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Oscar-René Vargas y Sebastián Chavarría Domínguez
Año 2020: recesión y empleo
Oscar-René Vargas
La caída de la economía entre 2018 y 2020, ha sido asimétrica con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajo ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes.La pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua derivada de la recesión iniciada en abril 2018 se recuperará, aproximadamente, hasta en el año 2030. Será hasta 2031 cuando el producto interno bruto (PIB) per cápita, una medida del ingreso por habitante, regrese a sus niveles observados en 2017, mientras que para el PIB nacional se prevé que pueda alcanzar los niveles previos a 2018 entre el 2025 y 2026.
Será un decenio perdido en términos macroeconómicos y si lo vemos desde el punto de vista per cápita por el tamaño de la población, básicamente puede tomar una década para volver a los niveles de PIB que teníamos previos a la crisis de 2018.
La inversión fija bruta, que es el gasto de las empresas que realizan en la adquisición de maquinarias, equipo y la actividad de la construcción, se ha deteriorado desde el 2018 a la fecha. Este indicador es un termómetro para medir la economía pues representan los gastos de las empresas y es un determinante del crecimiento futuro del PIB, del PIB per cápita y del empleo.
El rezago en la inversión en maquinaria, equipo y en la construcción se debe a que se mantiene una incertidumbre elevada respecto de la recuperación general de la economía, afectada por las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional). La falta de mejora en el gasto de capital entre el 2018 a 2020 refleja el complicado panorama para la recuperación de la economía en el 2021.
Los niveles reducidos en el gasto de capital entre el 2018 y 2020, suponen una barrera elevada para el crecimiento económico en el corto y mediano plazo, por lo que considero que incluso los sectores más dinámicos como la construcción tendrá un crecimiento frágil y desigual con repercusiones negativas en el empleo y en el mejoramiento de los salarios. Sin inversión no hay empleo, pero sin empleo, no hay ingresos para los trabajadores ni ganancias para los empresarios.
La larga recesión y la crisis del coronavirus dejarán cicatrices en el mercado laboral, acompañado de pérdidas permanentes de ingresos. Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en el año 2020. Desde el 2018 las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado al grado de que la masa salarial –el total de sueldos pagados– es menor respecto al nivel anterior a la rebelión de abril 2018.
El cierre y/o quiebra de negocios ha contagiado al resto de la economía. Junto con la menor producción de bienes y servicios y la reducción del empleo formal, bajan los ingresos públicos, se reduce la demanda de todo tipo de bienes y servicios y se pierde parte de las inversiones en locales comerciales, talleres, terrenos, oficinas, empresas y el aumento de la pobreza en miles de familias.
En una sociedad de consumo, como la nuestra, cuando la gente deja de comprar se produce un círculo vicioso. Si las personas no tienen trabajo no demandan bienes y servicios y las empresas que los producen venden menos, despiden personal y generan más cierres de empresas. Esto es lo que hemos vivido entre el 2018 y 2020, con pocas posibilidades de una recuperación en el 2021.
El deterioro del mercado laboral formal se ha recargado en la gente con menores ingresos. Parte de los dueños de empresas que perdieron sus negocios y sus empleados no han encontrado otras opciones productivas para sobrevivir. Desde el 2018, una de las características ha sido la precarización del empleo más que por un aumento desproporcionado en la tasa de desempleo abierto. El gobierno no ha lanzado algún programa de apoyo a los sectores más afectados en el empleo.
Se prevé que pasarán ocho a diez años para que el desempleo baje a niveles de 2017 y que los trabajadores formales que perdieron sus empleos vuelvan a trabajar en el corto plazo. Comprender el comportamiento de estos trabajadores desanimados y otros miembros vulnerables de la fuerza laboral es clave para comprender el posible daño a largo plazo de la recesión actual.
El trabajo informal como amortiguador de la pérdida de empleo puede resultar menos contundente en el marco de la depresión económica que vivimos por el efecto combinado de las cinco crisis(económica, social, política, sanitaria e internacional). En el 2021, la economía no se va a recuperar al ritmo que requiere el país para mitigar la pobreza ni se va a disminuir la desigualdad social.
La crisis barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional, además la pérdida de plazas se ha concentrado en los servicios para el consumo privado (hoteles, restaurantes, turismo y todo tipo de servicios). Por ejemplo, en términos netos, en base a los datos del ingreso en el sector turismo, hay una caída del 73,7 por ciento en 2020 en comparación al 2017.
