundizar como está el “estado de cosas” en la institucionalidad pública y sus acciones y decisiones. El ejercicio del poder es parte de la organización política en una democracia y la prestación de los servicios públicos; siendo el objetivo primordial el bienestar de toda la ciudadanía y las reglas del juego en una convivencia civilizada.

Paralelo a estos dos eventos nacionales, trascendieron varias medidas de parte del gobierno de la República que quizás generaron más ruido como es la finalización del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD) y con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que son organizaciones privadas que al igual que muchas otras sean: asociaciones, fundaciones, cooperativas etc., reciben “fondos públicos” mediante convenios con el Estado; en realidad es parte de lo que se denomina la “tercerización de servicios” que es algo que no es nuevo, sino que tiene años de hacerse, por ejemplo el Instituto Nacional de Aprendizaje opera bajo esa modalidad para fomentar el empleo y apoyar a las Pymes, operando seis Centros de Desarrollo Empresarial.

La Caja Costarricense de Seguro Social mediante convenios con cooperativas, alrededor de 500 mil personas ha recibido la atención de los servicios de salud, tenemos a Coopesiba, Coopesain, Coopesana y Coopesalud, tienen a cargo la organización de 117 Ebáis en comunidades como Pavas, Tibás, Desamparados 2, Escazú, Santa Ana y San Pablo y Barba de Heredia entre otros. Esta modalidad ha sido positiva; pero las instituciones públicas contratantes tienen la posibilidad de revisar sus funciones y eficacia. Es parte de lo que se denomina también “las alianzas público-privadas”, que han dado resultados positivos en la mayoría de los casos. No obstante, existen programas que pareciera se han creado “estructuras paralelas” al Estado, y la consecuencia era que “retornaran al lugar donde pertenecen”, si existen instituciones que pueden realizar esas funciones.

En el caso de Cinde, fue diseñado en el contexto de un programa de atracción de inversiones en la década de los 80s del siglo pasado, y nos acordamos del ilustre ex Vicepresidente de la República Ing. Jorge Manuel Dengo, quien fuera el ministro de Comercio Exterior en la Administración Monge Álvarez 1982-1986, dándole un impulso importante al sector exportador costarricense. Mediante la Ley N° 4081 del 27 de febrero de 1968 se crea Cenpro, “Centro para la promoción de las exportaciones y de las inversiones, cuyo objetivo fue dar el impulso a todas aquellas actividades que tuvieron como fin el fomento de las exportaciones y la promoción de las inversiones, preocupándose fundamentalmente en identificar las oportunidades de inversión tanto industriales como agrícolas, para ponerlas al alcance de los inversionistas nacionales y extranjeros.

La Ley de Cenpro fue derogada por la Ley 7638 de 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica “Procomer”, y en esta Ley de Comex se traslada a Procomer las funciones que tenía Cenpro anteriomente. Por lo tanto la lógica administrativa por ley es que Procomer a través del tiempo se especializara en realizar esas funciones de promoción y atracción de empresas e inversión extranjera. Cinde tiene 40 años y su trabajo se considera extraordinario, es privadas sin fines de lucro y declarada de interés público; pero el Estado le paga el 75% de fondos públicos, y considero que Cinde tenía que ser auto sostenible y generar un mínimo de excedentes financieros para cubrir sus propios costos de funcionamiento. Se dice que recibe fondos privados del 25% para mantenerse; y se nutre de un canon que le cancelan por conseguir nuevas empresas.

Se ha informado que Procomer tiene 27 oficinas en el mundo y Cinde solo tiene una en Nueva York y al aparecer solo se ha concentrado en atraer inversiones de EE.UU. y eso está bien; pero el país necesita diversificarse más profundamente y ser más agresivos en los distintos continentes alrededor del planeta; además es necesario que se instalen más empresa fuera del Gran Área Metropolitana; que sería en las zonas costeñas actualmente muy deprimidas. Tampoco debe ser de por vida que deben mantenerse estos convenios con asociaciones privadas; más si es posible que las funciones puedan hacerlas instituciones públicas creadas por ley para esos propósitos. Incluso existen “las empresas públicas” configuradas como sociedades anónimas con un capital accionario propiedad de los entes públicos, que también pueden realizar una serie de funciones con mayor flexibilidad, ejemplo: Recope, Correos de Costa Rica, entre otras, y anteriormente CODESA, y las de Zonas Francas etc.

En conclusión, considero que la tercerización de servicios con fondos públicos, deben constantemente estar sujetos a control y revisión, y es positivo las alianzas públicas-privadas; pero si existen entes públicos que dentro de sus leyes tienen los objetivos claros; como en este caso la tiene Procomer, la lógica es que como ente público sea quien pueda realizar con eficacia estas funciones de atracción de inversión extranjera; lo mismo se harían con programas educativos, de servicios, si lo pueden hacer el Ministerio o Institución Pública a su cargo, se convierte en innecesario la “duplicidad de funciones” y se pueden capacitar a los funcionarios públicos, se les pague salarios competitivos; y no prestarse para crear estructuras paralelas perpetuas dentro del mismo Estado.

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