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🦂 El gran muro de la transparencia

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🛡️ Un blindaje de 31 kilates

Hay escenas en la política nacional que superan cualquier intento de sátira. La Asamblea Legislativa se ha transformado en un fortín impenetrable donde la fiscalización parlamentaria choca de frente contra una muralla de 31 votos. Lo que en teoría debió ser el templo del control político y la rendición de cuentas, terminó convertido en una auténtica «red de cuido» oficialista donde ni el viento pasa sin permiso de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Bajo la hábil conducción del diputado Gonzalo Ramírez —quien ostenta la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y la de Control del Ingreso y el Gasto Públicos—, el oficialismo ha activado una aplanadora implacable. Archivar expedientes de oficio, bloquear citaciones a ministros y sepultar dieciséis mociones de investigación en tiempo récord se ha convertido en la rutina predilecta de la nueva mayoría legislativa.

🚫 Prohibido pedir cuentas en la casa del pueblo

Desde las dudas por deudas millonarias e intromisiones en el INS hasta los cuestionamientos por el decreto de secreto de Estado o las denuncias en los cuerpos policiales, el procedimiento para proteger a los jerarcas del Ejecutivo es siempre el mismo: voto en contra, carpeta archivada y asunto olvidado. Cualquier intento de la oposición por llamar a cuentas a exministros o diplomáticos tropieza de inmediato con el blindaje de la bancada de gobierno.

Resulta irónico que las comisiones diseñadas para vigilar el uso de los fondos públicos y la seguridad del país se utilicen ahora como escudos para evitar que las figuras del poder tengan que dar explicaciones. Mientras las investigaciones sobre las universidades públicas o el Poder Judicial avanzan a paso firme, los expedientes que rozan al Ejecutivo descansan en el fondo del archivo parlamentario.

🏛️ La fiscalización en tiempos de aplanadora

Nadie pide que el plenario legislativo se convierta en un tribunal de linchamiento político. Sin embargo, convertir el control político en un ejercicio de bloqueo sistemático altera el equilibrio democrático. Cuando la mayoría absoluta se utiliza para neutralizar las preguntas incómodas y cerrar las puertas a la transparencia, el mensaje para los ciudadanos es claro: la rendición de cuentas solo aplica para los de afuera.

Si para pedir cuentas a un ministro o investigar el destino de los recursos públicos se requiere superar un muro infranqueable de 31 votos, la duda sobre el papel de la fiscalización parlamentaria es inevitable. En la Costa Rica de hoy, exigir transparencia frente al poder se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el oficialismo siempre tiene la última palabra.

🦂 El Aguijonazo:

¡Qué maravilla de blindaje! Con semejante «red de cuido» de 31 votos archivando investigaciones a diestra y siniestra, en este país va a ser más fácil sacarle una confesión a una piedra que lograr que un jerarca rinda cuentas en la Asamblea Legislativa.

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