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Enrique Gomáriz Moraga
Así está sucediendo con la catástrofe humanitaria que ha provocado la invasión militar de Israel de la franja de Gaza. Tanto el Gobierno español como la oposición están empleando este drama humano para sus propios fines, lanzados como están, ya sin ocultarlo, a la campaña electoral que les embarga.
Como se ha comentado, la causa de que Pedro Sánchez, a sabiendas de que la etapa final de la carrera ciclista podía ser tumultuosa, hiciera unas horas antes declaraciones favorables a los manifestantes, que podían verse como una incitación, lejos de ser una coincidencia o simplemente una torpeza, responde a un cálculo político evidente: movilizar a los votantes y simpatizantes del Gobierno, bastante desmotivados en las últimas semanas. Se busca así repetir el efecto de las elecciones de 2023: impedir que el descontento con el gobierno entre sus simpatizantes se traduzca en un resultado negativo en las urnas.
A su vez, los sectores de oposición que esperan un posicionamiento del Gobierno para plantear justo lo contrario, se han convertido en defensores de Israel, más allá de toda reflexión serena. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, se presentó públicamente con el equipo ciclista de Israel, afirmando que los manifestantes contrarios a su participación en la vuelta eran solo extremistas violentos.
En medio de ese tironeo político, caracterizar apropiadamente la crisis de Gaza es un costoso ejercicio cognitivo para la población. Sobre el cual se vierten un sinfín de ocurrencias. Por ejemplo, el argumento de que lo que realiza Israel no puede ser un genocidio porque eso ya fue lo que hizo Hitler con el pueblo judío, es un sinsentido: como si el hecho de que haya sucedido con un colectivo no pudiera repetirse con otro. Cuando es precisamente algo que nos muestra la historia: los colectivos perseguidos siempre tienen la tentación de convertirse en perseguidores.
En realidad, cabe hacer un ejercicio de cual debería ser la posición de España ante la situación de Gaza si existiera en el país una política de Estado en materia de relaciones exteriores. Sobre la base de las resoluciones de Naciones Unidas, el parámetro básico sería apoyar la solución de la constitución de dos Estados en la zona: el de Israel y el de Palestina. España rechazaría el planteamiento de Hamas de que el Estado de Israel no es legítimo y que se justifica la violencia contra su población. Y a su vez, exigiría de Israel el respeto al establecimiento del Estado de Palestina y, por tanto, la necesidad de impedir el asentamiento de colonos en los territorios ocupados.
Sobre esta base, el acuerdo de Estado en España podría apegarse a los informes y resoluciones de Naciones Unidas, que consideran desproporcionada la respuesta militar de Israel y denuncian acciones que pueden constituir crímenes de guerra. Y sobre el término controversial de genocidio, podría usarse los informes de Naciones Unidas que hablan de una intención de exterminio poblacional. En el último informe de la Comisión Independiente de la ONU se habla de que lo que realiza Israel en Gaza presenta “indicios de genocidio”. En todo caso, si alguna parte del pacto de Estado tuviera dudas de usar ese término, podría encontrarse otro que permitiera una acción conjunta española frente a Israel y en los foros internacionales. Es preferible esa acción de Estado que encasillarse en el uso de un término determinado.
Aplicando esa perspectiva a lo sucedido en la vuelta ciclista, una acción de Estado habría procurado hacer compatible la protesta ciudadana contra la masacre en Gaza y el mantenimiento del desarrollo de la competición hasta su conclusión. Se habría obtenido una decisión conjunta sobre la actitud frente al equipo de Israel, que evitará gestos que pudieran parecer un blanqueo de la acción genocida de Israel en la franja. De igual forma, España podría impulsar una campaña para castigar a Israel en cuanto a su participación en eventos deportivos y culturales (como el de Eurovisión). Pero una acción conjunta sería más efectiva que adoptar decisiones unilaterales, que pueden ser interpretadas como gestos interesados por razones de competencia política y electoral.
Claro, todo esto sobre la base del sueño de que España no tuviera una cultura política de banderías que le impidiera impulsar una política exterior de Estado. Perdón por la ensoñación.