Una vez que la población no económicamente activa se reincorpore al mercado de trabajo, es más probable que lo haga en la informalidad que en un puesto formal. Es necesario tomar en cuenta que la mayor afectación en el empleo se dio en las actividades de menores ingresos, trabajos eventuales, cuenta propia, mujeres y de la población juvenil.
La industria turística en aún tiene futuro, pese a ser el sector más afectado por la crisis ocasionada por la recesión y la pandemia de Covid-19; sin embargo, llevará varios años retomar el ritmo de crecimiento que tenía antes de la crisis de abril de 2018. El turismo tiene futuro aún y se debe seguir pugnando porque sea una actividad esencial.
La tasa de subutilización de la fuerza laboral continúa creciendo, los salarios permanecen prácticamente congelados desde 2018, la tasa de inflación acumulada durante el período enero 2018-junio 2020 es igual a 11.6 por ciento y no se vislumbra una recuperación económica vigorosa en el 2021.
Todo indica que la política salarial del régimen va a favorecer el congelamiento del salario y si se produce un incremento será limitado. En el 2021, es casi seguro que el salario promedio nacional no alcance el costo de la canasta básica y se deteriore, debido al alza de precio en: la canasta básica, la energía eléctrica, el gas butano, el agua potable, los combustibles, etcétera.
En el 2021, la energía eléctrica tendrá un incremento del precio del kilovatios-hora debido al proceso de recorte de los subsidios que el régimen va aplicar a partir de enero. Por otro lado, el incremento del sobreprecio de los combustibles lo aplican para compensar la caída de las ventas con el objetivo de mantener las ganancias de la empresa distribuidora propiedad de Ortega-Murillo.
En el 2021, la tendencia es que las personas dejen de comprar ropa, zapatos, electrodomésticos, pero la comida no la dejaran de comprar y cuando no puedan comprar toda, compraran menos o sustituyen alimentos caros por otro más barato y, por último, comerán salteados y entraremos en el proceso de una insuficiencia alimentaria ampliada. Igual puede suceder en el pago de los servicios básicos, la gente paga, como puede, el agua y la luz.
La coyuntura económica derivada de las cinco crisis ha propiciado que los índices de pobreza se disparen, poniendo a muchos en la tesitura de tener que decidir qué facturas dejar de pagar para poder vivir con lo mínimo. Llegará un momento en que no podrán pagar, entonces se puede producir protestas en diferentes lugares del país. La oposición tiene que tener en cuenta esa realidad que se avecina y montar campañas de apoyo a las demandas de “los de abajo”.
Durante los últimos tres años (2018-2020) el salario mínimo ha estado congelado. Por esa razón, es posible que los asalariados presenten reivindicaciones en el transcurso del 2021. Hay que estar claro que, para que exista la posibilidad de un crecimiento económico positivo es preciso incrementar la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Hasta la fecha los empresarios en alianza con el régimen han bajado los salarios, contando para ello con el apoyo del sindicalismo progubernamental, el océano de la economía informal, la prohibición de las huelgas, el outsourcing, etcétera. Todos esos factores comprimen los salarios y, en consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso anual. Así próspera la desigualdad social y la pobreza.
Desde la óptica del régimen los huracanes están siendo considerados un alivio económicamente hablando. Anteriormente, ellos no tenían muchas esperanzas de conseguir donaciones y préstamos. Por tanto, ellos piensan que se presenta una nueva coyuntura: al pasar de una proyección de contracción económica en el 2021 (de acuerdo al presupuesto presentado en octubre) a la posibilidad de tener un crecimiento limitado, a nivel macroeconómico; que le puede servir para engatusar al empresariado en general. Sin embargo, a nivel microeconómico, la pobreza, la desigualdad y el descontento social de la población la tendencia es a incrementarse.
