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Fernando Berrocal
Nuestros únicos referentes confiables y democráticos, en el vecindario, son Panamá al sur y la República Dominicana en el mar Caribe. De ahí que potenciar, afianzar y profundizar las relaciones políticas, económicas y de cooperación de ese Triángulo Sur, es un buen objetivo de política internacional.
Esto es tan solo un marco de referencia político indispensable de tener en cuenta, en el complejo y alicaído escenario político de nuestra región. El tema de este artículo es la coyuntura nacional y el necesario fortalecimiento de la democracia costarricense y, para ello, la urgente necesidad de hacer reformas estructurales en el Estado y en sus relaciones con el sector privado de nuestra sociedad, como parte del ajuste que requiere nuestro modelo de desarrollo y el Estado Social de Derecho que, durante décadas, nos singularizó y diferenció en América Latina. Eso no significa, ni mucho menos, pensar líricamente que éramos una especie de arcadia en el medio de las Américas. Teníamos y seguimos teniendo, enormes problemas que resolver. Pero sí implica defender la tesis ideológica y política de que existe un “camino costarricense”, singular y diferenciado y que no debemos perder ese rumbo nacional y democrático.
Esa coyuntura nacional, en el fondo, fue siempre el tema medular de la última campaña electoral, aunque en los hechos y en sus resultados, privó y ganó la estrategia publicista de quienes, con audacia e imaginación y en el ámbito estrictamente electoral, sí entendieron que los costarricenses estaban hartos de los escándalos de corrupción, la crisis económica y los limitados ingresos familiares, los efectos negativos de la pandemia sobre el país, las pensiones de lujo y las gollerías en algunos sectores públicos , tanto como la inaceptable desigualdad entre los que tienen mucho y los que están en los límites de la pobreza extrema y sin oportunidades y, entre otras razones de igual o más peso, el gran tema estructural de la ineficiencia y la burocratización del Estado Costarricense. En pocas palabras: la crisis del modelo de desarrollo nacional.
Ese modelo de desarrollo que se diseñó como salida a la crisis económica de hace 40 años, en el gobierno del presidente Luis Alberto Monge, se impuso superar la tesis económica dominante, en ese momento, de la sustitución de importaciones y las barreras proteccionistas a nivel del MCCA, transformando a Costa Rica en una economía mucho más abierta y orientada hacia el comercio exterior, sin los niveles de altísima protección arancelaria existente y que disminuiría progresivamente y en forma controlada por el Estado, estimulando con ello la competitividad en el sector privado productivo y diversificando el tipo y la calidad de nuestros productos agrícolas de exportación, atrayendo inversiones extranjeras directas y transferencia de modernas tecnologías, creando en forma complementaria zonas francas para aprovechar nuestra posición estratégica y que generarían empleo y nos vincularían, activamente, al proceso de acelerada globalización de la economía mundial que se iniciaba.
La diversificación agrícola de exportación se logró y, el punto culminante de esta nueva visión económica y de desarrollo nacional, fue la llegada de INTEL a nuestro país, en el gobierno de José María Figueres, que dio como resultado un fuerte sector de iniciativas privadas en el campo de las nuevas tecnologías.
Pero hubo también graves errores posteriores. Señalo dos fundamentales de los últimos 25 años, paradójicamente contradictorios entre sí:
- El predominio de tesis económicas ortodoxamente neoliberales en los últimos dos gobiernos del PUSC, dos del PLN y dos del PAC y por ahí seguimos en este gobierno del presidente Chaves, particularmente en las políticas del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, concentradas prioritariamente en el absoluto rigor fiscalista, el pago de la inmensa deuda externa y el aumento de los impuestos a los sectores de ingresos medios, sin implementar políticas prioritarias de efectiva reactivación económica y generación de empleo productivo en el sector privado, apoyo a los pequeños y medianos emprendedores y el olvido de las políticas sociales y la lucha contra la pobreza. O sea, una visión diferente del papel del Estado en el desarrollo nacional;
- La irresponsable creación, contradictoriamente, a gusto de los Diputados y sin control alguno, de más de 300 instituciones públicas, el aumento de la burocracia hasta más de 300.000 funcionarios, la introducción de una tramitología excesiva y abusiva en contra de los intereses de los habitantes y paralizante del desarrollo nacional, la atomización del Poder Ejecutivo, la perversión del concepto de autonomía de las instituciones y la creación de un Estado desproporcionado en su tamaño y en su costo presupuestario y sujeto, además, a toda clase de controles que lo convierten en un “elefante incompetente e ineficiente”, en lugar de un actor subsidiario y estratégico para el desarrollo integral del país, como fue la idea original de los años 80.
