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Pablo J. Innecken
En Costa Rica, con casi un 60% de cobertura boscosa y que, según recientes estudios, alberga casi un 6% de la biodiversidad del planeta a pesar de poseer el 0,03% de su superficie, la importancia de las poblaciones indígenas en la preservación de la biodiversidad, es evidente.
Muchas veces obviamos el valor de las cifras, y minimizamos que 476 millones de personas en el mundo son indígenas, tienen presencia en 90 países y forman parte de 5000 grupos humanos diferentes con sus costumbres, arraigos culturales, gastronomía, creencias e idiomas. A pesar de que contribuyen a un cúmulo insustituible de saberes en términos de producción alimentaria sostenible y protección ambiental, un número significativo de estas personas viven en condiciones de pobreza y exclusión.
Hace un tiempo, tuve la oportunidad de estudiar sobre los derechos de los pueblos indígenas con el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas. Allí se analizó la relevancia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 (anteriormente, Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes de 1957), que establece la importancia de la consulta estatal a los pueblos indígenas para conocer su consentimiento libre, previo, e informado.
Gracias a este tipo de instrumentos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), los trabajos del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del ECOSOC, así como, al andamiaje legal internacional aún en elaboración -y con tareas pendientes-, es que en diversas instancias, tales como la Convención de Diversidad Biológica (CDB), se han ido paulatinamente creando espacios donde representantes de los pueblos indígenas y la sociedad civil organizada en general, pueden expresar al concierto de naciones, sus posiciones y realidades, y solicitar legislación específica.
En los temas ambientales, de seguridad alimentaria y de producción agrícola sostenible, los pueblos indígenas deben ser vistos como grandes socios del desarrollo; su vasto conocimiento en el terreno, les permite saber si las medidas multilaterales que se discuten, pueden o no tener asidero de implementación y generar el cambio que se desea. En la CDB los países más ambiciosos, como el nuestro, tenemos la visión de que el ser humano llegue a vivir en armonía con la naturaleza para el 2050. Ello involucra acciones que Costa Rica y más de 100 países en la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC N&P, por sus siglas en inglés) promueven la protección del 30% de la tierra y el océano para el 2030, como medida mínima requerida para frenar la pérdida de biodiversidad. Por ello la Coalición involucra un grupo de trabajo permanente con representantes de pueblos indígenas, del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad (FIIB), para la retroalimentación mutua de acciones y armonizar posiciones y conceptos.
En 2021 la FAO lanzó la Coalición sobre los Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas, que reconoce precisamente el aporte de los pueblos indígenas en su cosmovisión y modos de vida y producción amigables con el ambiente, incluyendo la agricultura familiar, como ejemplo en la transformación y construcción de sistemas alimentarios resilientes y sostenibles. La FAO posee, además, un novedoso centro global o Global-Hub de gestión del conocimiento en sistemas alimentarios que reúne a universidades, centros de investigación y organizaciones de pueblos indígenas para generar evidencias y vincular al mismo nivel, conocimientos científicos y tradicionales, en procura de la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios sostenibles.
Este tipo de espacios, generan la posibilidad de revalorizar en su totalidad el rol de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la concertación de acuerdos internacionales, al reconocer su papel como expertos. De esta manera, contribuyen a innovar la forma de producción agropecuaria y brindan herramientas relevantes para la consecución de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes.
La construcción de capacidades, intercambio de conocimientos y exhibición de casos de éxito, hacen que este tipo de espacios permitan amalgamar y armonizar esfuerzos de conservación y restauración de los ecosistemas naturales, mientras, a la vez, se fortalece la producción agropecuaria sostenible y se brindan espacios a la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, afrodescendientes, agricultores familiares y mujeres productoras rurales, para que sirvan de enlace entre producción y protección, para que así dejen de ser elementos mutuamente excluyentes en las agendas políticas y de desarrollo.
Es clave propiciar acertadamente espacios para la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y formulación de políticas a nivel mundial, regional y nacional, como socios del desarrollo. Con un bagaje además milenario, los pueblos indígenas y las comunidades locales están entre quienes mejor conocen y viven diariamente el significado del desarrollo sostenible.
