Costa Rica, entre la nostalgia y la bronca

Enrique Gomáriz Moraga

Desde hace unos años, se acumulan en Costa Rica los datos que muestran el establecimiento de dos visiones de país profundamente diferenciadas, tanto en el campo económico estratégico como en el sociocultural. Dos hechos significativos se han agregado este mes de agosto que reflejan más explícitamente las dimensiones y características de ambas visiones: la concentración/manifestación (que el argot local ha bautizado como plantón) del pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en favor del régimen democrático y el poder judicial, y, sólo una semana más tarde, el cumplimiento de los primeros cien días de gobierno de la presidenta Laura Fernández y la consiguiente aparición de sondeos de opinión sobre la valoración que hace la población al respecto.

De acuerdo con dichos sondeos, el apoyo de la presidenta y su gestión se sitúa por encima del 74% de las personas consultadas, lo que significa una cifra récord en la historia política nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas fueron realizadas después de efectuado el plantón. Las opiniones contrarias apenas superan el 20% (a las que hay que sumar el tradicional 5% que no sabe o no contesta). Esa sería una buena referencia de las dimensiones de cada una de las visiones encontradas sobre la Costa Rica actual.

Sin embargo, ello no disminuye la significación política del plantón del 6 de agosto. Mas bien identifica su naturaleza. Se trata una demostración activa y exitosa de un segmento ciudadano, en buena medida reflejo de la unidad de acción de las fuerzas opositoras al gobierno, que, sin embargo, es claramente minoritaria respecto de la opinión del conjunto de la ciudadanía del país profundo. Una vez más se demuestra que la capacidad de movilización de las minorías dista apreciablemente de representar la percepción ciudadana mayoritaria. Un fenómeno frecuente a nivel mundial.

No obstante, esa oposición minoritaria está dotada de una argamasa sociocultural no menos robusta que la que representa el proyecto refundacionista de la presidenta Fernández. En realidad, lo que hoy une a la representante neoliberal del partido socialcristiano con la representación izquierdista del Frente Amplio y la fracción socialdemócrata de Liberación Nacional es, sobre todo, la defensa de las tradiciones políticas de la democracia costarricense del pasado, claramente exitoso a nivel continental.

Frente a esa percepción nacional se ha levantado un proyecto de cambio del país con argumentos no menos contundentes. Según su relato, se trata de sacar a Costa Rica del entrabamiento que supone la no puesta en marcha de las reformas estructurales planteadas por distintos actores desde fines del siglo pasado. Y para hacerlo no ha resultado posible avanzando por la via del -siempre sobrevalorado- consenso tico tradicional, implementado a través de las élites, sino mediante una ruptura de la tradición política, fielmente representada por la victoria desafiante del outsider Rodrigo Chaves al inicio de 2022. Las características políticas y personales del presidente Chaves agudizaron los rasgos ásperos de esa ruptura, que, además del irrespeto por las tradiciones políticas nacionales, mostró una inclinación a llevar adelante su programa contra viento y marea, incluyendo comportamientos calificados de autoritarios. Sin embargo, no consiguió los reacomodos constitucionales y sistémicos para seguir en la presidencia y tuvo que proyectar la ruptura mediante una de sus colaboradoras más destacadas, la entonces ministra de planificación, Laura Fernández.

La rotunda victoria de Fernández en febrero de este año mostró con claridad el apoyo del país profundo al proyecto rupturista de Chaves, quien se apuntaló con la asunción de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda en el nuevo gobierno. Importa subrayar que, como muestran los sondeos, el apoyo popular a Chaves refiere tanto a su propuesta de cambio estructural como a su estilo confrontativo.

Al cumplirse los primeros cien días de la nueva presidenta, parecen resolverse dos incógnitas importantes planteadas al inicio de su mandato. La primera, si Fernández lograría conjugar el carácter continuista de su gobierno con la necesidad de mostrar un perfil propio como gobernante. Tras una semana agotadora de exposición mediática, existen pocas dudas de que ha conseguido los frutos deseados al respecto. La diferencia de estilos comunicacionales respecto de su antecesor no ha disminuido la imagen de firmeza de la nueva presidenta.