Estas dos variables nos llevaron directamente a la crisis del país y, como resultado, ese modelo de desarrollo hacia aguas a la altura de la última campaña electoral del 2022 y seguramente desde mucho antes. Tanto que, el tema de esas elecciones fue siempre el CAMBIO y esto lo he dicho y escrito en otras oportunidades con toda franqueza, aunque esa necesidad objetiva no se debatió abiertamente y la campaña electoral se desbocó por los campos de la demagogia, el populismo y los del macho que más gritaba y denunciaba en las redes sociales y en los púlpitos. Así se decidió esa última campaña electoral.
Pero eso es cosa del pasado. El pueblo tomó su decisión en esas elecciones. El punto de fondo, al día de hoy, es que ese tema prioritario y fundamental, sigue siendo el mismo, un año y poquito después de haber asumido el nuevo gobierno: los ajustes y las reformas estructurales al modelo de desarrollo.
El otro tema prioritario en la agenda nacional, explotó en estos meses, aunque era como una enfermedad que venía carcomiento al país desde hacía décadas y es el de la inseguridad nacional y ciudadana. A la par, los casos de corrupción pública y privada, vinculados al ejercicio de los últimos gobiernos. Y en el trasfondo un tema que lo cruza todo y es fundamental: la involución de la educación pública. Ese es el cuadro país al día de hoy y el que tenemos que asumir, cada quien desde sus posiciones e ideas. Esa es la coyuntura nacional.
En un año y poquito de gobierno, solo hemos avanzado en dos leyes importantes, aprobadas con no pocas dificultades en la Asamblea Legislativa. Esas dos leyes son: 1) La que autorizó al Ministerio de Hacienda para colocar cinco mil millones de euros en el mercado internacional, para pagar y sustituir deuda externa cara por otra en mejores condiciones de plazo e intereses; y 2) La Ley contra el Crimen Organizado que había presentado, desde hace su tiempo, el Poder Judicial y que apoyaron la inmensa mayoría de los Diputados.
Pero de SOLUCIONES y reforma estructural del Estado Costarricense y de efectiva reactivación económica e impacto social de trascendencia para Costa Rica, en el campo del empleo, nada fundamental se ha presentado y resuelto. A menos que alguien considere que la ley de jornadas 4-3 significa progreso para nuestro país y no un retroceso, en contra de toda la orientación moderna sobre el concepto del trabajo a nivel mundial y en el siglo XXI.
Sí hay que valorar algunas iniciativas en el MAG para concentrar funciones y mejorar los servicios y alguna que otra más, de aquellas que se pueden hacer por Decreto Ejecutivo, porque la reforma estructural y funcional del Gobierno Central y el régimen de instituciones autónomas, que es lo fundamental, sólo se puede hacer por vía de leyes discutidas y aprobadas por la Asamblea Legislativa, según los procedimientos establecidos o se cae en graves defectos de inconstitucionalidad. En todo lo demás, dicho con transparencia, MIDEPLAN a quien se encargó por una ley reciente asumir el liderazgo de la Reforma del Estado o el Ministerio de la Presidencia, que es el encargado de las relaciones con la Asamblea Legislativa, no han presentado nada de importancia, ni ante el país ni ante los Diputados, en cualquier sentido y con la orientación que sea.
