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Enero 22, 2024
Gonzalo Bañez Villar
La Corte Suprema de Justicia de Argentina tiene en su mano el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Javier Milei en sus primeros días de gobierno. ¿Qué puede pasar con la megareforma que se propone hacer el nuevo presidente? La VOA conversó con expertos y este es su análisis.
BUENOS AIRES — La Justicia argentina no le viene dando buenas noticias al presidente de la nación, Javier Milei, en el inicio de su gobierno al haber frenado algunas de las megareformas del Estado que el mandatario pretende imponer a través de un amplio decreto de necesidad y urgencia (DNU), muy resistido también por diversos sectores de la sociedad.
Distintos tribunales judiciales ya han frenado algunas de las reformas incluidas en el DNU, como aquellas que apuntan a introducir grandes cambios en materia laboral, la desregulación de la cuota de las empresas de medicina prepaga, modificaciones en el Instituto de Yerba Mate y aquel referido a la derogación del régimen de sociedades del Estado, la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
Los fallos que más impacto político tuvieron contra el gobierno los ha dictado la Cámara Nacional del Trabajo al hacer lugar a pedidos de la Confederación General del Trabajo (CGT), por un lado, y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), por el otro. Estas definiciones judiciales se produjeron durante el receso de verano, por lo que una sala de feria fue la encargada de frenar algunas de las reformas incluidas en el DNU de Milei.
Frente a esta situación, el gobierno nacional apeló los fallos ante la Corte Suprema de Justicia, el órgano más importante. Por lo tanto, hasta que el alto tribunal resuelva, la reforma sigue suspendida.
Más allá del apuro del propio presidente Javier Milei, quien en la cadena nacional donde anunció la aplicación del DNU aseguró que lo firmaba a los pocos días de iniciar su gestión para “comenzar formalmente el camino de la reconstrucción”, la Corte Suprema de Justicia ya dijo que recién a partir de febrero próximo -esto es, al finalizar la feria judicial de enero- comenzará a analizar los reclamos.
El debate sobre la inconstitucionalidad
“El Decreto para mí es constitucional, la Corte Suprema exige en sus precedentes dos adjetivos para que lo sea: primero, la existencia de circunstancias excepcionales que requieran tomar medidas de forma urgente y que no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de leyes”, aseguró a la Voz de América el abogado de Milei, el letrado Francisco Oneto, defendiendo las medidas de reforma anunciadas por el presidente.
Luego, Oneto agregó: “Entonces, por un lado, hubo un rezago de la política-económica del Gobierno anterior que dejó una inflación del 1 % por día y para frenarlo hay que tomar medidas en conjunto y lo segundo con lo que lleva debatir la norma ya hizo su efecto la inflación y devastó el poder adquisitivo de los argentinos”.
Distinta es la mirada que tienen algunos constitucionalistas, como por ejemplo Andrés Gil Domínguez, quien además es uno de los promotores de un amparo contra el DNU. En diálogo con la VOA, el abogado consideró que las reformas son inconstitucionales porque “no cumple con los requisitos de habilitación, que es que exista una circunstancia excepcional y no pueda funcionar el Congreso Nacional”.
Además, dijo que si el propio Milei envió un proyecto de ley al Congreso Nacional demuestra que “puede funcionar” sumado a que el actual gobierno conocía la situación económica que heredaba de la anterior gestión. “No era algo que no conocía”, remató el constitucionalista Gil Domínguez.
Por su parte, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien dirige el cuerpo de abogados del Estado argentino, aseguró ante la VOA que lo más viable para destrabar la discusión sobre el DNU es “el camino de la política”, esto es a través del Congreso de la Nación cuyo debate está en pleno curso.
No obstante, estimó las posibilidades que puede haber en el ámbito judicial: “Hay que tener paciencia porque la Corte no habilita la feria judicial de verano, ya lo ha dicho, así que hay que esperar que empiece febrero”, remató.
Qué caminos puede tomar el DNU
El DNU hoy está vigente, a excepción de las reformas laborales que frenó la Justicia. Pero con algunos fallos también han dado señales en contra en otras materias: pausaron aumentos aislados de distintas empresas de medicina prepaga que a sus usuarios en diciembre les comunicaron subas del 40 % de los precios y ya en el orden de entre el 20 % y 30 % para febrero.
Fueron fallos que impactaron en casos concretos, pero todavía está pendiente de resolución una causa donde se pretende frenar los aumentos de todas las empresas, un “amparo colectivo” que representaría un duro golpe para el Gobierno nacional, sin mencionar a las compañías.
Los amparos contra varios puntos del DNU están presentados en distintos tribunales, pero por las apelaciones y por el sistema judicial argentino, de una forma u otra todos llegarán a la Corte Suprema, tal cual lo hizo el capítulo de las reformas laborales.
Desde la Justicia y del equipo de abogados del Estado, tal como hizo el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, el mensaje que se busca dar es que “la política” puede tener la solución para destrabar las pujas en torno de las reformas, más precisamente el Congreso de la Nación. La cuestión está en conocer si el Congreso se expedirá sobre la constitucionalidad del DNU antes que la Corte Suprema. Sería un gesto político más que legal, entienden los expertos.
No obstante, para el constitucionalista Gil Domínguez de haber incluso una aprobación del DNU en el Congreso Nacional, igualmente la Corte Suprema podría invalidarlo. “Si la Justicia puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes también puede mucho más aún declarar la invalidez de un DNU por más que haya sido ratificado por los legisladores”, razonó el letrado. La fecha a la que apunta, entonces, es febrero, cuando el máximo tribunal vuelva a reunirse después del receso de verano.
En sentido contrario, Oneto, abogado de Milei, le aseguró a la VOA que “ante una aprobación del Congreso del DNU, la Corte no podría meterse y tendría que decir que estamos ante una cuestión política y no judicial”. Estas miradas opuestas entre especialistas son las que se repiten en distintas esferas de la sociedad argentina.
“Imaginemos que el Congreso Nacional lo valida y la Corte no, habría una coalición de poderes, una invasión de uno sobre otro”, consideró el abogado Oneto, para luego ir má allá: “Desde mi punto de vista personal si la Corte se expide al respecto de estos planteos para mí rozarían el mal desempeño, porque están definiendo en abstracto sin ningún caso concreto sobre el cual resolver”.
Otra mala noticia que recibió el Gobierno en la última semana tiene que ver con su estrategia judicial. Un juez decidió que cada reclamo contra el DNU sea analizado por separado en el juzgado donde se presente y no que todo sea reclamado en uno sólo. Esto obliga al Gobierno a tener que desplegar su estrategia ante múltiples jueces y no ante uno sólo.
La definición judicial del DNU, en caso de que no se destrabe políticamente, sin lugar a dudas será por parte de la Corte Suprema de Justicia ya que no sólo tiene casos sobre los que se debe pronunciar en cuanto a la validez del mismo, sino que también es el camino obligado en el que llegarán otros por apelación de algunas de las partes. Todo parece indicar que queda por delante un largo camino con miradas bien opuestas.
Voz de América
