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Julio 13, 2023
Liz Castrellón
Camilo Álvarez
El proyecto del presidente Gustavo Petro de alcanzar la paz con los diferentes actores armados ilegales en el país afronta sus mayores retos en un año donde han ocurrido 53 matanzas y 89 líderes sociales fueron asesinados por los grupos criminales.
BOGOTÁ — En una muestra de buscar una salida definitiva al conflicto armado interno de décadas en Colombia, el presidente Gustavo Petro desde que asumió el poder en agosto de 2022 ha insistido en la idea de alcanzar la paz en la nación sudamericana con la política de “Paz Total”, que se convirtió en ley en octubre pasado y le permite asignar presupuesto y adelantar procesos de negociaciones con diferentes grupos armados ilegales para lograr ese fin.
Sin embargo, el cometido de “paz total” ha afrontado un número de retos para lograr el desarme de los actores armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, exguerrilleros que no se acogieron o desertaron del acuerdo de paz de 2016, grupos paramilitares como el Clan del Golfo y bandas criminales que viven de las economías ilícitas.
Para Patricia Pantoja, víctima del accionar armado del ELN en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, el logro de avanzar en un cese el fuego con esa guerrilla es “positivo” puesto que por años han vivido bajo la guerra cruzada de estos grupos que se disputan el territorio.
“Nosotros estábamos esperando un cese al fuego bilateral porque sinceramente nuestro territorio sigue azotado por las balas, nuestra población vive en el miedo total. El municipio de Ricaurte ha sufrido la disputa de estos grupos armados, esto ha generado que no haya desarrollo, solo tenemos estos grupos que viven azotándonos y creando desplazamiento. Ojalá el cese al fuego traiga paz, creo que el proyecto de paz del presidente Petro y en la voluntad del ELN de lograr un acuerdo”, dijo Pantoja a la Voz de América.
Diálogos de paz con el ELN
El ELN es la última guerrilla activa de América Latina. Desde noviembre del año pasado, el gobierno colombiano y el grupo rebelde acordaron la instalación de una mesa de negociaciones de paz, en un primer paso para lograr el desarme de unos 5.580 combatientes.
El mayor avance de las negociaciones con este grupo llegó el pasado 9 de junio, cuando las partes pactaron en La Habana, Cuba, el cese el fuego por 180 días a partir del 3 de agosto.
En los primeros días de julio, el gobierno de Colombia y la guerrilla suspendieron las operaciones ofensivas como una fase previa al cese del fuego bilateral, del que se espera que en los próximos días las partes aprueben los protocolos del mismo que incluyen la evaluación, prórroga o suspensión.
Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, dijo a la VOA que el panorama del conflicto armado en el país es “tan complejo” que en medio siglo de confrontaciones armadas “ningún” gobierno ha podido darle una solución.
“Hoy ya ningún grupo, incluido el ELN, piensa realmente en una toma de poder por la vía de las armas. El problema es tan complejo que ningún gobierno lo ha podido solucionar, ni el gobierno de mano dura de Álvaro Uribe, ni el de la paz total de Gustavo Petro, y es porque fundamentalmente un kilo de cocaína en Colombia puede costar 2.500 dólares en Nueva York, y en Tokio 100.000 dólares. Entonces esos precios en el mercado internacional generan las disputas entre estos grupos”.
Sin embargo, mientras entraba en vigor la orden de congelar las operaciones ofensivas, el ELN se atribuyó ataques a varios comandos del ejército y la policía, y estos hechos de violencia han desatado el rechazo de la opinión pública.
Así lo expresó desde su cuenta de Twitter, Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, el principal partido opositor al gobierno de Petro, quien calificó de “infame” suspender las operaciones militares contra el ELN mientras el grupo continúa con una “arremetida criminal”.
“Infame. Ante la arremetida criminal del ELN, Petro responde con decreto que ordena suspender operaciones militares desde mañana contra los integrantes del ELN que participen del proceso de paz y ordena cese de operaciones formal entre el 3 de agosto y el 29 de enero de 2024”.
INFAME Ante la arremetida criminal del ELN, Petro responde con decreto que ordena suspender operaciones militares desde mañana contra los integrantes del ELN que participen del proceso de paz y ordena cese de operaciones formal entre el 3 de agosto y el 29 de enero de 2024?
— Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) July 6, 2023
Grupos armados ilegales que en el conflicto armado
“Cuando se presenta una descentralización del conflicto y hay muchos grupos armados, todos llegan a disputarse los territorios, las rutas del narcotráfico, generan choques entre estos mismos grupos”, destacó a la VOA Rosanía, sobre la compleja tarea de “lograr” que estos grupos se desmovilicen.
Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), una organización encargada de monitorear la paz y la reconciliación, entre el ELN, los grupos exFARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, bandas criminales y grupos narcotraficantes, unas 17.600 personas integran los grupos armados ilegales en Colombia.
Con estos grupos, el gobierno ha adelantado esfuerzos para encontrar las formas de llegar a acuerdos que permitan romper con décadas de un conflicto armado interno que ha dejado más de nueve millones de víctimas, según la base de datos SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social.
Para la fundación Pares, si bien es cierto que el gobierno “debe atender de forma urgente la crisis de seguridad y violencia” que se presenta en Arauca, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, y en otros territorios en disputa, “señalar una crisis general de seguridad nacional no es acertada”, y que por contrario en el país se ha presentado una de “mejora en la seguridad” en varios de sus departamentos y ciudades.
“Está claro que los errores de diseño, sumados a un exceso de expectativas hacia los actores armados y baja capacidad operativa del gobierno, sí han producido escenarios de violencia multi-actor que son sumamente delicados de manejar, como en el caso de Arauca, o como lo fue en el Bajo Cauca Antioqueño durante el paro minero. Es importante corregir errores de diseño antes de lanzar un nuevo cese al fuego por parte del Estado y concentrarse en la instalación de las mesas posibles de diálogo y negociación, al tiempo que la fuerza pública hace una presencia territorial activa y sostenida en los departamentos de mayor afectación”, analizó la fundación.
Narcotráfico y la fragmentación de los grupos armados
“Lo que estamos viendo es que Colombia lo que tiene son grupos que se fragmentan muy rápido, que se dividen y vuelven y crean alianzas y eso va generando una violencia en la región. Allí los líderes que intentan que las comunidades no queden en medio del conflicto han sido asesinados”, destacó Rosanía a la VOA.
De acuerdo con datos del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del año han sido asesinados 89 líderes sociales, han ocurrido 53 matanzas y 378 firmantes del acuerdo de paz desde 2016 fueron asesinados.
“Ser víctima del conflicto armado es vivir en la zozobra y vivir en la desesperanza psicológica, económica y territorial, porque aquí estamos en la zozobra de estar en una zona de conflicto, por eso el cese al fuego es importante para sentarnos para buscarle solución al problema porque aquí no buscamos culpables sino encontrar soluciones al conflicto”, dijo a la VOA Emery Quiñonez, líder social de Magui Payán, un municipio del litoral pacífico colombiano.
Según la fundación Pares, las confrontaciones armadas no obedecen únicamente al accionar de la fuerza pública contra organizaciones criminales, sino que la disputa armada en los territorios se da entre distintos grupos ilegales que tiene sus propios intereses económicos en las diferentes regiones donde controlan el “narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones”.
Buenaventura, el principal puerto de Colombia, donde arrancó en diciembre del año pasado una mesa de paz para una negociación jurídica entre los “Shottas” y “Espartanos”, las dos bandas criminales que controlan ese territorio, se rompió hace unas semanas por el surgimiento de nuevas disputas entre estos grupos.
“La violencia que se vive muy fuerte en Buenaventura entre los Shottas y los Espartanos es por la disputa del control de la cocaína del puerto de Buenaventura. Estos dos grupos antes estaban conformados en una sola banda que se llamaba La Empresa, se pelearon entre ellos y ahí aparecen estos dos bandos que controlan esta zona marginal que cuenta que un puerto por donde sale en gran parte la cocaína que se produce en el país”, explicó Rosanía a la VOA.
Por último, dice el informe de Pares, que el exceso de “expectativa” del gobierno para llegar a acuerdos con los grupos armados han producido “escenarios de violencia” que han sido difíciles de manejar.
Voz de América
