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Por José Solano-Saborío
Dice Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla: “El paralelismo de las formas es lo que hace que el Derecho del Estado Constitucional sea un ordenamiento y no un amontonamiento de normas. Una norma jurídica tiene que ser dictada por un órgano siguiendo un determinado procedimiento y únicamente puede ser modificada o derogada por ese mismo órgano y con el mismo procedimiento. Este principio tiene vigencia en todos los niveles de la producción normativa: estatal, autonómica y municipal, y respecto de todas las categorías: leyes, decretos, órdenes ministeriales, ordenanzas municipales, etcétera…”.
Premisa jurídica constitucional que afecta los proyectos del nuevo gobierno, que pretenden ser muy innovadores o desafiantes pues promueven un remezón del status quo que saque a nuestro poder ejecutivo y, principalmente, al MOPT de la inercia estática y la ineficiencia demostrada por gobiernos anteriores, pero que deben de pasar por una estrategia diferente, pero respetuosa de las reglas de juego.
No se valen las declaraciones del ministro de Obras Públicas y Transportes quejándose de la “excesiva burocracia” que según él resiste al cambio y al trabajo duro.
Lo digo, porque me parece que, responsabiliza a sus subalternos, de manera simplista, por el respeto de los funcionarios y funcionarias a las normas existentes desde la fundación de la Segunda República a mediados del siglo pasado, que son la base de nuestro sólido y solidario Estado Social de Derecho que, contrario a lo que le ha vendido al pueblo la clase política, es lo que nos hizo superar por mucho tiempo a nuestros hermanos centroamericanos, generando un modelo de desarrollo humano y progreso social muy exitosos.
Es por esto, que lo que afirma el ministro y los nuevos jerarcas del Poder Ejecutivo, empezando por el propio presidente Chaves, no puede ser de recibo.
Con esas reglas de las que reniegan, a partir de los años 50’s se hicieron grandes avances sociales e infraestructurales, pasando por lo educativo y cultural, que nos definieron como la democracia más fuerte de América Latina. Se consolida la CCSS y la UCR, se crea el INS, el ICE financiados por la Banca Pública de Desarrollo, se genera la infraestructura de accesibilidad vial y de telecomunicaciones de vanguardia en la época. Se establecen, además, otros hitos como el Sistema de Parques Nacionales y toda la legislación ambiental que nos permite destacar a nivel mundial como líderes en la materia y ser muy eficientes y atractivos para la inversión extranjera directa, por nuestra capacidad energética limpia y una mano de obra educada y saludable.
Desgraciadamente, una oligarquía acostumbrada a manejar el país a placer, no le gustaron ninguno de esos cambios y ha buscado, desde entonces, revertir estos logros del pueblo costarricense y los grandes hombres que, a pesar de sus disimiles banderas políticas, se pusieron de acuerdo para fundar la Costa Rica famosa en el mundo.
Hoy, una nueva élite impulsa, tras bambalinas, un nuevo ataque. Nada nuevo, sus armas y discursos de siempre: privatización y venta de activos del Estado al mejor postor. Pero lo diferente, y que si ha logrado permear en una mayoría de nuestra más enajenable población, es su nueva estrategia de comunicación.
La defensa natural que blinda, por lo menos hasta hoy, a nuestra institucionalidad de esos embates, es la rígida fuerza jurídica base de nuestro Estado Social de Derecho. Sin embargo, el ataque estratégico a esa sólida muralla jurídica, mediante el discurso populista empleado por las fuerzas extremas de la derecha neo conservadora criolla, busca que un pueblo manipulado caiga en el engaño y les abra los portillos para derrumbarla.
Sobre la venta del BCR
La Ley No. 1644 de 1953 – Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, junto a los decretos declarativos de nacionalización de la Banca, por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República, años antes, en 1949, declaran a los Bancos que se establecieron para financiar los grandes hitos ya mencionados.
Dice textualmente, para los efectos de marras, su Artículo 1ero.: “El Sistema Bancario Nacional estará integrado por: 1) El Banco Central de Costa Rica. 2) El Banco Nacional de Costa Rica. 3) El Banco de Costa Rica. (…)”
En estos días, una imberbe asesoría política y legal en Casa Presidencial, fue incapaz de informar al Presidente, de forma correcta, el contenido de su propio Proyecto de Ley para la venta del BCR, que según sus redactores, serviría para paliar la casi impagable deuda interna. Se habla, según expertos economistas, que su venta si acaso cubre, en el mejor escenario, apenas un 2,7% del PIB, para destinarlo al pago de la deuda, pero que “desviste un santo, para medio vestir otro”.
Pero, volviendo al tema jurídico y el Principio de Paralelismo de las Formas con el que abro este soliloquio, es claro que la raíz jurídica del asunto tiene que ver con la demanialidad (activos de dominio público propiedad del Estado) del Banco y de sus activos financieros, jurídicos, muebles e inmuebles. Si esto se une a que esos bienes son protegidos por norma constitucional, se requiere una votación calificada para su desafectación y, coincido con ilustres abogados que señalan que requeriría, eventualmente, hasta una reforma constitucional.
Súmese a esto, lo que claramente señala la Ley General de la Administración Pública en su artículo 11, en concordancia con el artículo también 11 de la Constitución Política, que demarcan el Principio de Legalidad a los funcionarios públicos. No pueden (ni deben) interpretar la ley, más sólo cumplirla taxativamente.
Razones suficientes para no entender cómo la mencionada asesoría en Zapote, o induce a error, o no capacita al presidente y lo expone, innecesariamente, a referirse erróneamente sobre el procedimiento correcto de discusión y, Dios quiera que no, votación requerida para vender una de las más apetecidas “joyas de la abuela”.
Prioridades inexistentes
Mientras tanto, en lo terrenal, en lo que debería ser la prioridad obligada de cualquier gobierno, o no se reacciona o se toman medidas que debilitan la reactivación económica post pandémica, los efectos inflacionarios por eventos exógenos como la guerra en el Báltico, o el conflicto reactivado en el Mar de China por los Estados Unidos con el concurso de Taiwán. O, peor aún, nos quitan la capacidad de generar nuestra seguridad alimentaria básica, y por ende, nuestra soberanía alimentaria, con una “ruta del arroz” y el desmantelamiento sistemático del agro costarricense, que producen renuncias y despidos en un sector de gobierno sin ningún rumbo en sus políticas públicas.
Desolador panorama que requiere de mucho patriotismo para, en el caso del gobierno mostrar señales de enmienda y, para el ciudadano de a pie como yo, el valor para señalar y confrontar las estrategias falaces y populistas para usar a masas enajenadas.
– Analista Político
