Cuando el faro ya no alcanza

Claudia Vargas M.
Tania Molina Rojas

Costa Rica ha sido, durante décadas, el faro de la región. No de manera metafórica ni grandilocuente, sino en el sentido más concreto y operativo del término: un Estado que funciona, que tiene instituciones reales, que abolió su ejército en 1948 y construyó, en cambio, un sistema de derechos que sus vecinos tardaron generaciones en alcanzar. Un país al que se llega cuando se huye. Al que se mira cuando el propio país falla. Al que se le pide protección cuando las instituciones, las propias fronteras y las garantías ya no protegen. Ese faro ha orientado a miles de personas nicaragüenses, venezolanas, cubanas y salvadoreñas que llegaron buscando exactamente lo que Costa Rica prometía: que aquí las persecuciones terminan.

Una de nosotras llegó a Costa Rica como refugiada política junto con Roberto Samcam. Para ambos, cruzar la frontera no significaba únicamente encontrar un lugar donde vivir, sino dejar atrás la persecución. El asesinato de Roberto rompió esa certeza: demostró que cruzar una frontera no basta para quedar fuera del alcance de un régimen autoritario y que el refugio, sin protección efectiva, no garantiza seguridad.

Por eso, el asesinato de Roberto Samcam en territorio costarricense no es solo un crimen. Expone los límites actuales de la protección estatal cuando la persecución política atraviesa las fronteras.

Lo que hace a este caso cualitativamente distinto de otros homicidios ocurridos en Costa Rica, y lo que exige nombrarlo con precisión, es su naturaleza política. Roberto Samcam no fue víctima de una disputa entre estructuras criminales ni de un conflicto por el control de mercados ilícitos. No fue una víctima colateral. Fue asesinado por lo que pensaba, por lo que decía y por la oposición política que ejercía públicamente.

Su asesinato se inscribe en un patrón sistemático y escalonado de represión transnacional ejercida por el régimen Ortega-Murillo: campañas de estigmatización y odio; criminalización; desnacionalización; confiscación arbitraria de bienes; vigilancia, amenazas y hostigamiento, hasta alcanzar, en su expresión más extrema, el asesinato político.

Su finalidad es castigar una voz opositora, extender el miedo y la autocensura entre quienes continúan hablando desde el exilio y demostrar que la frontera no necesariamente detiene la capacidad persecutoria de un régimen autoritario.

Roberto había advertido sobre las amenazas que recibía. Eso no fue suficiente para protegerlo. Su asesinato obliga a preguntarnos si Costa Rica cuenta con mecanismos capaces de convertir una advertencia en protección efectiva.

La represión transnacional funciona precisamente porque usa la distancia y la fragmentación jurisdiccional como escudo.

Cuando un régimen autoritario se articula con redes criminales situadas en otro país, se produce una convergencia especialmente peligrosa: el régimen aporta la finalidad política; la estructura criminal, la información, la logística y la capacidad operativa. Cada uno abarata los costos del otro. El primero obtiene intermediarios y distancia respecto del crimen; la segunda, recursos y un nuevo campo de acción. Así, el asesinato político puede presentarse como delincuencia común, la investigación puede detenerse en el ejecutor y la responsabilidad terminar fragmentada entre fronteras, jurisdicciones y eslabones. Esa impunidad por diseño no es un efecto colateral de la estrategia: forma parte de ella.

Desde la criminología, este fenómeno resulta especialmente preocupante. Costa Rica vive hoy una crisis de violencia sin precedentes: el 69 % de sus homicidios están vinculados al crimen organizado, los barrios periféricos son disputados por estructuras criminales transnacionales y la violencia se ha vuelto tan constante, tan cotidiana y ruidosa. En un sistema saturado y desfinanciado, un asesinato con finalidad política puede ser interpretado como una ejecución vinculada con mercados ilícitos. Esa invisibilización no es accidental: resulta funcional para quien ordena el crimen desde un régimen autoritario. En medio de tanto ruido, matar a alguien por lo que piensa y por lo que dice puede confundirse, deliberadamente, con el ruido de fondo.

El caso Samcam marca un antes y un después en Costa Rica. No solo porque un refugiado político fue asesinado en territorio costarricense, sino porque demuestra que la violencia política transnacional puede operar dentro de un Estado democrático aprovechando algunas de sus mayores fortalezas: la apertura, la acogida y la confianza.

Costa Rica tiene una responsabilidad que va más allá de investigar este crimen, aunque esa investigación es indispensable y debe llegar hasta quienes lo ordenaron, no solo hasta quienes lo ejecutaron. Debe demostrar que ser un país de acogida no es solo una declaración de principios, sino una capacidad institucional real: inteligencia que detecte amenazas transnacionales antes de que se conviertan en homicidios; coordinación efectiva con organismos internacionales; protocolos de protección para personas refugiadas en riesgo y voluntad política para reconocer y nombrar la represión transnacional, aunque eso incomode las relaciones diplomáticas con el régimen que la ejerce.

Roberto Samcam llegó a este país porque creyó en ese faro. Esa confianza nos obliga.

Claudia Vargas M. Defensora de Derechos Humanos. Representante del caso Samcam en la búsqueda de Justicia. Viuda de Roberto Samcam.

Tania Molina Rojas. Criminóloga- Escritora.