Las fuerzas de policía

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

El histórico mazazo de don Pepe Figueres en 1948, proscribiendo el Ejército como “institución permanente”, se plasma en el artículo 12 de la Constitución Política que, a la vez, crea “las fuerzas de policía que sean necesarias para la vigilancia y mantenimiento del orden público”.

A partir de ahí, hemos ido desarrollando a brincos y a saltos una “doctrina policial costarricense” que es hora de fundamentar y definir en sus contenidos sustantivos que serán siempre civilistas y no militares, pero que a la vez obliga a establecer, legalmente, una estructura policial que, por su propia naturaleza y función, no escapa a principios fundamentales de orden y disciplina, coordinación y eficiencia, profesionalización e inteligencia policial, jerarquías, buenos salarios, delegaciones adecuadas y medios de transporte, uniformes y armamento reglamentario, tecnología y auditorias ciudadanas.

No tenemos Ejército, pero sí debemos tener las mejores, eficientes y más profesionales y coordinadas “fuerzas de policía” que podamos tener, como una obligación ineludible y prioritaria del Estado. Ahí tenemos que trabajar muchísimo, para no terminar siendo un país fallido y amedrentado por la criminalidad organizada y las poderosas y armadas mafias del narcotráfico.

Costa Rica, desde su independencia, apostó por la educación y don Mauro Fernández sentó sus bases conceptuales y programáticas por un siglo, en el gobierno de don Bernardo Soto. Hoy, la pandemia y la revolución tecnológica e informática nos obligan a revisar y ajustar a los nuevos paradigmas el sistema educativo y la visión del Ministerio de Educación.

Igualmente, más de 70 años después, debemos enfrentar la crítica situación de la inseguridad ciudadana y nacional, en la realidad concreta del presente, nuestra ubicación territorial estratégica y hasta por la vigencia de nuestro sistema democrático. Es ese enfoque patriótico o el poder de las mafias del narcotráfico y la delincuencia organizada nos van a doblegar como país.

La Ley General de Policía está obsoleta. Esas “fuerzas de policía” deben ser estructuradas y coordinadas eficientemente, en un Sistema de Seguridad bajo la rectoría del Ministerio de Seguridad Pública y un Consejo de Seguridad, al más alto nivel, para definir, ordenar y evaluar los resultados de políticas públicas integrales de seguridad, articulando y coordinando eficiente y operativamente los esfuerzos de contención, prevención y represión policial.

Hoy esas acciones están dispersas y desarticuladas, por lo que hay que darle coherencia y maximizar los esfuerzos del Estado como un todo, con una visión integral y no solo policial, impulsando paralelamente activas y eficaces políticas preventivas de seguridad social y humana, educativas y de participación ciudadana, en todo el territorio nacional, enfocando correctamente los derechos de las víctimas de la criminalidad y el narcotráfico.

Esa visión dual y de acciones paralelas es el correcto y este es un tema ineludible en esta campaña electoral, frente a una ciudadanía atemorizada por los niveles ciertos de penetración del narcotráfico en la política, en las instituciones públicas, en la economía y en el tejido social costarricense.

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