Fernando Berrocal
El histórico mazazo de don Pepe Figueres en 1948, proscribiendo el Ejército como “institución permanente”, se plasma en el artículo 12 de la Constitución Política que, a la vez, crea “las fuerzas de policía que sean necesarias para la vigilancia y mantenimiento del orden público”.A partir de ahí, hemos ido desarrollando a brincos y a saltos una “doctrina policial costarricense” que es hora de fundamentar y definir en sus contenidos sustantivos que serán siempre civilistas y no militares, pero que a la vez obliga a establecer, legalmente, una estructura policial que, por su propia naturaleza y función, no escapa a principios fundamentales de orden y disciplina, coordinación y eficiencia, profesionalización e inteligencia policial, jerarquías, buenos salarios, delegaciones adecuadas y medios de transporte, uniformes y armamento reglamentario, tecnología y auditorias ciudadanas.
No tenemos Ejército, pero sí debemos tener las mejores, eficientes y más profesionales y coordinadas “fuerzas de policía” que podamos tener, como una obligación ineludible y prioritaria del Estado. Ahí tenemos que trabajar muchísimo, para no terminar siendo un país fallido y amedrentado por la criminalidad organizada y las poderosas y armadas mafias del narcotráfico.
Costa Rica, desde su independencia, apostó por la educación y don Mauro Fernández sentó sus bases conceptuales y programáticas por un siglo, en el gobierno de don Bernardo Soto. Hoy, la pandemia y la revolución tecnológica e informática nos obligan a revisar y ajustar a los nuevos paradigmas el sistema educativo y la visión del Ministerio de Educación.
Igualmente, más de 70 años después, debemos enfrentar la crítica situación de la inseguridad ciudadana y nacional, en la realidad concreta del presente, nuestra ubicación territorial estratégica y hasta por la vigencia de nuestro sistema democrático. Es ese enfoque patriótico o el poder de las mafias del narcotráfico y la delincuencia organizada nos van a doblegar como país.
La Ley General de Policía está obsoleta. Esas “fuerzas de policía” deben ser estructuradas y coordinadas eficientemente, en un Sistema de Seguridad bajo la rectoría del Ministerio de Seguridad Pública y un Consejo de Seguridad, al más alto nivel, para definir, ordenar y evaluar los resultados de políticas públicas integrales de seguridad, articulando y coordinando eficiente y operativamente los esfuerzos de contención, prevención y represión policial.
Hoy esas acciones están dispersas y desarticuladas, por lo que hay que darle coherencia y maximizar los esfuerzos del Estado como un todo, con una visión integral y no solo policial, impulsando paralelamente activas y eficaces políticas preventivas de seguridad social y humana, educativas y de participación ciudadana, en todo el territorio nacional, enfocando correctamente los derechos de las víctimas de la criminalidad y el narcotráfico.
Esa visión dual y de acciones paralelas es el correcto y este es un tema ineludible en esta campaña electoral, frente a una ciudadanía atemorizada por los niveles ciertos de penetración del narcotráfico en la política, en las instituciones públicas, en la economía y en el tejido social costarricense.