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La interminable crisis política de la oposición
Sebastián Chavarría Domínguez
Ya estamos a la puerta del año 2021, y la situación de los grupos lejos de mejorar parece emporar conforme pasan los días. A estas alturas, cuando faltan 11 meses para la realización de las elecciones generales, no existe una clara alternativa electoral que cautive y atraiga a la mayoría de la población.La larga agonía de la Coalición Nacional (CN)
Ante la incapacidad política de los dirigentes de la oposición, algunos resucitaron el fetiche de la “unidad” a cualquier costo, como garantía para una victoria electoral. Y fue así que las organizaciones que surgieron después de la insurrección de abril del 2018, como fue la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y posteriormente la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) renunciaron a postularse como dirección democrática de la nación, y optaron por construir una dificultosa alianza con los viejos partidos políticos, especialmente con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Ante el fracaso político de la “unidad opositora”, algunos sectores de la UNAB, específicamente la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), comenzaron a presionar por la expulsión del PLC, acusándolo de ser cómplice de la dictadura. El giro de la AMS fue muy tarde, porque el PLC había logrado construir alianzas dentro de la CN, dejando prácticamente en minoría a la ACJD y la propia UNAB. Este fue el factor, en ultima instancia, por el cual la ACJD decidió salirse de la CN, porque no podía controlar o influir dentro de ella.
El origen de la crisis de la oposición se debe a que la “unidad” no se construye sobre las propuestas que interesan a la población, como el desempleo y la crisis económica, etc., sino con oscuras negociaciones entre los grupos, cuya meta principal es negociar entre ellos las listas de candidatos para el 2021.
¿Suspensión o expulsión del PLC?
El debate sobre la expulsión del PLC dentro de la CN estaba al rojo vivo cuando se produjo el tuit de Mike Pompeo, amenazando a la familia de Arnoldo Alemán con posibles sanciones, y después se produjo la sorpresiva destitución de María Fernando Flores de Alemán de su condición de diputada del PLC.
Dentro del PLC existen dos corrientes: la arnoldista, que estaba representada en la CN por Maria Fernanda Flores de Alemán y un equipo selecto de arnoldistas, y la otra corriente encabezada por Maria Haydee Osuna, destacada dirigente de la vieja guardia que construyó el PLC, que se mantiene por fuera de la CN.
A Maria Fernanda, a pesar de ser la esposa de Arnoldo Alemán, le aplicaron el transfuguismo. La representación legal del PLC esta en manos de la fracción de Osuna, y esta solicitó su destitución por desobedecer la línea del PLC.
Después de largas discusiones dentro de la CN, la UNAB finalmente propuso la expulsión del PLC, pero la votación refleja quien controla realmente la CN. Igual como ocurrió en el caso de la representación independiente de los grupos juveniles, dentro de la CN la mayoría de organizaciones cerraron filas a favor del PLC. De 8 votos, hubo una votación de 6 a favor de la “suspensión” y solo 2 votos a favor de la expulsión. Estos correspondieron a la UNAB y de la representación juvenil de esta misma organización. Aunque debemos aclarar que, dentro de la UNAB, las posiciones más conciliadoras con el PLC estuvieron representadas por Violeta Granera, vocera oficiosa del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Ante los medios de comunicación, los voceros de la UNAB hablaron de “expulsión” del PLC, cuando lo que ocurrió fue una suspensión. Esto lo hicieron probablemente para calmar o engañar a sus bases.
El comunicado oficial de la Coalición Nacional, con fecha 30 de noviembre, expresó que la decisión fue “(…) Uno: separar y dejar sin efecto a partir de hoy la participación e integración del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de la Coalición Nacional hasta que goce de autoridades con legitimidad democrática y las mismas den prueba evidente de la ruptura de sus lazos con el dictador (….) Dos: Denunciar Nacional e internacionalmente que los Ortega Murillo están asegurando su control del Partido Liberal Constitucionalista para apropiarse de las estructuras electorales que por la actual Ley Electoral le corresponde, a fin de poder organizar un nuevo fraude electoral manipulando la totalidad de los órganos que regirían el proceso electoral previsto para el 2021 (….) Tres: Que la Coalición Nacional se organizó bajo el principio de inclusión y dado que el liberalismo ha contribuido a su fortalecimiento, debe tener espacio para continuar contribuyendo al esfuerzo unitario que la Coalición encabeza, por lo que todos los liberales personalmente u organizados como ellos dispongan pueden continuar participando en las estructuras territoriales y de apoyo de la Coalición Nacional, garantizándoles a las bases y liderazgos democráticos del liberalismo procedimientos efectivos que aseguren su participación e incidencia que les corresponde por su compromiso con la democracia, la libertad y la justicia”.