Sin embargo, en el plano doctrinal mas profundo, existe una modificación sensible no resuelta todavía. En su discurso de victoria electoral, Laura Fernández dejó claro que esa victoria rotunda significaba el acceso de Costa Rica a su III República. “Este es el final de la Segunda República”, afirmó exultante. Y agregó que se trataba de “un cambio profundo e irreversible”. “¡Hoy nace la Tercera República!” exclamó.

Resulta significativo que este planteamiento haya estado ausente en la celebración de estos primero cien días de gobierno. ¿significa ello que la presidenta y su gobierno han abandonado esta formulación clara de su proyecto refundacionista? Es difícil saberlo. Podría suponer un efectivo abandono de esa propuesta doctrinal, ante la firme resistencia de la oposición, lo cual reduce un tanto su ambición estratégica. Pero también podría suponer un cambio táctico, en el sentido de no asustar con esa formulación atrevida, para ir produciendo un cambio sustantivo en el terreno más práctico de la gestión institucional y financiera, algo que, por ejemplo, tendría consonancia con el pacto fiscal que propone su ministro de Hacienda.

En todo caso, y pese a que el cruce argumental no siempre lo facilite, hoy es posible identificar el núcleo duro de cada una de las dos sensibilidades políticas. De parte del oficialismo, el argumento es que lo que se busca es llevar a la práctica los cambios estratégicos postergados, que sacarían a Costa Rica del anquilosamiento producido por un pacto entorpecedor entre las élites privilegiadas. Su argumento es que ese cambio es resistido por quienes gozan de esos privilegios sistémicos y quienes sienten una profunda nostalgia de la Costa Rica exitosa del pasado (la Suiza centroamericana) que hoy ya no existe. Para romper esa resistencia se hace necesario una ruptura de los modos tradicionales de actuar en política, algo que es obligadamente confrontativo.

De parte de la oposición, si bien no hay convergencia acerca de los cambios necesarios, si existe consenso acerca de que las formas del proyecto rupturista (y en particular las del expresidente Chaves) muestran una tendencia no solo al irrespeto por las tradiciones políticas ticas, sino que reflejan la esencia de un proyecto autoritario que busca imponer su percepción de las reformas y constituir un sistema político eliminando pesos y contrapesos.

El ámbito de la seguridad es donde esa controversia se extrema. Una legislación garantista se asocia bien con un poder judicial celoso de autonomía funcional, para rechazar cualquier intento de control institucional. El argumento rupturista y social consiste en mostrar la diferencia histórica entre aprensiones policiales y sentencias condenatorias. Ese funcionamiento era soportable cuando Costa Rica combatía un nivel contenido de violencia común y presentaba los niveles más bajos de homicidios en la región. Pero, con la llegada invasiva del crimen organizado y el aumento rampante de la tasa de homicidios, la población reclama una contundente respuesta que no encuentra tampoco en el poder judicial. Pero la tendencia del proyecto rupturista a enfrentar con acritud los obstáculos hace que pueda hablarse de un choque de trenes en los poderes ejecutivo y judicial. La judicatura no acepta someterse a la planificación institucional por resultados y el proyecto rupturista no respeta el aura de intocabilidad que asiste al poder judicial.

Paralelamente, el poder ejecutivo implementa modelos de contingencia respecto de la alta peligrosidad, al estilo del modelo Bukele, como es el caso de la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), que restringirá condiciones carcelarias (comunicaciones, visitas, etc.) de los privados de libertad así tipificados. Cuando la oposición alude a la lesión de los derechos humanos de estos reclusos, el gobierno asegura que esta protegiendo los derechos humanos de la población costarricense violados sistemáticamente por el crimen organizado.

El enfrentamiento en este ámbito ha llevado a ambas partes elevar la polarización política a condiciones extremas. El poder judicial ha dado muestras de querer mandatar a la Asamblea legislativa y la respuesta de la presidencia ha consistido en condenar lo que ha calificado de “golpe de Estado” institucional. Los riesgos de mantenerse en esa polarización extrema son evidentes, comenzando por el rédito que obtiene de esa situación el propio crimen organizado. Sin embargo, las posiciones de fondo -también socioculturales- de los dos proyectos enfrentados son difícilmente negociables. Tendrán que caminar por el filo de la navaja si quieren sostener la contundencia de sus posiciones, sin mantener al país bajo la tensión de la polarización extrema. Lo que no es previsible, al menos a corto plazo, es un regreso a las formas de consenso que han caracterizado a la Costa Rica pretérita.