¿Por qué, MIDEPLAN, desde el principio del gobierno y ahora empoderado por la ley de referencia, no ha pedido a todos los titulares de los ministerios y los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, estableciendo un plazo de respuesta, un informe detallado de los trámites a que deben someterse los ciudadanos de a pie para cualquier tema y los empresarios y emprendedores en proyectos de reactivación económica, pidiendo a esas instituciones públicas, además, una propuesta de solución integral y pragmática?. ¿Qué hace y a qué se dedica el Ministerio de la Presidencia que, en teoría, es el responsable de la articulación del Gobierno Central y de las relaciones con la Asamblea Legislativa? Pareciera que están pintados en la pared. ¿O no es así?
Lo que hicieron hace unos días de enseñar como gran cosa el organigrama institucional del Gobierno Central, no significa nada. Es materia conocida, desde hace mucho tiempo por académicos y por cualquiera que se interese de los asuntos públicos. El asunto es cómo resolver el enorme galimatías y el enredo de más de 300 instituciones públicas y cómo hacer funcional y eficiente al Estado, al servicio de los ciudadanos y del desarrollo integral del país.
Por ejemplo y aunque sea difícil de creer, son más de 200 trámites en el sector vivienda y un empresario de la construcción debe empeñarse por dos o tres años en resolverlos, entre el día que tomó su decisión de ir adelante con su proyecto y el momento de comenzar los primeros trabajos de movilización de tierras, en un complejo de multifamiliares, cualquiera sea su costo o el nivel económico de quienes lo habitarán. ¿Cómo puede, en el mundo de hoy, desarrollarse un país enredado a ese nivel y costo por la tramitología pública?
Se requiere una Ley de Silencio Positivo, para ponerle plazos a las decisiones del Estado y que las mismas estén motivadas por actos administrativos lógicos y fundamentados y no por el facilismo de decir “no se puede” que es el recurso burocrático para no asumir responsabilidades, en cientos de ventanillas de atención al público, en donde se paraliza la acción subsidiaria, positiva y necesaria del Estado. Con ese exceso abusivo de permisos en el sector público, se retrasa el desarrollo nacional y la generación de emprendimientos y de trabajo remunerado y, es ahí, lamentablemente, en donde se materializa la corrupción desde las bases del aparato público, por las coimas o por los agentes intermediarios o gavilanes, sin cuya intervención hasta el más mínimo trámite se transforma en un vía crucis de santa paciencia para los usuarios.
Apoyo firmemente la lucha contra la corrupción en los tres Poderes del Estado y en las 84 municipalidades, pero afirmo que No es suficiente denunciarla y hacer un gran escándalo todas las semanas, como el último de la CCSS. No tengo objeciones a ese estilo de gobernar, siempre que se sustente en pruebas objetivas y contundentes, no en el ocultamiento y negación de informes internos en el Ministerio de Hacienda y en las mentiras de su ministro ante la Asamblea legislativa. Eso es una ilegalidad anti democrática. No me gusta, por ello, ni comparto ese estilo de gobernar, pero eso es una opinión personal sin importancia. A muchos otros les encanta y aplauden sin cesar. Eso es vivir en libertad y democracia, aunque no sea esa, a mi juicio, la mejor POLITICA ni el más favorable clima de confianza que se necesita para gobernar en Costa Rica.
Sí afirmo que no se ven por ninguna parte SOLUCIONES a los temas de fondo, ni deseos de dialogar constructiva y patrióticamente con los otros factores de poder político y las organizaciones representativas de nuestra sociedad civil y si no hay SOLUCIONES y sin ese diálogo constructivo y democrático, NO hay forma de gobernar en un país como Costa Rica. Al menos no se ha podido hasta el presente. Todo lo contrario. Esa polarización inducida desde la Casa Presidencial, solo conducirá a la paralización de los espacios de negociación política y democrática, por más qué de réditos transitorios de popularidad, a unos y a otros, porque también “oponerse por oponerse” es una alternativa que puede generar aplausos y futuros réditos políticos y electorales. Ninguna de las dos opciones es el camino costarricense, aunque así sea en el presente.
Esa es la coyuntura nacional actual, empantanada en lo fundamental y sin progresos significativos. ¡Se necesitan SOLUCIONES! y diálogo constructivo, para que existan RESULTADOS y se beneficie integralmente a Costa Rica. O vamos a terminar siendo un país fallido, al peor estilo del entorno regional.
