El Escorpión

Sección de Opinión y Sátira Política en Cambio Político

💼 Ofertas ministeriales a cambio de silencio

El escándalo en torno al diputado Fernando Obaldía acaba de adquirir una dimensión institucional que sobrepasa por mucho los límites de un simple despacho. Según trascendió recientemente en medios nacionales, una de las exasesoras que lo denunció por presunto acoso predatorio amplió su declaración ante el Ministerio Público, revelando un hecho de extrema gravedad: un funcionario ad honorem vinculado al oficialismo la habría contactado para ofrecerle la gestión de un puesto en un ministerio, bajo la condición explícita de retirar la denuncia penal contra el legislador.

La gravedad del asunto no reside únicamente en la propuesta en sí, sino en las ramificaciones que esta insinúa. ¿A nombre de quién hablaba ese intermediario? ¿Cuáles eran los contactos reales para garantizar una plaza ejecutiva a cambio de impunidad? ¿Actuaba por iniciativa propia o como peón de un esquema coordinado en los pasillos del poder? Pretender que este tipo de maniobras se gestionan de forma aislada y sin el guiño de superiores es pecar de una inocencia que la ciudadanía ya no se puede permitir.

🛠️ El arte parlamentario de engavetar expedientes

A este enrarecido panorama se suma el sospechoso ritmo con el que el Directorio Legislativo tramita este tipo de casos cuando afectan a la fracción de gobierno. La actuación previa frente a las denuncias contra el diputado oficialista José Miguel Villalobos constituye un antecedente sumamente revelador. En esa oportunidad, la propuesta para conformar la comisión investigadora permaneció congelada durante cerca de un mes fuera de la agenda del plenario, dejando vencer impunemente los plazos reglamentarios establecidos para proteger a las víctimas de violencia política.

En el caso de Obaldía, aunque la Presidencia del Congreso dio inicio formal al trámite y algunas fracciones de oposición ya designaron a sus representantes en la comisión, el riesgo del “tortuguismo” táctico sigue latente. Existe una diferencia abismal entre la investigación de la Fiscalía y el procedimiento administrativo de la Asamblea Legislativa; utilizar el avance de la vía penal como pretexto para ralentizar las decisiones políticas es una jugada vieja pero efectiva en la burocracia costarricense. La justicia parlamentaria no puede quedar sujeta al cálculo de oportunidad o a la conveniencia de la bancada de gobierno.

🤫 ¿Impunidad negociada en la función pública?

Las denunciantes tienen el derecho inalienable a rendir sus testimonios sin intimidaciones ni chantajes, así como el legislador tiene el derecho de ejercer su defensa dentro del debido proceso. Sin embargo, lo que no puede quedar enterrado bajo el expediente o la tramitología parlamentaria es la pregunta de fondo: ¿se intentó negociar el silencio de una mujer utilizando recursos y puestos del Estado como moneda de cambio?

Exigir transparencia en los plazos y en los procedimientos de la Asamblea no es un capricho partidario; es la única garantía para evitar que las plazas públicas se conviertan en cheques en blanco para comprar impunidad. Investigar estas denuncias ya no consiste solo en determinar lo que ocurrió dentro de un despacho legislativo, sino en destapar y sancionar los mecanismos que se activaron inmediatamente después de que las víctimas decidieron romper el silencio.

🦂 El Aguijonazo

Ofrecer plazas ministeriales para apagar incendios judiciales no es ayuda ni protección: es la degradación del Estado para convertir el empleo público en el bozal de la impunidad.