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Las «zonas seguras» dan cobertura legal a la limpieza étnica
Nicola Perugini
«Esta evacuación es por su propia seguridad», afirmó el ejército israelí el 13 de octubre [de 2023], cuando ordenó a 1,1 millones de palestinos del norte de Gaza que abandonaran sus hogares. Muchos miles hicieron caso de la advertencia y se dirigieron al sur, sólo para acabar siendo bombardeados por el camino y al llegar allí.
La orden de evacuación masiva fue sólo el comienzo de una serie de anuncios y artificios legales desarrollados por el ejército israelí y su equipo jurídico para organizar la violencia contra la población palestina y envolverla en un relato ofuscador que afirma que están tomando precauciones de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario.
En noviembre, poco después de lanzar la ofensiva terrestre, el ejército israelí designó la principal ruta norte-sur de Gaza, la calle Salah al-Din, como «corredor seguro». Las fuerzas de ocupación publicaron un mapa con la ruta de evacuación, subrayando su «esfuerzo humanitario» para proteger a los civiles.
Sin embargo, desde entonces, la principal vía de Gaza se ha convertido en un corredor del horror en el que los palestinos han sido bombardeados al azar, ejecutados, se les ha hecho desaparecer por la fuerza, torturado y humillado. Mientras tanto, el ejército israelí seguía bombardeando el territorio al sur de Wadi Gaza, que había declarado en repetidas ocasiones «zona segura» en la que los palestinos del norte podían ponerse a salvo.
Cuando el número de muertos en la guerra alcanzó los 15.000 palestinos a finales de noviembre, muchos de los cuales eran civiles asesinados en las «zonas seguras», la administración norteamericano intentó ocultar su apoyo a los ataques indiscriminados de Israel contra civiles con un llamamiento superficial a «ampliar» las denominadas zonas seguras. El ejército israelí respondió introduciendo una nueva «herramienta humanitaria»: el sistema de cuadrícula de evacuación. Publicó en las redes sociales un mapa cuadriculado que dividía la Franja de Gaza en 600 bloques e indicaba qué zonas debían ser «evacuadas» y cuáles eran supuestamente «seguras».
En lugar de poner a disposición de los civiles más zonas seguras, el sistema -desplegado mientras Gaza quedaba incomunicada por el ejército israelí- no hizo sino aumentar el nivel de caos y muerte.
Zonas anteriormente designadas como seguras, como Jan Yunis y Rafah, se han convertido en campos de batalla urbanos. Como consecuencia, Israel ha ordenado a los civiles palestinos de estas zonas que se marchen a nuevas zonas seguras. Pero las zonas a las que el sistema de cuadrículas de evacuación indicó a los palestinos que huyeran fueron inmediatamente atacadas por el ejército israelí.
En diciembre, una investigación del New York Times reveló que en el primer mes y medio de guerra, Israel «utilizó de modo rutinario una de sus bombas más grandes y destructivas en zonas que designaba seguras para los civiles.» Las bombas de 1.000 kilos fabricadas en los Estados Unidos que se lanzaron en zonas seguras «supusieron una amenaza omnipresente para los civiles que buscaban seguridad en todo el sur de Gaza.»
Sin embargo, la administración Biden ha elogiado repetidamente a Israel por sus supuestos «esfuerzos» para proteger a los civiles. Según el Derecho Internacional, tanto los Convenios de Ginebra como los Protocolos Adicionales, las zonas seguras deben quedar reconocidas mediante un acuerdo entre las partes beligerantes. Sin embargo, esto rara vez ocurre en los conflictos, y las zonas seguras -y los instrumentos jurídicos asociados a ellas- pueden convertirse en herramientas para organizar la violencia. La concentración de civiles desarmados en zonas designadas y dibujadas en un mapa como «seguras» puede utilizarse y explotarse por parte de los actores en el campo de batalla para gestionar y dirigir su uso de fuerza letal.
Esto es lo que ocurrió en Bosnia con la tristemente célebre «zona segura» de Srebrenica. La zona la habían establecida las Naciones Unidas en 1993 para proteger a los musulmanes bosnios atacados, pero el desarme de la zona segura la convirtió en presa fácil para las fuerzas serbias. Éstas obstruyeron primero la entrega de ayuda humanitaria a la zona, y luego acorralaron y masacraron a miles de civiles musulmanes.
Las zonas seguras también se convirtieron en mortíferas en Sri Lanka, donde el gobierno estableció por la fuerza «zonas seguras» tamiles en las que mató a miles de civiles, culpando a los Tigres Tamiles de utilizar supuestamente a los refugiados concentrados en las zonas seguras como «escudos humanos.»
Del mismo modo, Israel está dictando unilateralmente en Gaza qué es y dónde se está supuestamente «seguro» en lo que respecta a los civiles palestinos. De este modo, está explotando el discurso de la seguridad y las herramientas legales asociadas a él -advertencias, zonas seguras, corredores seguros, redes de evacuación- como herramienta letal para aplicar una limpieza étnica de las distintas zonas del territorio designadas como «seguras» o «inseguras».
Las zonas o partes de territorios designadas como «seguras» sirven para concentrar a la población desplazada y gestionar mejor tanto las operaciones militares como la matanza de civiles. Como dice un conmovedor titular de Reuters: «Israel ordena a los gazatíes que huyan, y bombardea allá donde los envía».
En otras palabras, al promulgar órdenes de evacuación y despoblar amplias zonas del territorio de Gaza, Israel ha concentrado a la población sometida a una limpieza étnica en zonas cada vez más pequeñas, que luego ha convertido en objetivos poco después de designarlas como «zonas seguras.» Esto demuestra una clara intención de eliminar a los civiles palestinos después de desplazarlos, y puede convertirse en una herramienta para hacer más eficaz el exterminio. En zonas superpobladas como Rafah, con una densidad de población extremadamente alta debido a la afluencia de desplazados del norte y centro de Gaza, un solo ataque puede matar a un gran número de personas a la vez.
Además de servir a un claro propósito militar, este secuestro necropolítico de la obligación humanitaria de emitir advertencias y crear espacios seguros para los civiles también forma parte de la estrategia legal de Israel para defenderse de las acusaciones de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Con la reciente denuncia de genocidio presentada por la República de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia, en la que se acusa a Israel de actos «destinados a provocar la destrucción de una parte substancial del grupo nacional, racial y étnico palestino», el gobierno israelí se ve cada vez más obligado a intentar presentarse como cumplidor del derecho internacional.
Israel siempre ha intentado darle un barniz de legalidad a sus 75 años de limpieza étnica y expropiación. Pero esta vez, la fuerza genocida de la aniquilación que ha desatado ha alcanzado una escala tan sin precedentes -poniendo a 2,3 millones de personas en riesgo real de muerte- que su discurso jurídico en torno a la noción de garantizar la seguridad se ve incapaz de disimular su total desprecio por el hecho de que los habitantes de Gaza son civiles.
Nicola Perugini es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Edimburgo. Coautor de “The Human Rights to Dominate” (Oxford University Press, 2015), es autor de “Morbid Symptoms” (Sharjah Biennial 13, 2017) y “Human Shields. A History of People in the Line of Fire” (University of California Press, 2020). Ha colaborado en medios como Al Jazeera English, London Review of Books, Newsweek, Internazionale, The Nation, The Huffington Post, The Conversation, Just Security, Open Democracy, Counterpunch, The Herald, The National, Jadaliyya, +972 Magazine o e-flux.
Fuente: il manifesto, 12 de enero de 2024
Traducción: Lucas Antón para sinpermso.info