Efectivamente, la dictadura ha recuperado el control del PLC a través de la corriente de Osuna, pero esto no significa que la corriente de Alemán es realmente opositora. Lo que ocurrido es que el aparato del PLC ha sido atomizado por la dictadura, que negocia y juega con ambas corrientes,
Pero, como se puede observar, la resolución del 30 de noviembre de la CN fue sumamente conciliadora con las dos corrientes del PLC, dejando abierta la puerta para un posible retorno de esa agrupación. Al quedar suspenso el PLC no hay una casilla electoral disponible, solo queda la del minúsculo Partido de la Restauración Democrática (PRD).
Las presiones del departamento de Estado sobre Arnoldo Alemán, preparan el camino para que el conjunto de los grupos de oposición corran en la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Crisis y pugna por el control de la UNAB
Las políticas de alianzas con el PLC han tenido un efecto desmoralizador en las bases de la UNAB. Para desviar las críticas, la cúpula de la UNAB ha manejado un discurso exitista sobre la ampliación del trabajo territorial. Con mucha demagogia mencionan directivas en los 15 departamentos y dos regiones autónomas de la Costa Caribe, pero estas son directivas que han sido creadas en función de las negociaciones de las listas de candidatos, no han sido creadas para organizar y movilizar a la población.
A pesar que la cúpula de la UNAB se resistió a convertirse en un nuevo partido político, actúa en los hechos como tal, aunque el discurso hacia afuera es como una organización de la sociedad civil. Este partido clandestino es controlado por dos corrientes que rompieron con el FSLN; la primera es el MRS que nació en 1994, y la segunda es el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), creado por Herty Lewites y Mónica Baltodano. Esta última dirige la llamada Articulación de Movimientos Sociales (AMS). Estas corrientes establecieron una alianza electoral con la corriente liberal de Eduardo Montealegre para las elecciones del 2006 y 2011, hasta que se produjo el divorcio en 2016.
Con las masacres del 2018 creció nuevamente el sentimiento antisandinista, por ello estas dos corrientes prefieren actuar camuflados desde la sociedad civil, sin enarbolar banderas partidarias. Debido a la ruptura con la corriente que hoy es CxL, ambas corrientes privilegiaron la fallida alianza con el PLC,
Estas dos corrientes, que se aliaron para la elección del Consejo Político (CP) del año 2020, ahora que se acerca la nueva elección del CP en enero del 2021, están en pugna por el control del aparato de la UNAB. Quien controle la mayoría de la UNAB podrá sentarse a negociar la lista de candidatos con CxL.
Nuevas amenazas de Kozak
Mientras se producen rupturas y reacomodos entre los grupos de oposición en una conferencia de prensa telefónica el 16 de diciembre, el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Kozak, volvió a resumir cual es la política de la agonizante administración Trump en relación a Nicaragua: “(…) A medida que se aproximan las elecciones presidenciales del 2021, el margen para que el presidente Ortega y sus partidarios aprueben reformas se va reduciendo. Estados Unidos está dispuesto a integrar… está preparado para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense. (…) Seguiremos empleando estas y otras herramientas con las que contemos hasta que veamos que se promulgue una reforma electoral genuina para permitir elecciones libres y justas, el fin de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos en Nicaragua (…)”.
Toda la política de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) consiste en presionar para obligar a la dictadura a aprobar reformas electorales, pero en el fondo no quieren un derrocamiento revolucionario sino que la propia dictadura inicie una reforma que satisfaga a los empresarios y a los grupos de poder.
¿Reformas unilaterales?
Hasta el momento, la dictadura se niega a implementar reformas, pero esto no significa que no lo hará. Como es su costumbre, el sandinismo espera el momento propicio para negociar en una posición ventajosa. Habiendo resistido las sanciones de la administración Trump, la dictadura aspira a hacer concesiones formales con tal de sobrevivir.
El error estratégico de la oposición ha sido en confiar en las presiones internacional, y descuidar la labor de organización y de lucha política a lo interno. Solo la presión de masas a lo interno puede lograr reformas electorales aceptables, pero ninguno de los grupos de oposición lo ha hecho, ni la ACJD, ni la UNAB, todos se han conformado en negociar entre cúpulas sin haber hecho una labor de masas. Los resultados ahí están, la dictadura está maniobrando y se alista para negociar con los partidos zancudos un remedo de reforma electoral.
https://elsoca.org
Oscar-René Vargas es economista de formación, es un veterano luchador de la resistencia antisomocista en Nicaragua. Participó en la revolución y luego en el gobierno sandinista, manteniendo después una posición de resuelta independencia crítica.
Sebastián Chavarría Domínguez es corresponsal de «El Socialista centroamericano» en Nicaragua.
