Innovación y democratización de la gestión pública tarea de los partidos políticos

Rodrigo Rivera

El llamado cabreo de los ciudadanos es una realidad que está definiendo en parte importante el tipo de liderazgo y gobierno por el que se vota. Una de las razones del cabreo podemos encontrarla en la percepción de que existe un distanciamiento entre la Administración Pública y la gente y que la desatención de sus expectativas es una realidad con la que hay que vivir. Se duda seriamente de que la Administración esté contribuyendo de manera decisiva a la construcción de una mejor sociedad.

Los partidos políticos deben ocuparse de esta temática conocida como reforma administrativa, que difiere de la reforma del Estado. La primera es la encargada de solucionar el tema que se resume en el viejo adagio “del dicho al hecho hay mucho trecho” siendo la Administración la encargada de cubrir el trecho. La segunda, trata de las preguntas políticas centrales, cuales son los órganos del estado, cual es la forma de escoger y sustituir a sus titulares, cuales son las competencias o poderes que éstos tienen, cuales son las relaciones entre ellos, los derechos de los ciudadanos y las vías para resarcirlos si son irrespetados. Una parte considerable del cabreo viene de que el trecho no se está recorriendo bien y que en muchos lugares ni siquiera existe un trillo decente por el cual caminar.

Este sentir de que la Administración está de espaldas al pueblo y existe para sí, fundamenta las diferentes narrativas de reducir o desmantelar los aparatos públicos. Ha sido el desempeño de las administraciones y su personal, al igual que los liderazgos encargados de conducirlas, los que han generado en muchos casos las situaciones para que ganen terreno las propuestas anti Estado y de rechazo a su papel e intervención en la sociedad. Para la ciudadanía cada vez es más claro, que el gobierno o ausencia de gobierno en sus sociedades no es solo responsabilidad de los políticos o gobernantes, sino también, de los funcionarios y encargados del Estado.

Las instituciones tienden a hacerse auto-referenciales, deficientes productoras de desarrollo social e indolentes respecto a las necesidades y problemas de la sociedad. En toda parte encontramos los inconvenientes de la burocracia: su excesivo apego al formalismo, la lentitud, su incapacidad de adaptación a nuevas circunstancias y la prioridad que los funcionarios asignan al incremento de su remuneración, pensiones y condiciones de trabajo. La democracia no puede sobrevivir ni puede ofrecer avances en el desarrollo social sin eficientes, eficaces y fuertes servicios públicos en los que participe la Administración pública ya sea en su suministro o supervisión y garantía.

Como una reacción a estos fenómenos y a la necesidad de racionalizar recursos escasos, se acudió a la Nueva Gerencia Pública que pretende orientar la administración pública por los valores y los instrumentos del sector privado. Que en esencia llevó a introducir técnicas de gestión de personal características de la cultura corporativa anglosajona, como la contratación a plazo fijo, las evaluaciones de desempeño, los convenios de gestión con fijación de metas y estándares de calidad respaldados por garantías de cumplimiento, otorgamiento de bonos y premios, la rendición de cuentas y las encuestas de satisfacción de usuarios, entre otras. Parte de esta visión, fue la de proponer pequeñas unidades autónomas y horizontales respecto de la estructura jerárquica y vertical para hacer el funcionamiento más eficaz, manejable, y poder controlar sus costos y el cumplimiento de metas. Esquema de organización ahora en cuestión con la reforma del MOPT, acusado de causar una fragmentación institucional, una dificultad de mando desde la cúpula jerárquica y diluir la responsabilidad frente la ciudadanía.

El modelo de la NGP esencialmente por factores culturales y de prácticas políticas no ha producido los resultados esperados. Tampoco es el culpable del reciente caso de corrupción que ha visto la luz.

Es aquí donde hay tarea para los partidos políticos, los estudiosos y expertos en el tema. Hoy existe un consenso acerca de que se necesita una mejor burocracia, eficiente y eficaz, que responda a las necesidades de la gente sin demoras, con clara responsabilidad, moralidad, equidad y sensibilidad. Hace falta una estrategia de innovación y la democratización del aparato administrativo del Estado.

La innovación consiste en la búsqueda y práctica de nuevos cursos de acción que suelen concretarse en nuevas formas exitosas de hacer las cosas y transformar los resultados deficientes. El identificar y diseminar prácticas exitosas y su adopción flexible.

Campos como el combate a la corrupción con un enfoque preventivo, como el manejo de información estratégica que lleve a alertas tempranas y a la corrección de prácticas de proveeduría o de trámite de pagos inconvenientes por su debilidad frente a desviaciones corruptas, la responsabilidad y proactividad de los funcionarios en los servicios públicos, la simplicidad en el uso y acceso a los trámites y procesos mediante la tecnología, y el establecimiento de estándares de servicio. Campos de acción del gobierno como la educación, la salud, la justicia y la seguridad esperan por nuevas formas de hacer las cosas que lleven a mejores resultados. La promoción de género, la de adultos mayores, emprendedores regionales y otros colectivos desfavorecidos aguarda innovación. En general administraciones más orientadas al ciudadano y a hacerle posible el disfrute pleno de sus derechos.

Otro campo, de indagación, debe ser el precisar qué posibilidades y qué capacidades podría aportar la ciudadanía y su participación al mejor desempeño y rendimiento de las administraciones públicas, a dar guía en asuntos específicos. Se debe avanzar en permitir su participación en la formulación e implementación de políticas públicas. El presupuesto a pesar de sus innegables elementos técnicos es fundamentalmente un proceso político que implica quienes deben pagar y qué deben recibir los ciudadanos.

Sin duda es tarea de los partidos políticos el proponer y avanzar en el establecimiento del derecho de participación ciudadana en la orientación y desempeño de la gestión pública.

– Ex Viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial